Hace algunas semanas AlertaVenezuela publicó un análisis en el que advertía sobre el riesgo de una maniobra gatopardiana por parte del gobierno de facto, para hacer creer que hay cambios, cuando solo se trata de un reacomodo. Los recientes nombramientos del fiscal y la defensora del pueblo apuntan en esa dirección.
La selección se realizó sin seguir los requisitos básicos de ley. El comité de postulaciones solo estuvo compuesto por diputados, excluyendo a la sociedad civil; no hubo un baremo que permitiera contar con indicadores objetivos para revisar las postulaciones; se extendió el plazo de decisión dos veces por encima de lo que contempla la ley; no se dio tiempo para la presentación de objeciones a las candidaturas.
El resultado no fue sorpresivo. Larry Devoe para el cargo de fiscal general y Eglée González como defensora del pueblo dejaron a un lado candidaturas de venezolanos prominentes y con sobradas credenciales, pero sin el necesario apoyo político de quienes siguen aferrados al poder.
La primera acción del fiscal fue desmentir los hechos irregulares denunciados por familiares de presos políticos detenidos en la cárcel El Rodeo I, asegurando que en una “visita de supervisión” se había constatado el manejo de una protesta de detenidos mediante “el uso progresivo y diferenciado de la fuerza”. En ningún momento se hace referencia a los motivos de la protesta, ni a la necesidad que hubo de activar tales protocolos. El preso político Josnars Baduel, hijo del general Raúl Baduel fallecido bajo custodia, pudo comunicarse con su hermana entre gritos, denunciando la situación a la que habían sido sometidos. Pese al parte de normalidad emitido por la fiscalía, los presos siguen sin visita, por lo que sus familiares no han podido corroborar la versión oficial. La siguiente acción del fiscal fue presentar en tribunales al abogado y representante de diversos sindicatos, Edwin Sambrano, quien fue detenido en el aeropuerto de Santo Domingo del Táchira, cuando regresaba al país después de dos años en el exilio; la detención se habría producido por una orden de captura emitida por el tribunal 3° de terrorismo. Sambrano fue acusado de instigación y promoción al odio y puesto en libertad condicional con prohibición de salida del país y presentación periódica ante el tribunal.
La primera acción de la defensora todavía se está esperando. No ha habido reacción ante el evento no aclarado en la cárcel de El Rodeo I, ni sobre la continuación en la aplicación de la ley contra el odio como arma de persecución política; sin embargo un abogado defensor de derechos humanos anunció que la defensora recibirá a un grupo de ciudadanos para tratar una agenda de seis puntos que incluye la libertad de los presos políticos.
Inmediatamente después de las designaciones de fiscal y defensora, diversos medios, analistas y dirigentes políticos comenzaron a referirse a las “próximas” designaciones, como si en realidad el país estuviera ante un proceso genuino de renovación institucional que eventualmente apunte a una transición a la democracia. A estas alturas debería estar claro que, en las designaciones anunciadas, no ha habido un solo nombre que no haya pasado antes por algún cargo que haya requerido previamente el beneplácito del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Tampoco hay ninguna garantía de que esta tendencia controladora de todos los cargos desde el poder no se repita en una eventual “renovación” del Consejo Nacional Electoral (CNE). Llamar a elecciones en estas condiciones significaría consagrar el reacomodo. Los Rodríguez lo saben y harán lo que esté a su alcance para postergar al máximo una elección, al tiempo que buscarán la oportunidad y la fórmula para asegurar un CNE sumiso, mientras ganan tiempo, como bien lo han sabido hacer a lo largo de casi tres décadas.
Llama la atención que un senador republicano tenga más claro lo que está sucediendo en Venezuela con el reacomodo del gobierno tutelado, que muchos opositores y analistas. El 13 de abril, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, Senador Jim Risch, republicano por Idaho, sostuvo que el nombramiento de Devoe como fiscal fue una “oportunidad perdida” e instó al interinato a “adoptar medidas irreversibles hacia una transición que garantice la estabilidad y la recuperación económica”.
Mientras tanto, la perplejidad de la población crece ante el levantamiento de las sanciones individuales por parte de la administración Trump a Delcy Rodríguez, como si hubiera hecho méritos para ello.
Las designaciones realizadas confirman el interés del gobierno de facto de consolidar el control estatal bajo una apariencia de renovación que califica como “el nuevo momento político”. Mientras, la administración de Trump mantiene una postura de pragmatismo económico por encima de cualquier preocupación de la situación política e institucional en el país. Washington está centrado en el control de activos energéticos y en asegurar el flujo de capitales, alejándose cada vez más de un propósito de transición, utilizando para ello el conflicto interno como un escenario de negociación financiera y distracción política. Bajo este enfoque, los negocios y la explotación de recursos, como la reciente apertura de la ley minera a capitales extranjeros, aparecen como los verdaderos catalizadores de la política exterior estadounidense, dejando en segundo plano a la crisis humanitaria y el autoritarismo.
Se hace necesario exigir la rendición de cuentas al gobierno de Estados Unidos, ya que su postura pro-régimen ha contribuido a blanquear su imagen a cambio de escasas concesiones para la población y de nuevos problemas para la ya quebrada soberanía e independencia del país. En la medida en que las sanciones se conviertan en una herramienta de presión selectiva, y no se implementen mecanismos de control sobre la política local, la crisis venezolana seguirá siendo una excusa muy útil para postergar cualquier propuesta de resolución democrática que beneficie a la población y no solo a las élites económicas y políticas de ambos países. Este es el único balance de una dictadura tutelada por una potencia extranjera.
La comunidad internacional no puede convalidar el reacomodo gatopardiano observado en Venezuela que, además, se pone como ejemplo para un futuro Irán que se reconstruiría, al igual que la Venezuela del reacomodo, sobre las cenizas del olvido y la impunidad.