El 19 de noviembre se dio a conocer una entrevista que realizó la agencia de noticias Bloomberg a la canciller de Colombia Rosa Villavicencio.
La entrevista no tiene una sola frase que sea sostenible desde la perspectiva de los derechos humanos. Tan insostenibles son las afirmaciones de la entrevista desde un enfoque de derecho internacional y de derechos humanos, que la Cancillería se vio en la necesidad de emitir un comunicado en el que afirmó que lo publicado “no corresponde a lo expresado por la canciller” y que se trataba de “información descontextualizada”, a lo que Bloomberg respondió publicando el audio completo de la entrevista, lo que no deja espacio para dudas, pues no hubo manipulación ni edición de las afirmaciones de la canciller. El análisis que sigue no se basa en el texto publicado en inglés sino en el audio original en español publicado posteriormente por Bloomberg. Veamos…
El reportero preguntó: “Si hubiera un plan que diera garantías a Maduro de una transición sin él en el poder, ¿usted cree que el presidente (sic) Maduro debería considerarlo?” A lo que la Canciller respondió “Sí, yo creo que de hecho lo ha considerado, que puede haber una salida, una transición donde él pueda irse sin que tenga que pasar a lo mejor por la cárcel y que venga alguien que pueda hacer esa transición y que pueda haber unas elecciones que estén legitimadas, con un proceso transparente, sería lo más sano. Lo que nosotros decimos y lo que se le está proponiendo. Creo que Maduro estaría por aceptar.” En este punto el periodista la interrumpió, para confirmar lo dicho (imposible que haya sido sacado de contexto, cuando se buscó ratificar lo dicho). “¿Estaría por aceptarlo?” le preguntó el reportero y Villavicencio reiteró “Yo creo que aceptaría ese planteamiento”.
Lo primero que llama la atención es la reacción de la canciller a un escenario de “transición sin él [Maduro] en el poder”. El problema no es que Maduro lo haya considerado o no, sino que un país como Colombia se plantee ese escenario de la manera en que lo hizo la canciller, sugiriendo “que venga alguien que pueda hacer esa transición”. ¿Quién sería ese alguien en abstracto? ¿Un seguidor de Maduro? ¿Un pseudo opositor de los que cuenta con el beneplácito del gobierno de facto? Venezuela no necesita un “alguien” en abstracto cuando ya la población se manifestó de manera masiva y contundente en la elección presidencial del 28 de julio de 2024.
Un segundo elemento que alarma es la insistencia de Colombia, ahora por boca de su canciller, en proponer “unas elecciones que estén legitimadas, con un proceso transparente”. Imposible imaginar que los adjetivos usados por la canciller fueron “descontextualizados” por Bloomberg. Sus palabras están grabadas. Cabe preguntares ¿qué parte de la elección presidencial de julio de 2024 no fue legítima? La única ausencia de transparencia en ese proceso comicial provino del Consejo Nacional Electoral, que proclamó como ganador a un candidato sin haber hecho públicos hasta esta fecha los resultados de la elección. La falta de transparencia se apuntaló con la sistemática persecución contra los testigos electorales y voluntarios de la campaña de Edmundo González, muchos de quienes permanecen hasta hoy presos, en la clandestinidad, en el exilio, desaparecidos o asesinados en impunidad. Una nueva elección, según Villavicencio, “sería lo más sano”. ¿Lo más sano para quién? No tiene nada se sano repetir una elección en condiciones de absoluta desventaja para una población que le apostó todo a una salida democrática y que hoy encuentra toda su estructura de verificación electoral destruida y perseguida.
En tercer término, preocupa que la canciller asome la posibilidad de un acuerdo con Maduro “donde él pueda irse sin que tenga que pasar a lo mejor por la cárcel”. Ninguna autoridad de otro país tiene el derecho ni las facultades para ofrecer impunidad a una persona señalada por la violación masiva de derechos humanos, la participación en crímenes de lesa humanidad y el robo de una elección presidencial. Es inadmisible que el país que se ufana de contar con el sistema más completo de justicia transicional del planeta pretenda sugerir para su vecino la vía de la impunidad.
Por último, Villavicencio afirmó que una intervención extranjera “podría desencadenar una crisis humanitaria que sería muy difícil de gestionar”. De esta manera, se pretende seguir imputando la responsabilidad de la crisis migratoria venezolana a factores externos, como las sanciones y ahora una posible intervención. Lo primero que hay que aclarar al respecto es que Venezuela está intervenida por agentes extranjeros desde hace décadas. Chávez le abrió las puertas a los organismos de inteligencia de Cuba e Irán, que permanecen hasta el presente en el país. Chávez primero y ahora Maduro, se pelearon con el imperialismo yanki, pero solo para sustituirlo por el imperialismo chino y ruso, a los que se le han entregado importantes riquezas del país. Los casi ocho millones de venezolanos en el exterior buscan protección internacional por la persecución política y por una emergencia humanitaria que obedece a políticas deliberadas, no a una situación catastrófica ajena a la voluntad de quienes detentan el poder.
En el comunicado que busca aclarar lo dicho por Villavicencio, la cancillería afirma que “El gobierno de Colombia respeta el derecho internacional y no tiene injerencia en los asuntos internos de los demás países y respeta la soberanía del hermano país de Venezuela”. La mediación no es injerencia. Es una práctica diplomática muy valiosa para facilitar la solución pacífica de los conflictos y debe ser bienvenida, especialmente cuando hay otros factores internacionales que promueven soluciones con la amenaza de la fuerza. Sin embargo, cuando la mediación pretende hacerse al margen de los principios internacionales de respeto a los derechos humanos y a la voluntad del pueblo soberano, se convierte en injerencia. Ninguna mediación puede realizarse a espaldas de las aspiraciones de justicia de un pueblo perseguido y oprimido. Así debe entenderlo toda la comunidad internacional democrática.