En el marco del 55ª periodo del Consejo de Derechos Humanos (CDH), el 19 y 20 de marzo tuvieron lugar las actualizaciones orales de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) y de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (MII). Ambas declaraciones coincidieron en el agravamiento de la situación de derechos humanos y solicitaron a la comunidad internacional continuar con la labor de monitoreo y protección de la población venezolana en el contexto de las venideras elecciones.
El 19 de marzo, la Alta Comisionada Adjunta Nada Al-Nashif rechazó la suspensión del trabajo de la OACNUDH y la expulsión de su equipo en el terreno señalando que son “medidas incompatibles con los términos de la Carta de Entendimiento acordada entre el Gobierno y [su] Oficina”. Tanto en su declaración, como en el diálogo con el CDH, expresó su deseo de reanudar la cooperación al servicio de la población venezolana “y en estricto cumplimiento del mandato de la Oficina”. En este sentido, reiteró que el organismo mantendrá “el monitoreo de la situación de derechos como ordenó el Consejo”, apoyándose en el trabajo de todos los actores relevantes con que interactúa.
Merece destacarse el mensaje de la OACNUDH en contra de la expulsión y de un eventual retorno condicionado de su equipo, especialmente en medio de unas negociaciones con el gobierno que se mantienen en secreto y sin fecha de culminación. La OACNUDH aclaró que no cruzará la línea roja de eludir el mandato otorgado por el CDH, incluso desde afuera. Estas declaraciones fueron seguidas de al menos 11 países del CDH que pidieron el regreso de la presencia en el terreno y/o la reanudación de la cooperación con la oficina. Asimismo, el discurso de la Alta Comisionada adjunta y el respaldo que recibió del CDH abre un compromiso de garantizar funciones de monitoreo y protección aun de manera remota y, en cabeza del Alto Comisionado, de presentar ante el CDH un informe pendiente que “incluya una valoración detallada de la aplicación de las recomendaciones formuladas en los informes anteriores del Consejo”, tal como lo ordena su resolución 51/29.
El 20 de marzo, la presidenta de la MII, Marta Valiñas sostuvo que Venezuela se encuentra en una “fase de reactivación de la modalidad más violenta de represión por parte de las autoridades”, en la cual la “Misión observa una repetición de los mismos patrones de violación de derechos humanos contra personas opositoras o percibidas como tales que incluye a personas defensoras de los derechos humanos (…)”. También manifestó que las violaciones documentadas en los últimos meses contra diferentes actores implican un deterioro del espacio cívico y democrático rechazando, al igual que hiciera la OACNUDH, el proyecto de “Ley de Fiscalización” y las detenciones contra Javier Tarazona y Rocío San Miguel. Como nota de contraste, mientras que la OACNUDH pidió retomar la agenda de Bardados para garantizar elecciones presidenciales libres y mejorar el espacio cívico, la MII recordó que la Sala de Apelaciones de la CPI confirmó la autorización para la reanudación de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela y que la amplia mayoría de crímenes documentados en sus informes anteriores permanecen en impunidad.
Llama la atención que durante ambos diálogos interactivos los representantes del CDH resaltaron conjuntamente los trabajos de la MII y de la OACNUDH. En el diálogo con la Alta Comisionada Adjunta, delegaciones no sólo pidieron el regreso de la OACNUDH sino el ingreso al territorio de la MII; en el diálogo con la MII, varios países pidieron el ingreso a la Misión, así como reestablecer la cooperación con la OACNUDH. Incluso hubo países como Argentina, Ecuador y Paraguay que manifestaron en sus declaraciones el carácter complementario de la OACNUDH y la MIDH, lo cual pone en evidencia la necesidad de extender el mandato de ambos mecanismos.
Como de costumbre, Venezuela utilizó el espacio del CDH para descalificar a la OACNUDH y más duramente a la MII, dedicándole otro comunicado de prensa. Esa desacreditación sostenida al multilateralismo mantiene un correlato a nivel interno con respecto al tratamiento que reciben los venezolanos: a pocas horas de terminar el diálogo con la MII se supo de la detención arbitraria de dos miembros más del equipo de María Corina Machado. La candidata de la oposición a las elecciones presidenciales participó en línea en el diálogo interactivo con la Misión y pidió el respaldo de la comunidad internacional para allanar la vía electoral en el país, por lo que los recientes hechos podrían calificar como represalias por cooperar con la ONU.
Según un video publicado en la red social X, agentes de seguridad del Estado ingresaron a la fuerza en una camioneta a los activistas del partido Vente Venezuela Henry Alviarez y Dignora Hernández, minutos antes de que se escucharan voces clamando por “auxilio”. Al poco tiempo, el fiscal general Tarek William Saab -señalado nuevamente por la MII como agente represivo del gobierno- informó que dichos ciudadanos se encontraban detenidos y expresó en tono desafiante “a ver qué dirán esas ONG’s pagadas por el USAID, y si son desapariciones forzadas”. La represión electoral en Venezuela sigue en escalada y es cada vez más descarnada.
AlertaVenezuela llama a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos en el escrutinio y denuncia de la represión política contra el espacio cívico y democrático en Venezuela, y exhorta a que se adopten medidas coordinadas al más alto nivel para exigir el cumplimiento de los acuerdos de Barbados y facilitar mecanismos de protección a personas que enfrenten situaciones de riesgo inminente.