Están por cumplirse cinco meses de la intervención militar de EE.UU. en Venezuela, bajo el plan de tres fases de estabilización, recuperación y transición. Sin embargo, con el paso del tiempo, cada vez resulta más importante hablar de rendición de cuentas y transparencia, tanto en Caracas como en Washington. Son varias las áreas de preocupación donde urge un manejo transparente de información y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Manejo de los recursos provenientes del oro y el petróleo
Desde la llegada del chavismo al poder, Venezuela se ha caracterizado por la opacidad en el manejo de la economía, siendo el petróleo una fuente significativa de corrupción, a lo que se ha sumado en los últimos 10 años la explotación del oro. La gran corrupción es una de las causas de la emergencia humanitaria compleja que ha dado origen a la migración masiva y a la creciente pérdida de calidad de vida de la población. La opacidad en el manejo de los recursos petroleros no ha desaparecido desde que la administración Trump anunció que controlaría los recursos provenientes de la venta de petróleo. Por otro lado, buena parte del oro extraído en el arco minero del Orinoco se explota en un contexto de depredación ambiental, con afectación a comunidades indígenas y la intervención de grupos armados ilegales tanto de Venezuela como de Colombia, lo que lo convierte en oro de sangre.
La comercialización de este material tiene restricciones en los mercados internacionales; sin embargo, se desconoce la forma en que están siendo administrados los recursos provenientes de la explotación de petróleo y oro y la forma en que estarían beneficiando a la población. Es necesario establecer mecanismos de rendición de cuentas sobre los recursos provenientes de la explotación de petróleo y oro y la forma en que esos recursos se están canalizando para beneficiar a la población. También debe tenerse en cuenta los perfiles de los “nuevos” funcionarios nombrados por Rodríguez, la mayoría de los cuales tiene historias de ineficiencia y corrupción.
El alcance de las cifras presentadas por Trump
Pocos días después de la incursión en territorio venezolano, el presidente Trump anunció que había recuperado 50 millones de barriles de petróleo. Aunque puede parecer una cifra significativa, corresponde al consumo total de petróleo en EE.UU. en 2 días y medio. Igualmente, a los pocos días de haber llegado la encargada de negocios, anunció el arribo de 6 toneladas de medicamentos. De nuevo, la cifra parece importante, pero según trabajadores humanitarios consultados, esa cantidad puede cubrir el abastecimiento de un hospital para un mes. También urge establecer mecanismos de control sobre las cifras expuestas por la administración de Trump, de modo de asegurar la transparencia y rendición de cuentas.
Los mitos sobre la ley de amnistía y las excarcelaciones
No hay duda de que la excarcelación de una persona sometida a detención arbitraria por un largo período debe ser celebrada. Sin embargo, la cantidad de excarcelaciones ha sido lenta, poco significativa, selectiva, revictimizante y usada con fines políticos para mantener el sometimiento de la población. Las estructuras de la represión siguen sin cambios, nadie ha sido investigado por los daños ocasionados a la población víctima de la persecución por motivos políticos, las cifras de excarcelaciones y amnistiados son inauditables, y ningún organismo nacional o internacional de derechos humanos ha señalado que el problema ha sido, al menos, mitigado o atenuado. AlertaVenezuela, junto con Espacio Público y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello han intentado en dos ocasiones acceder a información pública sobre la aplicación de la ley de amnistía, pero el fiscal general ha negado a brindar la información solicitada con base en tecnicismos.
Las barreras a la transición
Asuntos como la derogación de las leyes que restringen el espacio cívico y coartan la libertad de expresión, la reapertura de los medios de comunicación, la garantía de retorno seguro de los exiliados, la selección de funcionarios independientes en el sistema de justicia, el poder ciudadano y el poder electoral, el reconocimiento de los partidos políticos, deben estar presentes, con indicadores medibles, en el plan de tres fases presentado por el Secretario de Estado Rubio. No basta con ponerle fecha a una elección, si previamente no se desmonta el aparato que le resta garantías a un proceso democrático que permita una elección l creíble y competitiva.
La seguridad jurídica
Diversos voceros de EE.UU. han asociado la seguridad jurídica con la posibilidad de brindar un espacio confiable para la inversión extranjera, sustentado en la predictibilidad. Cabe recordar que, en los años 90, Venezuela fue el país en el que el Banco Mundial desarrolló su primer proyecto de reforma judicial. El proyecto se basó en la misma lógica de seguridad jurídica para la inversión extranjera, enfocándose inicialmente solo en tribunales civiles y mercantiles, sin tener presente que esa seguridad jurídica era igualmente importante para otros actores en el ámbito económico, como son los sindicatos, los pequeños productores del campo y hasta actores del sector penal y del sistema de justicia, por lo que era necesario que la reforma judicial abarcara de manera integral a todas las esferas de la justicia, en estricto apego de la Constitución y las leyes, favoreciendo la carrera judicial, fiscal y policial como base de un sistema de justicia independiente y garante de los derechos de todos. Ese proyecto logró avances significativos en la estabilidad e independencia de los jueces, hasta la llegada de Hugo Chávez al poder, cuando se revirtió el proceso. Una seguridad jurídica asociada solo a la inversión extranjera es insuficiente y no debe ser apoyada en un plan de estabilización y recuperación.
La presencia de grupos armados
En Venezuela, los grupos armados irregulares, tanto venezolanos como procedentes de Colombia, tienen presencia con control territorial y capacidad de gobernanza en al menos 22 de los 24 estados del país, desde donde controlan, entre otras cosas, el tráfico de gasolina, de drogas, la trata de personas y la explotación ilegal del oro. En su visita a Venezuela, el Secretario del Interior de EE. UU., Doug Burgum afirmó que el ingreso en el sector minero venezolano de empresas con amplia experiencia “va a desplazar esa actividad” ilegal. Esta visión optimista parece no tener sustento en la realidad, si se toma en cuenta que, en lo que respecta a los grupos armados irregulares procedentes de Colombia, tienen una experiencia de lucha armada de más de 60 años, y no solo no han sido desplazados de los territorios bajo su control, sino que han provocado la mayor crisis de desplazamiento de civiles en el mundo.
El plan de tres fases debe apoyarse en información técnica confiable sobre la presencia y las dinámicas de los grupos armados ilegales en Venezuela, si espera que las etapas de estabilización y recuperación previas a la transición contribuyan a la creación de un espacio de gobernabilidad necesario tanto para la inversión extranjera, como para la estabilidad de un proceso de transición a la democracia.
Sin mecanismos transparentes de rendición de cuentas, las tres fases propuestas corren el riesgo de terminar avalando el actual estado de cosas, frustrando las expectativas de la población hacia una genuina transición a la democracia.