El viernes 1 de julio se celebró la sesión de adopción del tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de Venezuela. El informe final fue aprobado por el Consejo de Derechos Humanos, lo cual fue utilizado por el gobierno de Maduro para continuar con su propaganda sobre “avances y mejoras” en la situación de derechos humanos, sin especificar ni dar evidencias sobre la implementación de las recomendaciones aceptadas en el anterior ciclo.
El relato del gobierno nuevamente giró en torno a su victimización frente a las medidas coercitivas unilaterales. Según la delegación oficial en Ginebra, “el Consejo de Derechos Humanos reconoció las verdades del país”, en la que “Venezuela ha sido blanco de 502 medidas coercitivas unilaterales y de otras disposiciones criminales e ilegales, directas e indirectas (…) lo que ha privado al país de 99 % de sus ingresos en divisas por exportaciones y de, al menos, 30.000 millones de dólares”. El gobierno complementó esta narrativa afirmando que “asumió nuevos compromisos en derechos humanos”, siguiendo sus consignas al vacío.
En contraste, Venezuela recibió un total de 328 recomendaciones de 115 Estados, incrementándose tanto el número de Estados evaluadores como el de recomendaciones, comparadas con las 274 recomendaciones de 96 Estados del anterior ciclo. Este primer dato, como reseña la organización Civilis, “indica un acumulado de recomendaciones pendientes y una constante preocupación de la comunidad internacional sobre los factores que siguen causando la crisis de derechos humanos y la emergencia humanitaria compleja”.
El Estado venezolano aceptó 221 recomendaciones de las 328, reduciendo, de acuerdo con Civilis, su “récord de disposición a implementar recomendaciones, de 70,4% a 67,4% entre el 2do y 3er ciclo, dejando sin apoyo un total de 107, que tocan temas sustantivos de la crisis”. En general, el Estado aceptó más recomendaciones en los bloques temáticos de derechos económicos, sociales y culturales, derechos civiles y políticos, e institucionalidad democrática, dejando marginado al bloque más sensible para el gobierno, sobre cooperación internacional. De 99 recomendaciones en este último grupo, el Estado ignoró 50 (37 tomó nota y 13 rechazadas), lo que equivale a un 50,5% no apoyadas, evidenciado su conducta sistemática de renuencia a la observancia y exigencia de cumplimiento de la comunidad internacional frente a la agudización de la crisis.
El hecho que el Estado se resista a la cooperación internacional no es casual. Sin cooperación, no sólo no hay monitoreo ni exigencias por parte de la comunidad internacional, sino que se dificulta construir una verdad pública internacional sobre Venezuela. No en vano las recomendaciones que el Estado rechazó en este bloque temático incluyen, entre otras: 1- reconocer y colaborar con la Misión Independiente Internacional de Determinación de los Hechos y 2-revocar la decisión de denuncia del sistema interamericano de derechos humanos. Además, tomó nota de las siguientes: 3- aplicar recomendaciones de la ACNUDH y facilitar una oficina permanente de país; 4-cursar invitaciones a procedimientos especiales; 5-ratificar tratados como la Convención contra Desapariciones Forzadas, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre Derechos del Niño, entre otros instrumentos no ratificados.
El conjunto de recomendaciones rechazadas en las restantes tres áreas temáticas se ven más aún debilitadas a falta de cooperación internacional. Es decir, recomendaciones como reestablecer la independencia de poderes, especialmente el poder judicial, luchar contra la impunidad, celebrar elecciones libres, cesar la represión contra la disidencia y la sociedad civil, y otras más específicas, tienen pocas, sino ninguna, posibilidad de realizarse de espaldas a la comunidad internacional. Es precisamente cerrando las puertas a la cooperación internacional que el Estado ha profundizado la crisis de derechos humanos y humanitaria en todo el territorio.
Esto ratifica que el Estado, contrariamente a como propaga a nivel internacional, no está cooperando, sino rompiendo todas las garantías internacionales. Hoy más que nunca la comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos en persuadir de distintas formas para que Venezuela vuelva al curso del escrutinio público mundial. Urge fortalecer el monitoreo, lo que pasa por revisar y coordinar mejores estrategias.