El 7 de octubre, en el marco de un acto político del partido de gobierno, Nicolás Maduro expresó su intención de realizar elecciones presidenciales en 2024 “o antes (…) en 2023”, luego de un intercambio verbal con un gobernador oficialista sobre el tema. Horas más tarde el servicio de prensa presidencial emitió un tuit confirmando lo anterior:“#ÚltimoMinuto | Presidente @NicolasMaduro no desestima adelanto de elecciones en Venezuela”[1].
Esta nueva injerencia de Maduro sobre lo electoral se produce a pocos días de su anuncio del 12 de septiembre en el que afirmó que habrá “elecciones regionales, municipales y parlamentarias en 2025”, junto a su voluntad de ir a “elecciones presidenciales en 2024”[2].
Al menos desde el Examen Periódico Universal (EPU) más reciente, y después de los informes de la ONU y la UE sobre el proceso electoral de noviembre de 2021, el gobierno viene ofreciendo señales consistentes de su indisposición de medirse en unas elecciones auténticas, sea rechazando recomendaciones en la materia[3], sea emitiendo actos para interferir en el proceso[4]. La ausencia de condiciones y garantías mínimas para elecciones en el país se traducen en la impunidad que goza Maduro para moldear la agenda electoral según sus intereses y modificar a cada momento las reglas de juego. Un poder acumulado para gestar fraudes electorales, tildarlos después de “elecciones”, y sacar cada vez mayor provecho de su posición de ventajismo desproporcionado.
No existen costos políticos para el gobierno por sus declaraciones públicas ni por todas las actuaciones y omisiones que constituyen un entorno restrictivo para la realización de elecciones auténticas. Una manera de generar esos costos es asumir el tema electoral como una demanda básica de derechos humanos. Cada vez que Maduro asegura, entre otras cuestiones, que adelantará elecciones, o realizará “megaelecciones”, no está simplemente perjudicando a la oposición política, lo cual es evidente. Esas declaraciones están consolidando un sistema de abusos que, aunque afectan el derecho de todos los venezolanos a elecciones libres, producen un impacto diferenciado en un grupo particular: en los más de 4 millones de venezolanos que por vivir en el exterior ven más lejos su derecho a participar. Dado que la movilidad transfronteriza continúa, el número de venezolanos discriminados va en aumento[5].
La inclusión en el sistema electoral de los venezolanos en el exterior no tiene suficientes dolientes. Quizá una de las razones es que la gravedad de este problema no se comprende. La situación de un venezolano en Venezuela que puede votar, aun enfrentando condiciones de ventajismo oficial desmedido, no es igual a la de un venezolano en el exterior que ni siquiera puede registrarse. El último es víctima de una lógica de discriminación que apunta a venezolanos afuera del país a través de obstáculos prácticos, descalificaciones e incluso la difusión de narrativas dañinas, lo cual ha coincidido con impedimentos particulares al disfrute de sus derechos, en particular los de identidad, protección consular y participación política[6].
El gobierno sigue tratando a los venezolanos en el exterior como personas indignas de participar en lo público. Su misma condición de excluidos electorales ha resultado en desesperanza y desconfianza en el sistema democrático. Una realidad donde el gobierno no ha facilitado espacios para resolver este tema y que, por el contrario, lo desplaza sembrando divisiones y reprimiendo el espacio cívico. no puede ser tratado por parte de la sociedad civil y las fuerzas políticas, como un tema subordinado, es decir, minimizando la centralidad de las elecciones invocando supuestas razones más importantes. La demanda por elecciones auténticas debe desarrollarse con la misma intensidad que el reclamo por otros derechos humanos y la crisis humanitaria. Lo que está en juego no es nada menos que la posibilidad de cambiar al sistema responsable de la existencia de una emergencia humanitaria compleja.
AlertaVenezuela ha llamado en anteriores oportunidades a priorizar la agenda electoral garantizando el derecho al voto de los venezolanos en el exterior[7]. El establecimiento de una hoja de ruta basada en las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la UE se hace más urgente a medida en que se cierne la amenaza un nuevo chantaje electoral. Es fundamental poner en práctica una plataforma social amplia en defensa del derecho a participar en un proceso electoral sin restricciones indebidas.
[1] https://twitter.com/presidencialven/status/1578504208663269376
[2] https://alertavenezuela.org/blog/2022/09/15/es-tiempo-de-elecciones-libres/
[3] https://alertavenezuela.org/blog/2022/07/19/el-estado-venezolano-se-opone-publicamente-a-elecciones-libres/
[4] https://alertavenezuela.org/blog/2022/09/15/es-tiempo-de-elecciones-libres/; https://alertavenezuela.org/blog/2022/06/23/reformas-nuevos-organos-y-monitoreo-internacional-pero-sin-elecciones/
[5] https://www.r4v.info/es/refugiadosymigrantes
[6] https://elucabista.com/wp-content/uploads/2021/04/2021-03-30.-Desprotegidos.-Impacto-de-la-ausencia-de-servicios-consulares-en-los-derechos-de-la-poblacion-venezolana-en-el-exterior.pdf
[7] https://alertavenezuela.org/blog/2022/09/15/es-tiempo-de-elecciones-libres/; https://alertavenezuela.org/blog/2022/06/23/reformas-nuevos-organos-y-monitoreo-internacional-pero-sin-elecciones/