Este comunicado fue publicado por la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JVE-Vzla) el 1 de diciembre de 2025 en su cuenta de X, @JEPvzla. Por su relevancia para comprender el estado de la Situación Venezuela I (comisión de crímenes de lesa humanidad) y su impacto en el marco de la Asamblea de Estados Parte de la CPI, es reproducido por AlertaVenezuela.
La decisión anunciada por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de cerrar su oficina de asistencia técnica en Venezuela constituye un hecho de profunda relevancia para la defensa de los derechos humanos y para el escrutinio internacional sobre la grave crisis de justicia que atraviesa el país. Este cierre no representa un retroceso en la investigación por crímenes de lesa humanidad; por el contrario, confirma con mayor claridad la falta de voluntad del Estado venezolano para asumir los compromisos mínimos necesarios destinados a superar la impunidad estructural que impera en el país.
Cuando la Fiscalía de la CPI inició formalmente la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, ambas partes suscribieron un Memorando de Entendimiento que contemplaba, entre otros puntos, la instalación de una oficina técnica en territorio venezolano. Su objetivo era acompañar y asesorar al Estado en la adopción de reformas esenciales para fortalecer el sistema de justicia y permitirle avanzar hacia procesos auténticos, independientes y eficaces contra quienes hubieran participado en graves violaciones de derechos humanos.
Desde la sociedad civil advertimos en reiteradas oportunidades que dichos propósitos difícilmente podrían cumplirse. El Estado venezolano no solo enfrenta severas deficiencias institucionales, sino que muchas de sus máximas autoridades están señaladas como partícipes o responsables directos en los hechos investigados. Pretender que estas mismas instituciones impulsaran reformas genuinas para garantizar verdad, justicia y reparación resultaba, desde un inicio, incompatible con la realidad del país.
Tras años de recomendaciones de la Fiscalía y de compromisos formalmente asumidos pero sistemáticamente incumplidos por parte del Estado, el cierre de la oficina técnica confirma lo que las organizaciones de derechos humanos han denunciado de manera persistente: las autoridades venezolanas no tienen la voluntad política de avanzar en la reinstitucionalización del sistema de justicia, ni están dispuestas a cumplir con estándares internacionales de independencia, imparcialidad y rendición de cuentas. Esta decisión deja al descubierto, una vez más, el incumplimiento reiterado de obligaciones internacionales por parte del Estado y la permanencia de un patrón de impunidad incompatible con el derecho internacional.
Es fundamental recordar que esta oficina nunca tuvo competencia para investigar o procesar a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Su mandato era estrictamente de cooperación técnica. La investigación formal ha permanecido, desde su inicio, en manos de la Fiscalía de la CPI, que ahora ratifica que solo a través de su intervención puede garantizarse algún avance real, dada la ausencia de mecanismos internos efectivos.
El cierre de esta oficina envía un mensaje claro y contundente a la comunidad internacional: en Venezuela no existe un entorno institucional adecuado para llevar a cabo investigaciones genuinas sobre crímenes de lesa humanidad. También reafirma que la investigación y las actuaciones de la CPI continúan avanzando porque no hay otra instancia capaz de ofrecer justicia a las víctimas.
Las organizaciones de derechos humanos seguiremos acompañando a las víctimas, documentando violaciones y exigiendo que se cumpla el deber de investigar, sancionar y reparar. Hoy, más que nunca, es imprescindible redoblar los esfuerzos para que los mecanismos internacionales de justicia permanezcan activos y firmes, garantizando que la verdad prevalezca y que los responsables de los crímenes más graves enfrenten las consecuencias que el derecho internacional exige.