En los primeros días de julio se han realizado múltiples detenciones arbitrarias, por parte del régimen de Nicolás Maduro en contra de dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos y sus familiares, como lo son Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reynaldo Cortés, Néstor Astudillo y Yeny Pérez. Dichas detenciones arbitrarias constituyen otro ataque a la libertad sindical y de las OSC que se suma a las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela.
Alcides Bracho es un profesor universitario de química, artista y activista sindical del sector universitario, a quien vinculan a hechos que no se corresponden con su conducta. Gabriel Blanco es un activista sindical de la ciudad de Caracas, que en la actualidad se desempeña como trabajador humanitario y es defensor de derechos humanos.
Alonso Meléndez, Reynaldo Cortez y Néstor Astudillo son militantes del partido político Bandera Roja, pero en reiteradas ocasiones han ejercido el activismo sindical en los estados Guárico y Falcón. Yeny Pérez fue detenida por los cuerpos de seguridad al no poder efectuar la detención de su esposo José Castro (militante del partido Bandera Roja y activista del movimiento sindical), siendo ya una práctica recurrente la aprehensión de familiares para coaccionar la entrega de los sujetos buscados por parte de los cuerpos de seguridad. La ciudadana Yeny Perez fue puesta en libertad el sábado 9 de Julio en horas del mediodía.
Es el caso también del ciudadano Jesús Manuel Berbesí militante del partido Bandera Roja en el estado Táchira, a quien se inició una persecución el sábado 9 de julio en horas de la mañana, como parte del patrón represivo contra ese partido político. Al no dar con su paradero, los funcionarios se presentaron en las viviendas de varios de sus familiares.
Emilio Negrín (abogado, defensor de derechos humanos, sindicalista y Presidente de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial), es el segundo miembro de la Alianza para la Defensa para los Derechos Laborales en Venezuela que es detenido de manera arbitraria por defender derechos, siendo el primero Javier Tarazona, quien se encuentra injustamente detenido desde el 2 de julio de 2021.
El 9 de julio en la noche, el Tribunal Cuarto de control con competencia en Terrorismo, declaró con lugar la solicitud de medida privativa de libertad solicitada por el Ministerio Público en contra del trabajador humanitario Gabriel Blanco, el activista Néstor Astudillo, Emilio Negrín, Alonso Meléndez y Reynaldo Cortes, acusados por supuestos delitos de asociación para delinquir y conspiración.
En Venezuela se han documentado innumerables casos de violaciones a los derechos laborales como despidos injustificados, detenciones arbitrarias, retenciones indebidas de salarios, prohibición de ingreso a las entidades de trabajo, ya sea por ejercer la actividad sindical, por motivos políticos o exigir el cumplimiento de las garantías laborales, lo que se traduce en una política gubernamental aplicada para neutralizar a la disidencia trabajadora.
También cabe recordar que la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela establecida por el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2019, ha documentado y constatado el empleo abusivo de la detención preventiva y de la jurisdicción antiterrorismo como herramientas de persecución contra la disidencia política.
Con información de Alianza de Derechos Humanos Laborales en Venezuela, Partido Bandera Roja, Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia