Del “nuevo momento político”, que calificó el Rodrigato -el gobierno de facto de los hermanos Rodríguez-, Venezuela rápidamente pasó “al nuevo momento de la justicia”. A la crisis provocada por el desmantelamiento progresivo del orden constitucional, el estado de derecho y la democracia, que emergió desde la llegada de Hugo Chávez al poder, se ha incorporado en la justicia otra vuelta de tuerca como consecuencia de la reconfiguración del poder que adelanta el Rodrigato en nombre de la reconciliación. El poder judicial vuelve a estar en la mira, esta vez en medio de las presiones del protectorado estadounidense, lo cual pone en marcha, al igual que ocurrió con la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo, la búsqueda de un resultado funcional a la relación Trump-Rodríguez.
La reforma al poder judicial mostró su primera alarma de lo que se aproxima. Tras una administración discrecional y revictimizante de libertades bajo la ley de amnistía, el 23 de abril Delcy Rodríguez, acompañada de sus ministros, las cabezas de todas las ramas del poder público y los miembros del llamado programa de convivencia , anunció el fin de dicho instrumento, asegurando que había alcanzado sus objetivos de reconciliación. Reafirmando lo antes denunciado sobre esta ley, siempre se trató de un espejismo jurídico que permitió al Estado administrar la libertad de los detenidos con el objetivo de mitigar la presión diplomática y obtener legitimidad internacional, mientras mantenía intactas las estructuras coercitivas que originaron las detenciones. La intervención de Rodríguez, más allá de asediar al orden legal de manera descarnada, sienta un grave precedente por aumentar el desamparo de las víctimas y provocar inseguridad jurídica en la justicia.
El proceso de amnistía inició, se desarrolló y ha amenazado con concluir generando amplias arbitrariedades y violaciones a los derechos de la población. Representantes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, luego de ser expulsados, habían sido invitados al país durante febrero con el objetivo de verificar las excarcelaciones en curso. Tal como fue denunciado el 16 de marzo por el Alto Comisionado, y al cierre del día de hoy, el gobierno de facto jamás entregó listas oficiales, ni permitió el acceso a centros de detención al equipo de la OACNUDH. Luego de esta manipulación a un organismo internacional, encabezada por una presidente “encargada” que decidió unilateralmente dejar sin efecto una ley que ofertó como trascendental, se entiende por qué en Venezuela continúan más de 600 presos políticos sufriendo malos tratos y/o torturas, sin contar a quienes siguen bajo desaparición forzada. El Rodrigato es una extensión del Madurismo, con nuevos rostros reacomodándose en procura de lo único que saben hacer: disimular para ganar tiempo.
Junto al cierre de la amnistía, Delcy Rodríguez anunció la creación de la Comisión para la Gran Consulta Nacional sobre Reforma de Justicia Penal. Esta propuesta surge en medio de la cooptación del poder judicial, la erosión del estado de derecho y una política de persecución política que ha resultado en crímenes de lesa humanidad instrumentalizando el aparato represivo y punitivo. Reconstruir un Estado que se independice del poder ejecutivo y goce de autonomía para hacer cumplir la Constitución persiste como la deuda histórica del Chavismo-Madurismo, pero la práctica que la respalda apunta hacia el objetivo contrario. En paralelo se abrió un proceso de presentación de candidatos al comité de postulaciones judiciales para proceder a la selección de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sin que a la fecha se haya anunciado una lista oficial de jubilaciones o renuncias de magistrados, lo cual ya marca la irregularidad del proceso.
Si el gobierno de facto quiere dar paso a la reinstitucionalización democrática del país, debe acompañar una selección transparente, participativa y basada en los méritos profesionales de los nuevos Magistrados del TSJ. Ello no ocurrió en la designación de los titulares de la Defensoría del Pueblo y Fiscalía General de la República. En este sentido, compartimos las reflexiones de la organización PROVEA, entre las cuales advierte el peligro de que “la reforma judicial anunciada esté orientada únicamente a satisfacer la agenda del tutelaje transnacional, y que se deje de lado la necesaria participación de los actores sociales y políticos del país como la academia, las ONG, la voz de las víctimas y la asesoría técnica de los organismos internacionales de Derechos Humanos”. En caso contrario, la justicia en Venezuela continuará como una herramienta de persecución e impunidad sistémica.
Con la salida de Maduro, el Secretario Marco Rubio señaló que el plan de acción para Venezuela consistía en tres etapas referentes a la estabilización, recuperación y transición. Si bien posteriormente aclaró que las etapas podían solaparse y ser concurrentes, en ese momento ya anticipábamos que, aunque ese esquema tuviera sentido pragmático, relegaba de entrada la redemocratización a una situación de notable dependencia de otros procesos no escrutables. Por eso sugerimos que la urgencia debía ser trasladar la batuta a la oposición del 28 de julio y a otros actores, incluyendo la sociedad civil, con la finalidad de generar condiciones para un entorno de negociación controlado que llevaran a acuerdos sólidos y duraderos hacia la transición democrática. El tiempo ha demostrado que efectivamente la estabilización va en curso, pero no en beneficio del país, sino del gobierno de facto. Esta situación sigue ocurriendo al amparo de un tutelaje que construye alianzas con el régimen para beneficiar mutuamente sus intereses políticos y económicos.
La comunidad internacional no puede convalidar el reacomodo gatopardiano observado en Venezuela que pretende realizarse sobre las cenizas del olvido y la impunidad. Sin un liderazgo opositor coherente y de actores internacionales relevantes que adquieran protagonismo, será más difícil incidir en la fluidez comercial de la alianza Trump-Rodríguez.