Es un lugar común la idea de que, en una guerra, la primera baja del combate es la verdad. Ciertamente, apenas comienza un conflicto bélico aparecen diferentes versiones interesadas de los acontecimientos, y cada una da cuenta de interpretaciones que alteran los hechos para acomodarlos a las conveniencias de cada parte envuelta en el conflicto.
Una crisis humanitaria también sufre la aparición de relatos interesados que buscan legitimar a los distintos actores, y de manera muy especial a quienes tienen responsabilidad en la creación de la crisis misma, los que hacen esfuerzos por el mantenimiento de la crisis porque de ella extraen beneficios de algún tipo.
Estos relatos, estas narrativas, tienden a ser gloriosas, pomposas si se quiere. Nunca enarbolan valores cotidianos, sencillos. Así, es difícil contabilizar las veces que Nicolas Maduro ha enunciado su “decidida vocación por la paz planetaria”. Su “amor por la paz”. En ese discurso no se asoma la represión implacable contra la disidencia política, ni la reiterada tortura que comúnmente ha tenido lugar luego de una desaparición forzosa. Dos realidades opuestas se enfrentan en la escena pública, pero la que pregona el amor por la paz de Maduro tiene los recursos y vocerías que la realidad de los que sufren la inclemente arbitrariedad del poder, la aplicación selectiva de la ley, el uso y abuso de un poder legislativo que solo actúa para ejecutar la orden del ejecutivo, ni siquiera sueña con tener.
De esta manera, el poder ejercido por Hugo Chavez y que heredara Nicolas Maduro, consideró que la separación de poderes y el apego a la constitución nacional eran un estorbo para los fines de la revolución que defendían. La ley, en esta visión, es una ley “burguesa”. Nadie le explicó que la ley, burguesa o proletaria, está hecha para regir el curso de las relaciones sociales, para ser acatada.
En el discurso del poder, la constitución se transformó, paradójicamente, en un muy útil elemento de propaganda: mientras se expropia ilegalmente, se comete fraude electoral y se somete a la población a condiciones de hambre, se imprimen millones de ejemplares de una constitución de tamaño de bolsillo, de letra muy pequeña como para no ser leída, y se hace de ella un símbolo de una nueva legalidad que no deriva de los artículos contenidos en el pequeño libro, sino de la mano que lo muestra frenéticamente un día sí un día no ante las cámaras de televisión.
El desprecio por la norma que mostraron Hugo Chavez y Nicolas Maduro, y ahora Delcy Rodríguez, está en la base de la crisis humanitaria que vive el país. La destrucción de los indicadores en materia de salud, el desconocimiento consuetudinario de la independencia del Banco Central, el haber ignorado por décadas los requisitos establecidos para la designación de funcionarios cuyo desempeño requiere capacidades técnicas, la violación de la legislación electoral, por solo citar algunos casos, no constituyen un hecho aleatorio. Todo ello, sumado al ahorcamiento presupuestario de los entes públicos para los que los ciudadanos eligieron a lideres opositores, al cercenamiento de la opinión libre, al cierre de los medios de comunicación, no son hechos aislados. Son los factores requeridos para mantener a una población en un estado de sometimiento por vía de la crisis humanitaria. Los pobres, ocupados en hacerse de una caja de alimentos subsidiados de mala calidad, impedidos de exigir sus derechos, son el sustento perfecto del poder.
Ese es el entramado que recibe Delcy Rodríguez, y no da muestras de querer cambiarlo. Por el contrario, la arbitrariedad sigue siendo la norma. Muestra de ello es el caso de Alex Saab. Acá, el nivel de cinismo del régimen alcanza nuevas cotas. A Saab lo nacionalizaron venezolano, le hicieron campañas mundiales presentándolo como un diplomático para luego hacerlo ministro. Ahora, ante el pedido de Washington, del mismo modo mágico como antes lo hicieron venezolano ahora lo desvenezolanizaron, lo montaron en un avión a EEUU en medio de algo que no es una deportación ni una extradición: es una medida de facto.
La situación venezolana de hoy es sumamente compleja. Se ha producido la ilegal “extracción” de Maduro, que ejercía el poder de manera írrita, y la administración encargada y a su vez amenazada de una nueva extracción, opta por ignorar la constitución de manera flagrante. La comunidad internacional debe mantenerse alerta ante los desarrollos en Venezuela. Solo una vuelta al respeto al estado de derecho puede conducir a la democracia y a la superación de la crisis humanitaria que aun azota al país.