Haciendo una breve recapitulación, la grave crisis que vive Venezuela ha abarcado distintos aspectos de la vida de la nación. Derechos negados por el poder, irrespeto a las garantías consagradas en la Constitución, inexistencia de la separación de poderes y crímenes de lesa humanidad son solo algunos de los obstáculos que separan al país de un régimen democrático.
Esa ha sido la realidad venezolana por las últimas décadas, y la nación ha sufrido un éxodo monumental en los últimos tiempos, llevando ya casi nueve millones de venezolanos que han abandonado el país ante el colapso de servicios básicos y la ausencia de una institucionalidad que resguarde la legalidad.
Es en este contexto en el que se produce la acción de fuerza ejecutada por los Estados Unidos de America en la que Nicolas Maduro -quien ejercía la presidencia de facto luego de haber violentado las elecciones presidenciales que tuvieron lugar en 2018 y haber cometido un fraude notorio en 2024- ha sido “extraído” y llevado a una prisión federal en Brooklyn, en razón de las acusaciones que le ha impuesto el sistema judicial norteamericano.
Las declaraciones de los voceros estadounidenses se han referido a la necesidad de llevar adelante un plan de tres etapas en el caso de Venezuela, comenzando con una primera etapa de estabilización, una segunda de recuperación y una tercera de transición a la democracia, con la consiguiente realización de un proceso electoral conducido con apego a los criterios internacionalmente aceptados para que sea considerado como libre y justo. De estas etapas, hasta el momento se ha privilegiado lo relativo al restablecimiento económico y a la restitución de Venezuela como proveedor confiable de petróleo a los Estados Unidos.
Por su parte, la vicepresidenta que ejerce de manera temporal la presidencia de la república ha señalado en repetidas ocasiones que el país vive un “nuevo momento político”, al tiempo que ha tomado algunas medidas positivas, como la excarcelación de cientos de presos políticos que estaban detenidos de manera arbitraria. Sin embargo, y a pesar de que aproximadamente 700 personas han sido excarceladas, esa cifra refleja, en términos gruesos, casi la mitad de aquellos cuyos derechos han sido violados y permanecen en cautiverio. Por su parte, del elevado número de presos políticos con rango militar no hay noticia de medida alguna que restituya sus derechos, siguen presos en condiciones intolerables. Esta situación nos habla de un cuadro en el que las medidas que habrían de evidenciar el llamado “nuevo momento político” tienen dos características, por una parte, se limitan al mínimo nivel de ejecución y por la otra, son retráctiles.
El mínimo nivel de ejecución es aquel en el que el observador distante aprecia que se han tomado medidas, pero no tiene la cercanía necesaria para percibir los detalles, y presume, entonces, que hay un avance relevante, y lo que termina sucediendo es que no se va más allá de un cumplimiento parcial de la medida en cuestión. Medidas, entonces, que se ven bien de lejos y deslucen vistas de cerca.
El carácter retráctil de las medidas, en derivación de lo anterior, tiene que ver con el hecho de que las medidas incompletas son medidas reversibles, medidas a medias que no permiten el establecimiento de un pleno respeto de los derechos porque no se llega a producir un nuevo estadio en el que las violaciones que están siendo corregidas tengan mayores obstáculos institucionales que eviten su repetición.
Ejemplos de estas medidas retráctiles y con mínima ejecución las encontramos no solo en el tema de las excarcelaciones, sino también en la no remoción ni enjuiciamiento de funcionarios clave que han cometido graves crímenes de corrupción y violación de derechos fundamentales y que, en los casos en que han sido removidos, son inmediatamente reposicionados en cargos de alta jerarquía.
Por otra parte, en el “nuevo momento político” se siguen produciendo detenciones arbitrarias, y reina la misma opacidad con la que los cuerpos represivos han amedrentado a la ciudadanía por años, teniendo esta vez por objeto a algunos de los pocos funcionarios caídos en desgracia. No se conoce el paradero de varios funcionarios o de negociantes vinculados a Maduro, no se conocen los expedientes de sus acusaciones.
La comunidad internacional debe mantenerse alerta ante la actual coyuntura venezolana. Sólo la efectiva realización de un proceso electoral que implique una legitimación de los poderes públicos permitirá al país pasar del totalitarismo, el control de todos los poderes por parte de un solo grupo o persona, a un sistema democrático con respeto del Estado de Derecho.