Le llegó la hora a España para decidir en qué lado de la vereda se encuentra frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Después de tres años de arduo trabajo, se produce un avance transcendental en uno de los casos de jurisdicción universal en Argentina, en el que Rosa Orozco es una de las víctimas impulsoras de este proceso por la verdad y la justicia. El caso es el de su hija, Geraldin Moreno Orozco, estudiante y deportista de 23 años que fue asesinada por agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en febrero de 2014 en el estado Carabobo, en el marco de la primera represión generalizada de protestas del régimen de Maduro -hoy a la cabeza de Delcy Rodríguez- que dejó 43 fallecidos, al menos 854 heridos y más de 3100 detenidos de manera arbitraria.
El contexto de 2014 sentó las bases operativas y logísticas de la represión que posteriormente se agudizó en 2017, 2019 y 2024. Además de la organización del aparato represivo, la falta de sanción a los mandos medios y superiores funcionó como un incentivo de impunidad para la repetición de crímenes de lesa humanidad. Hoy la justicia penal en Venezuela está completamente instrumentalizada como arma de represión política, lo que anula cualquier expectativa de justicia doméstica y mantiene las heridas sociales abiertas.
La demanda radicada en Buenos Aires fue interpuesta en junio de 2023 por la organización InterJust contra 14 oficiales de la GNB. La causa ha batido récords a nivel mundial, pues a los pocos días la justicia argentina decidió atender el asunto y adoptó una serie de medidas para el impulsar el proceso de manera expedita. En febrero de 2026, el juez argentino emitió una orden de extradición luego de recibir información que ubicaría al excoronel de la Guardia Nacional Bolivariana Ephraín Enrique Verdú Torrelles, uno de los presuntos perpetradores, en territorio español. En marzo de 2026 el Consejo de Ministros de España aprobó la continuación del procedimiento, con lo cual ha reconocido implícitamente la seriedad del reclamo judicial, y el caso actualmente se encuentra bajo evaluación del Juzgado de Instrucción del Tribunal Central de Instancia n.º 2 de la Audiencia Nacional.
Distintas organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón (JEP-VZLA), la cual lidera el caso desde Venezuela, así como Amnistía Internacional y AlertaVenezuela respaldan la demanda por la aprobación inmediata de la extradición. El caso de Geraldin Moreno retrata un patrón consolidado de violaciones en Venezuela: el juzgamiento a rangos bajos de la Guardia Nacional con el fin de simular justicia, y en el fondo, proteger a la cadena de mando. Por eso este avance representa un quiebre paradigmático en la arquitectura de impunidad que ha construido la estructura estatal venezolana durante más de una década bajo el Madurismo, y que intenta resguardarse bajo el Rodrigato -gobierno de facto de los hermanos Rodríguez-.
Los perpetradores, especialmente los rangos medios y altos involucrados en violaciones graves de derechos humanos, deben saber que no hay frontera que los proteja. Cuando existen crímenes de lesa humanidad hay detrás hechos aberrantes que conmueven a la comunidad internacional en su conjunto y por esta razón son perseguibles penalmente en todo tiempo y lugar. Ante la falta de voluntad deliberada de los tribunales venezolanos, que actúan como un apéndice del Ejecutivo Nacional, y los retrasos y limitaciones imperantes en la justicia penal internacional, los tribunales de terceros Estados, en virtud del principio de jurisdicción universal, están llamados a cerrar las brechas de impunidad de oficiales relevantes, como aquellos que ejecutaron o supervisaron las operaciones de forma directa.
Es un imperativo jurídico y ético aprobar la solicitud de extradición. No existe obstáculo legal alguno para este fin y, más aún, se observan todas las condiciones requeridas. Por un lado, se cumple con la doble incriminación, ya que las ejecuciones extrajudiciales y crímenes de lesa humanidad están tipificados tanto en España como Argentina. Al caso del excoronel solicitado no aplica una excepción por razones políticas; sino que se enmarca en un hecho de la mayor gravedad internacional. Además, Argentina cumple con una trayectoria destacada en materia de justicia universal y juzgamiento de crímenes atroces del pasado, asegurando las garantías del debido proceso bajo un sistema de justicia que goza de separación de poderes y cumple con los tratados internacionales de derechos humanos.
La Audiencia Nacional enfrenta una oportunidad histórica para combatir nuevamente los delitos internacionales más graves y evitar que el territorio español se convierta en un refugio de presuntos perpetradores. En un país con una historia marcada por crímenes atroces y una trayectoria destacada en la vanguardia de los derechos humanos y la aplicación de la jurisdicción universal, la respuesta esperada es más que evidente. En el caso venezolano, esos antiguos mandos intermedios y superiores del aparato represivo ahora son quienes en medio de un aparente anonimato y cambios en su estilo de vida pretenden obtener la seguridad jurídica que negaron cruelmente a sus conciudadanos.
España tiene la batuta. Llegó el momento de enviar un mensaje de apoyo a miles de víctimas, organizaciones y defensores venezolanos operando en el país y el exilio. La defensa de los derechos humanos no puede limitarse a la retórica diplomática o pública, sino que requiere de actos concretos de cooperación judicial y medidas políticas conforme a derecho impulsadas por los Estados. Está en juego la posibilidad de establecer un precedente de justicia y con capacidad disuasoria para los represores de Venezuela y el mundo entero. Desde AlertaVenezuela apoyamos esta solicitud y seguiremos el desarrollo de esta causa.