Maduro ignora los llamados de la comunidad internacional y profundiza la crisis
El escenario venezolano, a la luz de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, no hace sino agravarse. Ante la sorpresiva “desaparición” de los múltiples registros del voto, que no han sido mostrados por el Consejo Nacional Electoral, tanto los manuales como los electrónicos, las maniobras que buscan darle legitimidad a las cifras presentadas por el Consejo Nacional Electoral, dando a Maduro como ganador, sin sustento alguno y en abierta contradicción con los soportes manuales en poder de los partidos políticos de la oposición, se hacen cada vez más desesperadas.
En nuestra entrega anterior señalamos el carácter írrito e ilegal de la pretensión de que sea el Tribunal Supremo, obediente al ejecutivo, quien determine la validez de las cifras que supuestamente sustentarían la victoria de Maduro, el presidente candidato. Como se recordará, el complejo proceso de negociaciones que buscaban otorgar garantías mínimas al proceso electoral incluyó el compromiso de permitir la realización de una observación electoral cabal, que registrase el desarrollo del proceso sobre la base de criterios internacionalmente aceptados para la celebración de elecciones libres y justas. El compromiso, sin embargo, fue más allá, y determinó que serían invitados a ejercer tal rol, entre otros, el Panel de observadores electorales de las Naciones Unidas, el Centro Carter y la Unión Europea.
Maduro, a través del Consejo Nacional Electoral, generó impasses con la Unión Europea y, de manera unilateral, le retiró la invitación que ya había sido cursada para participar en la elección. Sin embargo, tanto el Centro Carter como el Panel de expertos electorales, que se mantuvieron como observadores, han señalado gruesas irregularidades, como “Los anuncios de resultados consistieron en comunicaciones orales sin respaldo infográfico. El CNE no publicó, y todavía no ha publicado, ningún resultado (o resultados desglosados por mesa de votación), para respaldar sus anuncios orales como se prevé en el marco legal para las elecciones». (ONU)
Ahora, el Tribunal Supremo anuncia que ha admitido la solicitud de Maduro de “verificar” los resultados electorales, y ha llamado para ello un grupo de “peritos” cuya identidad, méritos profesionales y certificaciones se desconoce, para realizar el citado proceso de verificación. Con el supuesto trabajo ya avanzado, hay informaciones que señalan que estos expertos formalmente anónimos con parte de un ente que participó en la observación electoral y que es abiertamente militante de la causa oficialista. Es difícil hallar una explicación al hecho de que no se invitara a tan delicada labor a las organizaciones cuya trayectoria y confiabilidad en materia electoral son incuestionables, como en el caso del Centro Carter y el Panel de expertos electorales de las Naciones Unidas. A diferencia de este subterfugio autoritario, el Congreso Nacional de Colombia ha cursado invitación al Centro Carter para que dé cuenta de su informe públicamente, lo que representa una vía de incidencia a la que se pueden sumar las democracias del mundo.
Así, todo apunta a que los resultados verificables de la elección sigan ocultos, a pesar de que hay evidencia electrónica y manual de los mismos. Se pretende entonces que el Tribunal Supremo “sustituya” al árbitro electoral y “clausure” la discusión sobre los reales resultados, bajo amenaza de represión a todo aquél que no obedezca la imposición del gobierno de Maduro.
La situación se agrava aún más cuando Maduro decide, antes que promover mecanismos para aliviar las tensiones políticas generadas por la inaudita situación electoral, acomete una serie de acciones que abiertamente restringen el espacio cívico. Por una parte, la Asamblea Nacional -en su momento elegida violando la constitución, y controlada inequívocamente por el oficialismo- aprobó una ley que impone un cúmulo de condiciones y obstáculos a la existencia de las Organizaciones No Gubernamentales, muchos de ellos insalvables, lo que implica la muerte de la sociedad civil independiente en Venezuela. Esto, en el marco de una gestión pública que hace aguas en materia de salud, de dotación de agua potable, de carencia de cifras oficiales y que, en medio de una inflación escandalosa, deja al ciudadano en estado de indefensión, y son las ONG las que, sin pretender sustituir el estado, cumplen un rol fundamental como factores que supervisan, proponen, ejercen como voceros de necesidades humanas.
En segundo término, el presidente candidato Maduro ha decidido limitar el uso de determinadas plataformas de RRSS, especialmente aquellas que permiten difundir la nueva ola de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, y para ello ha emitido el decreto 4.975, que crea un Consejo Nacional de Ciberseguridad, para “la prevención de los usos delictivos de las tecnologías de comunicación e información…”. Así, ha anunciado que limitará el uso de aplicaciones como Whatsapp y X. Ya la administración pública venezolana ha recibido órdenes expresas de desinstalar Whatsapp y advertencias de no almacenar ni difundir contenidos que puedan estar asociados a la oposición. En paralelo, crece el numero de denuncias publicadas anónimamente por terceros desde el exterior que informan de la razzia en dependencias del Estado, o de ciudadanos víctima de la “operación tún tún”, con el mensaje implícito de que en cualquier momento las fuerzas policiales o paramilitares pueden tocar la puerta y detener sin formalidad alguna a un ciudadano. En este marco, por otra parte, aumentan los niveles de la autocensura.
De esta manera, a la grave situación ocasionada con la arbitrariedad manifiesta del Consejo Nacional Electoral, la respuesta del régimen es una arremetida contra el espacio ciudadano, por vía de detenciones forzosas generalizadas, desaparición de líderes políticos y de ciudadanos comunes y, adicionalmente, por vía de la sanción de leyes restrictivas e inconstitucionales. Por ello, ante esta grave coyuntura, la comunidad internacional tiene un enorme reto ante sí, apoyar todos los esfuerzos para que el gobierno de Venezuela respete los derechos humanos de la ciudadanía y que prevalezca el elemento central de toda democracia: el voto.