Las noticias más recientes sobre la Corte Penal Internacional (CPI) que afectan a Venezuela y a los venezolanos vienen de dos rincones del mundo que, aunque lejanos, no son ajenos a la situación del país. Por un lado, la CPI logró ejecutar la detención de Rodrigo Duterte, ex presidente de Filipinas, y por el otro ha recibido la visita de autoridades chilenas para hablar del asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda. Veamos ambos episodios y su conexión con Venezuela.
El pasado 28 de marzo, Rodrigo Duterte cumplió 80 años y pasó su cumpleaños en la prisión de Scheveningen de la CPI. Se espera que su lectura de cargos se haga el próximo 23 de septiembre. A Duterte se le acusa de homicidios y de convertir una supuesta operación de lucha contra el narcotráfico en una maquinaria de masacres oficiales que acabaron con la vida de más de 6.000 filipinos. Duterte se hacía llamar a sí mismo “el castigador” y ya había avanzado en sus políticas de exterminio cuando era alcalde de Dávao entre 2013 y 2016. Al llegar a la presidencia apalancó su discurso en relatos como acabar con el crimen, la corrupción y el tráfico ilegal de drogas, e incluso trajo del pasado la pena de muerte, pero lo que marcó su periodo como presidente entre 2016 y 2022 fueron los grupos de exterminio que habilitó para llevar adelante su política de asesinatos masivos por los que la CPI abrió investigación y libró orden de captura en su caso.
Hay varios elementos relevantes para el caso de Venezuela. El primero es que ambos países empezaron la etapa de examen preliminar exactamente el mismo día, cuando la fiscal Fatou Bensouda anunció el 8 de febrero de 2018 que las situaciones tanto de Filipinas como Venezuela tenían los méritos para ser evaluadas por las autoridades de la Corte. A partir de entonces ambos países tomaron dos rutas distintas.
Venezuela ha jugado a cooperar de forma ficticia con la Corte, procurando visitas con la Fiscalía, mostrando que el Estado puede cooperar con ellos e incluso permitiendo que se abriera en Caracas una Oficina del Fiscal de la Corte, pero desconociendo la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, como dicen en cada comunicado de la Cancillería.
Esa cooperación aparente ha servido para acceder a información, mitigar críticas y retrasar procesos. Así, Venezuela ha intentado usar los mecanismos internacionales para domesticar el ritmo y la exigencia de los mandatos de protección. Incluso presentó seis apelaciones ante la CPI, todas perdidas en marzo de 2024. Así que la investigación sobre el país sigue su marcha.
En Filipinas ocurrió otra cosa. Duterte retiró a Filipinas de la CPI. Denunció el mecanismo y no cooperó de ninguna forma con la Corte. Sin embargo, el mandato de la CPI es claro: los crímenes investigados en Filipinas ocurrieron mientras el país era miembro, así que ni siquiera su retiro podía acabar con el proceso en marcha. Así que la Fiscalía en manos de Karim Khan desde febrero de 2021 siguió con el trabajo que dejó Bensouda y logró lo que nadie se esperaba. Resulta que en Filipinas el poder cambió de manos. Tras las elecciones de 2022, el nuevo presidente es Ferdinand Marcos Jr, hijo del dictador que gobernó el país entre 1965 y 1986. Marcos Jr llegó al poder de forma democrática. Pero la elección presidencial incluye también la votación directa para la vicepresidencia, por separado, pero simultáneamente. Sara Duterte, la hija mayor de Duterte, ganó el cargo. Así que ambas familias llegaron al poder y se mantuvieron como fórmula hasta que las diferencias explotaron y el gobierno de Marco Jr. inició en el parlamento una serie de interpelaciones contra la vicepresidenta Sara Duterte. Tras muchos rumores y malestares desde el año pasado, en uno de los viajes de Duterte padre e hija a Hong Kong, al regresar a Filipinas, los oficiales de Interpol recibieron la orden de la CPI y del gobierno filipino de apresar a Duterte, y así ocurrió. Al día siguiente ya estaba en una celda de La Haya.
Todo esto ocurrió sin que Filipinas fuese formalmente un Estado parte de la CPI. Sin embargo, el nuevo gobierno decidió cooperar y ejecutar la orden de captura. De esta manera Rodrigo Duterte se convierte en el primer expresidente en ser juzgado por la Corte. Todos los demás eran funcionarios de otros rangos o miembros de grupos armados. Es una muestra de que la Fiscalía de la CPI, que no es solo el Fiscal Khan sino unas 200 personas, pueden trabajar en distintos casos de forma independiente.
Por otra parte, tenemos a Chile. Allí los cuerpos de seguridad e inteligencia se vieron sorprendidos por un caso de represión transnacional. El teniente Ronald Ojeda, un venezolano que tenía estatus de refugio en Chile, fue secuestrado en su casa por personas vestidas de oficiales chilenos el 21 de febrero de 2024, luego fue desaparecido, torturado, asesinado y enterrado de forma clandestina en un barrio de Santiago, siendo hallados sus restos por oficiales chilenos días después. En el año de investigación, las autoridades chilenas han declarado que su investigación ha podido demostrar varias cosas: que fue una acción conjunta entre una banda delincuencial y oficiales de seguridad venezolanos, que la operación se organizó en la embajada de Venezuela en Chile, y que los ejecutores recibieron órdenes de las más altas autoridades venezolanas.
Chile tiene el mandato de investigar este crimen ocurrido en su territorio y dar con los responsables, aunque sea una red con miembros dentro y fuera de Chile. Por esa razón fue una noticia extraordinaria que el gobierno chileno anunciara la cooperación de la Fiscalía de ese país con la Fiscalía de la CPI. Esto no se trata de derivar el caso de Ojeda, sino de enriquecer ambas investigaciones. En el caso Venezuela I ante la CPI no se investigan homicidios (como sí ocurrió con Filipinas) sino detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual y persecución. Si ambos sistemas investigan cómo funciona la persecución política en Venezuela, es evidente que hay datos de Chile que pueden interesar en La Haya, sobre todo si la cadena de mando tiene elementos comunes.
La cooperación de Chile con la CPI es novedosa para el sistema y demuestra la gravedad de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, porque han escalado tanto que se desbordan y cruzan fronteras. Pero al mismo tiempo, las víctimas venezolanas ganan un aliado más porque otro Estado Parte de la CPI aporta materiales para la investigación.
Esa forma de cooperación, que podrían seguir otros países donde hay víctimas, victimarios o sobre todo testigos del aparato represivo venezolano, puede impulsar y darle más indicios al Fiscal Khan para abrir un caso concreto que signifique próximamente órdenes de captura o comparecencia ante el tribunal. Los distintos sistemas penales tienen sus ritmos y sus métodos para cubrir sus estándares de prueba en la investigación, pero hay evidencias de que todos han avanzado y que las víctimas venezolanas podrán estar más cerca de la verdad y la justicia. Cuando los sistemas cooperan, las víctimas dejan de estar solas.