El más reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (MII) hace graves afirmaciones sobre la responsabilidad de las más altas autoridades del país en violaciones a derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad. Aunque cada afirmación está sustentada de acuerdo con estándares internacionales usados para este tipo de investigaciones, el gobierno de Venezuela no se conformó esta vez con cuestionar la metodología y la integridad de los miembros de la MII, sino que avanzó un paso mas para caer en el bullying diplomático, el cual se ha manifestado de varias formas.
En primer lugar, el representante de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos amenazó a los países que voten a favor de la renovación del mandato de la Misión con tomar “las medidas diplomáticas y políticas pertinentes, en el ámbito bilateral y multilateral”; la amenaza del vocero fue posteriormente ratificada en un comunicado de la Cancillería.
En segundo término, varias embajadas presentes en Venezuela recibieron el mensaje según el cual el gobierno estaría considerando suspender la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), de aprobarse la resolución que extiende el mandato de la MII.
En tercer lugar, el gobierno también ha transmitido mensajes dando a entender que su regreso a la mesa de negociaciones en México estaría condicionada a la no renovación del mandato de la Misión.
Tantas presiones y chantajes pueden llevar a una sola conclusión: el gobierno de Maduro está dispuesto a todo, menos a acoger las recomendaciones de la MII, así como tampoco ha acogido las de la OACNUDH. Ceder a estos chantajes no mejorará la situación de los derechos humanos en Venezuela y, por el contrario, mostrará a un violador de derechos humanos fortalecido, para seguir violando los derechos de la población con la certeza de la impunidad.
Ya Perú dio un paso a un lado con argumentos poco sostenibles; que otros países sigan esta ruta sería una bofetada a las víctimas y sus familiares, quienes creyeron en el sistema de la ONU como una última instancia para obtener justicia. Hacer cálculos políticos con el dolor de las víctimas sería inaceptable.
En ese contexto de bullying diplomático, Venezuela aspira además a la reelección en el Consejo de Derechos Humanos. Algunos países consideran que mantener a Venezuela en el Consejo sería lo mejor, ya que podría apelarse a su compromiso de cooperar con los órganos del sistema de protección de derechos humanos para moderar su actuación. Al respecto cabe preguntarse ¿acaso Venezuela ha demostrado voluntad de cooperación en los tres períodos que ha tenido como miembro en el Consejo? ¿acaso Libia habría violado menos los derechos de sus ciudadanos si no hubiera sido expulsado? ¿acaso Putin se habría inhibido de realizar un referéndum de anexión si permaneciera en el Consejo?
Para lo único que ha servido la presencia de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos ha sido para actuar en alianza con el grupo de los like-minded, con el objeto de bloquear resoluciones que buscan proteger los derechos de los sirios, los Rohingya y muchas otras víctimas, así como para distraer tiempo y recurso en procedimientos especiales de dudosa efectividad. Irónicamente, el gobierno venezolano sostuvo durante todo este tiempo que “cooperaba con Naciones Unidas”. Como los informes de la MII desenmascararon una vez más al gobierno con información contundente, su falso relato ya no engaña y ahora apela a chantajes groseros contra la propia cooperación de Naciones Unidas y los Estados que integran el Consejo de Derechos Humanos.
Solo hay una forma de contener este bullying diplomático y es confrontándolo mediante la aprobación de la resolución que extiende el mandato de la MII y la exclusión de Venezuela como miembro del Consejo de Derechos Humanos.