En un nuevo episodio de reacomodo de fuerzas dentro del poder, el fiscal general impuesto por el gobierno, Tarek William Saab, ha confirmado la detención en los últimos días de 570 fiscales por actuar en contra de la ley, incluyendo a jueces en los estados Bolívar y Nueva Esparta, bajo acusaciones de «trama de corrupción» y «conductas indecorosas».
Como muestra, desde el 7 de septiembre, al menos 14 fiscales —entre ellos el fiscal superior del estado Carabobo, Miguel José Durán Trejo— fueron aprehendidos por supuestamente integrar una trama de extorsión a ciudadanos con causas abiertas, a quienes exigían sumas de dinero a cambio de favores procesales, según informó el Ministerio Público. El fiscal Saab presentó la operación como “ejemplarizante y trascendental contra elementos degradados del sistema de justicia”.
También fue arrestado el fiscal 67 nacional, Farik Karin Mora Salcedo, sancionado por Reino Unido en junio de 2020, la Unión Europea en noviembre del mismo año, y Canadá en enero de 2025, por sus violaciones de derechos humanos. Habiendo transcurrido más de 5 años desde que fue sancionado por primera vez, su reciente captura no tiene que ver con tales medidas de presión, sino con razones internas. En la misma línea, el juez de terrorismo Ángel Gabriel Betancourt Martínez estaría detenido en el Sebin, lo que obligó a suspender audiencias como la del defensor de derechos humanos de Provea, Eduardo Torres.
Este movimiento ha generado una reacción pública y ha sido interpretado por analistas y exfuncionarios en el exilio como una señal de la «caída en desgracia» del propio Tarek William Saab. Según el exfiscal Zair Mundaray, el fiscal general del régimen podría estar “perdiendo el favor de los altos mandos”, un antecedente que marcaría el inicio de una nueva fase de control y disciplina dentro de las instituciones del Estado. Este patrón de criminalización de los propios funcionarios cuando ya no son útiles o se convierten en un riesgo ha sido una constante en la historia política reciente de Venezuela, como los escándalos de corrupción en PDVSA, de los que resultó afectado Tarek el Aissami.
El relato oficial se centra en la lucha contra la corrupción, sin embargo, la opacidad en los procesos judiciales y las declaraciones de funcionarios que carecen de credibilidad y garantías de independencia generan dudas sobre las verdaderas motivaciones. Las detenciones se dan en un contexto de tensiones internas y sin debido proceso, lo que refuerza su carácter arbitrario e indiscriminado, y por fines distintos a los declarados.
Cualquiera que sea la explicación de la situación, es evidente que el sistema de justicia en Venezuela, lejos de ser independiente, opera como una herramienta del poder para castigar incluso a los que no forman parte del círculo íntimo de la cúpula. El régimen, en medio de su creciente aislamiento, sanciones, fuertes presiones de los EE.UU. y denuncias por parte de la comunidad internacional, no tolera fugas de poder ni la existencia de centros de control que no le respondan directamente. De esta manera, el sistema judicial se convierte en un mecanismo de depuración interna, donde pareciera que la acusación de corrupción es el pretexto utilizado para deshacerse de elementos indeseados y reemplazarlo por otros más fieles, lo cual, en un contexto de eliminación de cualquier espacio plural y autónomo dentro de la sociedad venezolana, podría arrojar luz sobre la lógica de transformación al totalitarismo político.
El sistema judicial venezolano, por tanto, no es confiable y está complemente resquebrajado. Desde hace tiempo que las decisiones no se toman con base en la ley, sino para complacer a cierto grupo en el poder, y una vez que los operadores han dejado de ser funcionales a dicho grupo, pasan a ser víctimas del propio monstruo que han alimentado, como el caso del verdugo Farik Mora. El poder judicial, en lugar de ser un contrapeso, se ha convertido en el brazo ejecutor de la represión. Las purgas periódicas sirven para recordar a los funcionarios restantes que su permanencia en el cargo depende de su obediencia incondicional, expandiendo el miedo y eliminando cualquier atisbo de independencia.
La principal víctima de la ausencia de un verdadero sistema de justicia, y en general de instituciones democráticas basadas en el estado derecho, es la propia población civil venezolana, que viene padeciendo violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos, y en varios casos, crímenes de lesa humanidad, especialmente quienes sean calificados como “disidentes”. Miles de personas todavía son perseguidas por su deseo de cambio y por exigir sus derechos humanos tras el fraude electoral de 2024, pero son reprimidos por los mismos grupos de poder que se disputan el control total del país.
Ante este panorama, es imperativo que la comunidad internacional replantee su estrategia de respuesta ante la emergencia humanitaria compleja que sufre Venezuela. El sistema de justicia local ha demostrado no estar dispuesto a servir a sus fines institucionales y legítimos, sino a objetivos espurios de distinta naturaleza. Por lo tanto, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional debe decidir de una vez si tiene sentido seguir insistiendo en una presencia de su oficina en el país cuando la evidencia cada día crece para la apertura de un caso y la formulación de las imputaciones correspondientes. La falta de instituciones democráticas y las continuas purgas internas son una prueba más de que la justicia venezolana no existe y de que el régimen no tiene la voluntad de cooperar genuinamente.