El 19 de febrero la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, un instrumento que teóricamente está dirigido a excarcelar a cientos de personas procesadas por motivos políticos y cerrar causas judiciales vinculadas a episodios de conflictividad ocurridos entre 1999 y 2026. Se crea una comisión parlamentaria de seguimiento del cumplimiento de la ley y se determinan plazos para que los tribunales revisen los expedientes y ejecuten las medidas correspondientes.
Aunque la ley ha sido presentada por el gobierno de facto como un paso hacia la reconciliación política, esa lectura es muy optimista considerando el amplio número de potenciales beneficiarios excluidos. En lugar de un paso hacia la reconciliación, sería más apropiado reconocer que la ley supone un alivio para varias personas, pero nunca un mecanismo que implique avances institucionales, tanto por sus graves omisiones, como por su falta de garantías relevantes, amén del contexto político en que pretende aplicarse.
Así, la ley fijó un limitado ámbito de aplicación a periodos específicos (artículo 8), lo que hace que muchos perseguidos políticos queden excluidos de la amnistía. Además, instauró la condición arbitraria de que los eventuales beneficiados “estén a derecho” -presentes ante los tribunales venezolanos-, lo que perjudica fundamentalmente a personas exiliadas, en especial a refugiados o solicitantes de asilo. Esto no mejora porque se haya consagrado el derecho a que un abogado en su nombre solicite la amnistía. Es un contrasentido que el perseguido exiliado tenga que pedir perdón al Estado y retornar al país para perder su condición de protección internacional. En un sentido más amplio, el texto aprobado no estableció garantías de retorno seguro, al no ordenar la restitución de la validez de pasaportes y la prohibición de alertas migratorias silentes. Otro tanto surge de su silencio sobre la restitución de bienes incautados, o respecto de la reincorporación al trabajo de personas despedidas por hechos objeto de la amnistía, entre otras omisiones significativas.
Como señala Provea, existe un riesgo real de que no se desmonte el aparato represivo del Estado ni el marco normativo que le dio sustento, lo que incluye a la ley contra el odio, la ley anti-sociedad, la ley Simón Bolívar, la ley de financiamiento al terrorismo, varios delitos del código penal, entre otros instrumentos, y que las víctimas de violaciones de derechos humanos no encuentren verdad, justicia, ni reparación. Por ello es que esta ley debe conjugarse con reformas estructurales, empezando por el sistema de justicia a los fines de reinstaurar su independencia, y así proteger el derecho a disentir en Venezuela. Por lo pronto, sólo existen medidas de gracia, limitadas, revictimizantes y que refuerzan el poder concentrado en el mismo sistema que es responsable de crímenes de lesa humanidad.
No sólo es el texto de la ley. Su implementación ya ha comenzado a levantar críticas. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que los tribunales de terrorismo se rehusaron a recibir las solicitudes formuladas por un grupo de periodistas. Según un comunicado, “los tribunales o estaban de «comisión», o sin despacho o remitían a las víctimas a los defensores públicos correspondientes”, en violación del artículo 11 de la ley que reconoce el derecho a las víctimas de solicitar la amnistía. Como reporta esta organización, la negativa a recibir los escritos constituye una denegación de justicia y una violación directa del mandato legal vigente. Asimismo, presos políticos han advertido que la fila para el ingreso a tribunales en Caracas “es inmensa”, lo que suma a la burocratización de un proceso que, en todo caso, requería de mecanismos ad hoc en aras de tramitar con sencillez y rapidez las solicitudes de amnistía de cientos de personas. Como era de esperarse del régimen de facto, se impusieron trabas adicionales que funcionan como mecanismos de control político, en una apuesta al desgaste y desesperanza de la sociedad.
Según el presidente de la Comisión de Seguimiento de la Ley, diputado Jorge Arreaza, al viernes pasado el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia habían recibido 379 solicitudes de amnistía que debían ser ejecutadas en las próximas horas. Sin embargo, es imposible conocer los potenciales beneficiarios y si quiera fiscalizar esa cifra. El régimen de facto nunca publicó listas oficiales ni abrió el proceso de verificación de supuestas liberaciones a la sociedad civil, por lo que lo único que existen son excarcelaciones a cuentagotas, discrecionales, que producen un mayor dolor a los familiares. El propio tratamiento opaco del tema ha favorecido falsas expectativas para manipular a la sociedad.
La realidad numérica de las víctimas arroja las peores sombras de esta ley: persisten más de 600 personas detenidas por razones políticas, con retrasos sistemáticos en sus procesos, y muchos viviendo en un completo limbo legal. Lo que se requiere para acabar este sufrimiento no es una ley; es una decisión política que el partido de gobierno no sólo se niega a tomar, sino a evitar a como dé lugar. Basta con señalar que el texto aprobado, en su artículo 16, termina por institucionalizar el control político y la intimidación sobre la sociedad venezolana, pues “las personas beneficiadas por esta Ley que resulten incursas en delitos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia, serán procesadas de conformidad con la legislación aplicable”. En definitiva, como advertimos en ediciones anteriores, la amnistía es parcial, condicionada al silencio, al sometimiento al partido de gobierno, a no ejercer ningún derecho. De otro modo, la maquinaria represiva responderá.
Estas distorsiones ocurren porque el régimen siempre ha jugado a paliar las consecuencias a fin de simular cooperación. No le interesa resolver las causas. Nada distinto a una transición democrática puede generar garantías de estabilidad política, protección de los derechos humanos, desarrollo económico y social, y finalmente paz en Venezuela. Es inexorable y así ha sido demostrado históricamente. Pareciera que este hecho a menudo se olvida o convenientemente intenta alterarse o esconderse por los amigos del poder.
Ciertos voceros actúan como si Venezuela ha mejorado con la ley de amnistía o con unas pocas excarcelaciones en comparación con las personas que permanecen tras las rejas, o exiliados, resguardados, censurados, torturados, desaparecidos, o ejecutados. Por ejemplo, España ha anunciado que pedirá a la Unión Europea retirar las sanciones a Delcy Rodríguez supuestamente para acompañar “el momento político que vive el país”. Colombia, cuya fiscalía autorizó la extradición del militar Juven José Sequea que participó en la Operación Gedeón, se comporta como si jamás hubiera acogido exiliados políticos venezolanos. Lo peor de su caso es que, luego de cumplir condena en Bogotá, fue liberado y enseguida detenido para ser entregado al gobierno de facto. Un dato sólo para reiterar de qué estamos hablando: familiares de presos por la Operación Gedeón reclaman a Venezuela una fe de vida sobre sus parientes, pues llevan más de 6 meses sin recibir información. Paralelamente, Trump insiste con que Delcy Rodríguez “está haciendo un buen trabajo”, lo que coincide con quienes promueven la narrativa de una funcionaria “moderada” y “pragmática”.
La comunidad internacional debe oponerse a estos nuevos intentos de blanqueamiento del gobierno de facto, aun si provienen de los Estados Unidos. En Venezuela los cambios, si bien cruciales para varias víctimas y defensores que las acompañamos de una u otra forma, no dejan de ser cosméticos, ya que apuntan a un simple reacomodo estratégico del mismo régimen. No existe transición, ni pasos a la reconciliación política, ni nada similar. Delcy Rodríguez y muchos personeros continúan señalados como responsables de crímenes de lesa humanidad y violaciones graves de derechos humanos. Los poderes públicos se mantienen cooptados y la estructura represiva intacta. La persecución no ha cesado y las condiciones de vida de la población siguen inmersas en crisis humanitaria. Y la oposición, aquella que movilizó al país desde el 28 de julio, sigue ausente de la mesa de negociación. Curiosamente, tampoco ha reaccionado o al menos dudado sobre su propia marginación.