La ley de amnistía aprobada en Venezuela fue recibida inicialmente como una posibilidad real de comenzar a cerrar uno de los capítulos más dolorosos de la represión política: la existencia de cientos de personas encarceladas por razones políticas. Sin embargo, siete meses después de iniciarse el proceso de excarcelaciones, la distancia entre los anuncios del gobierno de facto que encabeza Delcy Rodríguez y las verificaciones de las organizaciones de derechos humanos plantea una pregunta fundamental: ¿cuántos presos políticos han sido realmente excarcelados y cuántos continúan privados de libertad o sometidos a restricciones que hacen de su “libertad” una condición incompleta?
La respuesta no es menor. En un proceso supuestamente orientado a una transición política, las cifras no son un detalle administrativo. Determinan la credibilidad de la transición y permiten saber si estamos ante una verdadera política de reparación y democratización o ante una sucesión de gestos destinados a producir un efecto político.
Las cifras no cuadran
El 14 de agosto, el gobierno venezolano anunció que 131 personas detenidas por razones políticas recibirían medidas alternativas a la privación de libertad. A pesar de la evidente presión recibida por el régimen interino que le obligó a hacer este anuncio tomado como parte de la mesa de negociación que actualmente se realiza, éste fue presentado como un nuevo avance del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática.
Pero la verificación independiente cuenta otra historia. Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), organización de familiares de víctimas, confirmó 83 personas excarceladas correspondientes al anuncio de 131.
Es decir, frente a 131 anunciados, JEP pudo verificar 83: aproximadamente 62% de la cifra oficial. Quedaban, al menos según esa verificación, 48 personas cuya liberación no había sido comprobada. La diferencia no es nueva. El 23 de enero, Delcy Rodríguez había anunciado que 626 personas habían sido liberadas. Para esa fecha, JEP había podido confirmar solamente 167 presos políticos excarcelados desde el 8 de enero.
La explicación del gobierno ha sido que sus cifras abarcan un universo más amplio de personas privadas de libertad y diferentes momentos del proceso. Pero precisamente allí aparece el problema: si el gobierno pretende presentar esas cifras como parte de la liberación de presos políticos, debe publicar las listas completas, individualizadas y verificables de las personas beneficiadas, junto con la resolución judicial correspondiente y las condiciones de su libertad. Sin transparencia, una cifra oficial no puede sustituir a una verificación independiente.
El problema de los 1.046 excarcelados
La discrepancia volvió a aparecer el 15 de agosto. Delcy Rodríguez afirmó que 1.046 venezolanos que estaban privados de libertad habían regresado a sus hogares. La cifra coincidía exactamente con la difundida el día anterior por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien afirmó que desde el 3 de enero habían sido liberados 1.046 venezolanos.
Pero esa cifra no equivale necesariamente a 1.046 presos políticos liberados mediante la Ley de Amnistía. JEP contabilizaba el 10 de agosto 502 presos políticos todavía encarcelados, de los cuales 233 no habían sido condenados. Además, registraba 25 presos políticos extranjeros.
Esto demuestra la importancia de diferenciar tres categorías:
1. personas que fueron detenidas por razones políticas;
2. personas que fueron excarceladas;
3. personas que obtuvieron libertad plena, con el levantamiento de las causas y restricciones judiciales.
¿Libertad?
Hay un aspecto todavía más grave. Una persona puede salir físicamente de una cárcel y seguir sin ser libre. Muchos de los recientemente excarcelados han quedado sometidos a obligaciones de presentación periódica ante los tribunales y otras medidas restrictivas. Una verdadera política de amnistía no puede limitarse a abrir las puertas de las cárceles.
Para JEP, la verdadera medida de la amnistía no es cuántas personas anuncia el gobierno que ha beneficiado, sino cuántos presos políticos recuperan efectivamente su libertad, cuántos quedan todavía excluidos y si la persecución política realmente termina. Y hay un segundo argumento todavía más potente: JEP no considera que la disminución del número de presos sea suficiente para afirmar que Venezuela ha dejado atrás la represión política.
La libertad debe incluir, cuando corresponda, el cierre de los procesos judiciales, el levantamiento de las medidas cautelares, la eliminación de las restricciones de movimiento, la restitución de derechos políticos y la garantía de que la persona no será nuevamente perseguida por los mismos hechos. De lo contrario, se corre el riesgo de convertir la excarcelación en una forma sofisticada de control.
La lección es clara: amnistía no significa simplemente salir de una celda. Significa dejar de ser perseguido por razones políticas. Significa que no ocurran casos como el de Sixto José Salamanca Jiménez, que llevaba detenido desde el 13 de diciembre de 2019, es decir, casi siete años. Salamanca fue excarcelado el viernes 14 de agosto de 2026 y cuatro días después, el martes 18 de agosto, fue detenido nuevamente.
¿Y Estados Unidos?
Estados Unidos desempeña actualmente un papel central en la política venezolana. El diálogo entre el gobierno interino y sectores de la oposición está siendo impulsado por Washington y forma parte del plan estadounidense de tres fases para Venezuela. El propio Marco Rubio ha señalado que Estados Unidos está monitoreando de cerca el cumplimiento de los compromisos.
El 14 de agosto, Rubio calificó la liberación de más de 130 presos políticos como un “paso crucial” para la reconciliación nacional y destacó que 1.046 venezolanos habían sido liberados desde enero. Esta es una declaración insuficiente cuando las organizaciones que verifican caso por caso no coinciden con la cifra oficial. Estados Unidos debería exigir algo mucho más elemental: transparencia y verificación independiente.
Si Washington es el principal actor internacional con capacidad de influencia debería exigir:
• publicación inmediata de las listas completas de liberados;
• verificación independiente de cada excarcelación;
• libertad plena y no solamente medidas alternativas;
• cierre de los procesos judiciales por motivos políticos;
• levantamiento de prohibiciones de salida y presentación periódica cuando no exista fundamento penal legítimo;
• liberación de todos los presos políticos restantes;
• garantías de que no habrá nuevas detenciones por razones políticas.
De los gestos a las garantías
La razón de la existencia constante de presos políticos en Venezuela deriva de su importancia como moneda de cambio. El régimen autoritario necesita permanentemente disponer de presos que, llegado el momento, podrán ser liberados para mitigar alguna presión política. De allí la existencia del mecanismo conocido como la puerta giratoria, en la que unos salen y otros los suplantan, de manera que siempre hay unos presos disponibles para canalizar las demandas de la oposición y retrasar negociaciones que amenacen la permanencia en el poder del grupo dominante.
La Venezuela posterior a Nicolás Maduro necesita algo más que gestos de buena voluntad. Necesita instituciones capaces de demostrar que el Estado dejó de utilizar la prisión como instrumento político. La liberación de presos políticos es una condición necesaria para la democratización, pero no suficiente. Si una persona sale de la cárcel para permanecer sometida a vigilancia judicial, sin poder salir del país, sin poder participar plenamente en política y con la amenaza de una nueva detención, se evidencia que la transición aún está lejos.
El criterio para evaluar la amnistía no debe ser el número anunciado por el gobierno, sino el número comprobado de personas que recuperan realmente su libertad y sus derechos.
Las diferencias entre los anuncios y las cifras que pueden ser verificadas por las organizaciones independientes no son simples discrepancias estadísticas. Cada número representa una persona, una familia y una historia de persecución.
La comunidad internacional debe permanecer atenta al desarrollo del proceso venezolano. Debe observar con detenimiento las brechas entre las declaraciones de los actores políticos y los hechos comprobables, y ejercer presión en favor de la restitución de los derechos humanos de los presos políticos.