La crisis política y social de Venezuela ha entrado en una fase de máxima tensión. El régimen totalitario de Nicolás Maduro, que usurpó el poder al cometer un gigantesco fraude electoral en julio de 2024, ha incrementado desde entonces la represión contra la sociedad civil a niveles insólitos. No solo se ha perseguido y encarcelado a líderes políticos y sociales, periodistas y defensores de derechos humanos, sino también a ciudadanos comunes cuyo único “delito” fue cumplir con el deber cívico de actuar como testigos en las mesas electorales.
En medio de esta situación, Estados Unidos ha anunciado el despliegue de una flota en el Caribe, con el argumento de reforzar la lucha contra el narcotráfico. Este movimiento, que incrementa la tensión regional, ha sido utilizado por el régimen de Maduro para reforzar su narrativa de asedio y justificar la adopción de nuevas medidas autoritarias.
El 29 de septiembre de 2025, Maduro promulgó un Decreto de Estado de Conmoción Exterior, que le otorga poderes extraordinarios en materia de seguridad y defensa. Aunque Maduro ya gobierna de manera arbitraria, al margen de la Constitución, persiguiendo a opositores, torturando disidentes, ilegalizando partidos y manteniéndose fraudulentamente en el poder, con este decreto busca vestir de “legitimidad” sus prácticas represivas. Más que una necesidad real, se trata de una herramienta para contener cualquier intento de reorganización de las fuerzas internas, brutalmente reprimidas en los últimos meses, y neutralizar posibles brotes de resistencia. Con la creación de “Áreas de defensa integral” las posibilidades de coartar los derechos de asociación, de reunión y de expresión a un nivel superior al que existe en la actualidad se incrementan notablemente, al igual que derechos intangibles como la vida, la integridad y el debido proceso.
Los estados de excepción, en tanto restringen de manera temporal y parcial derechos ciudadanos, son en sí mismos problemáticos. Están pensados como una defensa excepcional de gobiernos democráticos, respetuosos del marco legal. No es el caso de Nicolás Maduro, quien mantuvo al país cerca de 10 años bajo un decreto de emergencia económica que no sólo acentuó la emergencia humanitaria, sino que le sirvió de excusa para recrudecer la persecución contra la población civil e incrementar la impunidad de las fuerzas de seguridad En ese momento, el gobierno totalitario además incumplió su deber de notificación al Secretario General de la ONU, como ordena el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dando forma a lo que luego se afianzó como una política de aislamiento y rechazo al escrutinio internacional de derechos humanos.
Es significativo que, frente a esta crisis, la respuesta del régimen no sea política sino militar. En lugar de abrir espacios de diálogo o explorar fórmulas de consenso, Maduro apuesta por ampliar sus poderes para consolidar la arbitrariedad. El régimen se presenta atrincherado en el uso de la fuerza, sin ninguna disposición a considerar alternativas democráticas. El hecho de que, en los últimos días, Maduro haya comenzado a aparecer nuevamente vestido de uniforme militar —un atuendo que no le corresponde— subraya su decisión de afianzar una narrativa de fuerza, brutalidad y guerra.
Este giro militarista no solo busca intimidar a la población y someterla a eventuales lógicas guerreristas y de chantaje sino también enviar un mensaje de control absoluto frente a la comunidad internacional. Sin embargo, lo que revela es la profunda debilidad de un régimen que necesita recurrir al miedo y a la represión para sostenerse, pero que parece estar dispuesto a llevar el conflicto político hasta las últimas consecuencias
En este contexto, la responsabilidad de la comunidad internacional es ineludible. Venezuela vive bajo un régimen de excepcionalidad continuada desde hace años, al carecer de instituciones democráticas y estado de derecho, y que con el paso del tiempo ha cerrado los caminos democráticos utilizando el aparato militar y represivo para perpetuarse en el poder. Maduro recurre una vez más al argumento de la soberanía y la tesis del enemigo para atacar a su propia población y reprimir a sus adversarios. El uso de esta narrativa en el contexto de un nuevo despliegue militar aumenta los riesgos de incrementar la lista de víctimas en Venezuela, pero esta vez desde un régimen más intransigente. Es urgente una respuesta firme, coordinada y sostenida de los actores democráticos en el mundo, para denunciar la arbitrariedad, acompañar a la sociedad civil venezolana y reforzar las presiones diplomáticas que conduzcan a una salida pacífica y democrática basada en el respeto de los derechos humanos.