La introducción del más reciente informe de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (MII) presenta una frase tan contundente como espeluznante: “La Misión considera que la represión desatada a partir del 29 de julio de 2024 es una continuación exacerbada del plan de aniquilamiento de personas opositoras o percibidas como tales, que se ha traducido en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y de crímenes internacionales, constituyendo el crimen de lesa humanidad de persecución por razones políticas”. A lo largo de 172 páginas, la MII documenta esta afirmación con patrones y casos emblemáticos en las áreas de detención arbitraria, privación arbitraria de la vida, desaparición forzada, tortura y violencia sexual y de género. El informe dedica una sección a la situación de niños, niñas y adolescentes y otra al espacio cívico.
Este nuevo informe de la MII se centra en el análisis de la situación de los derechos humanos en Venezuela en el marco de la elección presidencial del 28 de julio de 2024 y la represión que tuvo lugar meses antes y después del evento electoral que culminó en un fraude comprobado por observadores internacionales independientes. La MII también dedica unos párrafos a lo que califica como “cambios relevantes en la cúpula militar”, lo que brinda un contexto sobre las adaptaciones de la represión, en los meses previos y posteriores a la elección. Estos cambios no son hechos aislados ni fortuitos y facilitan identificar responsabilidades en la cadena de mando con respecto a los crímenes de lesa humanidad documentados en el informe.
Este extenso informe presta especial atención al papel de los colectivos armados y anuncia un informe adicional sobre la Guardia Nacional Bolivariana. Además, hay que destacar que, para su elaboración, la FFM realizó 237 entrevistas y analizó 364 piezas documentales, mientras, por momentos, llegó a contar tan solo con una persona de apoyo para su labor. Así, la Misión recuerda que “De 11 puestos asignados, la misión contó con ocho, siendo que solamente tres permanecieron durante todo el año investigativo. Por ejemplo: de los cinco puestos de investigadores asignados, la Misión contó con solamente dos y, por algunos meses, solo uno”. Se trata de una labor titánica con un mínimo apoyo.
Al igual que en años anteriores, la Misión cumplió con los compromisos derivados del mandato que le otorgó el Consejo de Derechos Humanos en su resolución 57/36 de 2024. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de los compromisos asumidos por el Mismo Consejo
La MII cumplió su mandato, pero no los estados a los que el Consejo había pedido proporcionar de manera oportuna los recursos necesarios para realizar sus tareas. Sin duda, la ONU atraviesa una seria crisis financiera derivada de las decisiones tomadas por el gobierno de los EE.UU., que ha llevado a una reducción general del 35% en la mayoría de las operaciones del organismo multilateral, pero 1 o 3 de 11 puestos, dista mucho de ese 35%.
En el diálogo interactivo del 22 de septiembre, muchos estados volvieron a hacer referencia al tema de los extranjeros detenidos, entre ellos la Unión Europea, Chile, España, Portugal, Japón, Perú y República Checa, mientras Argentina leyó una declaración en nombre de varios países entre los que no estuvo Colombia, pese a ser el país que tiene más nacionales detenidos arbitrariamente, muchos de ellos incomunicados.
Algunas voces se levantaron para expresar su apoyo al trabajo de la Misión y exigir la cooperación de Venezuela, pero ese apoyo debe reflejarse en hechos. Como bien advirtió el experto Francisco Cox, “Ante el sometimiento de la justicia al ejecutivo, la única esperanza de encontrar justicia para las víctimas en Venezuela reposa sobre las instancias internacionales”. Es hora de que esos mismos estados exijan unos mínimos operativos y financieros para que la MII pueda continuar con su labor clave de documentación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela para facilitar la rendición de cuentas a futuro.