La falta de cooperación de Venezuela con el sistema internacional de derechos humanos es una constante que viene desde mucho antes de la instalación en el terreno de una presencia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH). Informes retrasados y sin enviar a órganos de tratados, tratados fundamentales sin ratificar, una docena de procedimientos especiales sin ingresar al país, decisiones de órganos de tratados desacatadas y un universo de recomendaciones acumuladas sin implementar. Un hito en esta ausencia de cooperación, contrario a como se intentó presentar, fue instalar la presencia de la OACNUDH en el país de manera secreta, convirtiéndolo en un asunto inescrutable para la sociedad y la comunidad internacional[1].
La falta de cooperación adquirió con el tiempo formas más graves. Desde descalificaciones públicas a los informes de la OACNUDH en el seno del Consejo de Derechos Humanos (CDH), pasando por amenazas directas a la continuidad de su presencia en el terreno, llegando a ser utilizada, con la complicidad de la ex comisionada Bachelet, como instrumento de distracción y propaganda hacia los países del mundo y de chantaje contra el resto de los mecanismos del CDH, principalmente contra la Misión Internacional Independiente de establecimiento de hechos (MII)[2].
A medida en que se sumaron más informes y declaraciones públicas de diversos mecanismos de derechos humanos, el gobierno venezolano no sólo retrocedía más en la materia, lo que se observa en las evaluaciones de institucionalidad democrática, emergencia humanitaria compleja, espacio cívico y cooperación internacional, derivadas del reciente EPU[3], sino que al mismo tiempo recrudecía sus ataques contra la MII y la OACNUDH. La agresión del gobierno de Maduro degeneró finalmente a un bullying diplomático en pleno CDH contra los países que promovieran o votaran a favor de la renovación del mandato de la MII[4], extendiéndose a considerar la suspensión de la presencia de la OACNUDH en el país y la mesa de negociaciones en México si esto ocurría[5].
Al fin, la falta de cooperación resultó en la renovación de la MII, su derrota como candidato a la reelección en el CDH y además llamamientos firmes del CDH a cesar la represión, permitir elecciones auténticas y cooperar con los procedimientos especiales, entre otros. Ha surgido un mensaje claro y actualizado desde el organismo más importante para la promoción y protección de los derechos humanos a nivel mundial: Venezuela continúa siendo un Estado que viola sistemáticamente los derechos humanos de su población y enfrenta indicios serios de crímenes de lesa humanidad. Estos hechos configuran una nueva realidad internacional para Venezuela que obliga a discutir sobre la etapa que se transita.
En esta realidad emergente algunas preguntas obligadas son ¿qué sigue ahora? y sobre todo, ¿cómo garantizar que la supervisión internacional sobre Venezuela sea consistente, atinada y eficaz según el desarrollo de los acontecimientos? Aquí es donde aparece el nombre de Volker Turk. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos está llamado a ejercer un papel fundamental en impulsar a Venezuela a cooperar de verdad con el sistema de derechos de la ONU, en cumplimiento de lo que ha pedido reiteradamente el CDH y sus mecanismos.
Para lograr este objetivo de cooperación, hay acciones estratégicas de cumplimiento inmediato a cargo de Alto Comisionado. Primero, debe remover el carácter confidencial de la carta de entendimiento que renueve la presencia de la OACNUDH en el país, asegurando un proceso transparente, participativo y garantista para la vigilancia de los derechos humanos en el terreno. Segundo, debe elevar el rango de los funcionarios que integran la presencia en el país. Tercero, apoyar institucional y financieramente el trabajo de la MII. Cuarto, debe crear, en consulta con la sociedad civil y actores interesados, indicadores objetivos sobre la base del conjunto de recomendaciones pasadas que permitan evaluar la voluntad, así como posibles progresos y retrocesos, del gobierno en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Quinto, debe asegurar y ejercer un mandato balanceado de asistencia técnica y protección[6].
La sociedad civil deberá repensar su trabajo a la luz de esta realidad internacional y ajustar sus responsabilidades para alentar al Estado venezolano a entrar por el camino de la cooperación; y los países democráticos deberían sumarse a esta estrategia. Tener a un nuevo Alto Comisionado y una correlación de fuerzas favorables en el CDH –al menos por ahora-, deberían ser las premisas sobre las cuales construir una agenda por la cooperación.
[1] https://alertavenezuela.org/blog/2022/05/11/ni-cooperacion-ni-mejoras-repitiendo-un-tsj-para-profundizar-la-crisis/; https://alertavenezuela.org/blog/2022/07/06/venezuela-se-despide-del-epu-debilitando-la-cooperacion-internacional/
[2] https://alertavenezuela.org/blog/2022/04/29/la-narrativa-de-cooperacion-del-gobierno-de-maduro-es-falsa-pero-tiene-aliados/;
[3] https://alertavenezuela.org/blog/2022/07/06/venezuela-se-despide-del-epu-debilitando-la-cooperacion-internacional/;
[4] https://alertavenezuela.org/blog/2022/09/28/alertavenezuela-participo-en-dialogo-interactivo-con-la-ffmv/
[5] https://alertavenezuela.org/blog/2022/10/04/el-bullying-diplomatico-de-venezuela/
[6] https://alertavenezuela.org/blog/2022/09/09/lo-que-espera-venezuela-de-volker-turk/