El 12 de septiembre de 2022, en el marco de un acto político del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro anunció que se realizarán en el país elecciones presidenciales en 2024 y elecciones conjuntas de diputados a la Asamblea Nacional, gobernadores y alcaldes durante el 2025. Estos señalamientos se emitieron sin mediar previo pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral, por lo que se manifiestan como órdenes directas a la autoridad electoral, en violación del principio de separación de poderes.
La injerencia de Maduro en la definición de la agenda electoral va más allá de un problema de institucionalidad democrática que lleva años deteriorándose sin horizontes de mejora, sino que vuelve a posicionar crudamente en la escena política los problemas de derechos humanos más elementales que impiden a los venezolanos el derecho a elegir sus autoridades públicas.
En el caso de los comicios presidenciales, las declaraciones de Maduro reiteran su voluntad de someterse al voto bajo sus propios términos, esto es, sin hacerse cargo de ninguna de las restricciones existentes que niegan cualquier posibilidad de elecciones libres, auténticas y universales en Venezuela. Basta recordar que todavía hay más de 4 millones de venezolanos en el exterior que no participan en elecciones, o que continúan las intervenciones a candidatos y partidos opositores, o que el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, luego de las reformas al sistema de justicia, siguen copados de partidarios del gobierno.
En el caso de las megaelecciones, tales condiciones facilitan al gobierno apoderarse simultáneamente de la mayoría de los espacios de poder sin preocuparse por ningún contrapeso institucional ni civil que le obligue a competir, como exige una elección. Este tipo de comicios, además de los desafíos técnicos y políticos que conlleva, derivan en la ausencia de cronogramas electorales claros y justos, incrementando con ello los niveles de opacidad y arbitrariedad sobre las distintas fases y actividades electorales, en perjuicio de la oposición.
La coincidencia de año no es un problema para el derecho constitucional ni de derechos humanos. Lo es el riesgo grave e inminente de recrudecer el circuito del poder autoritario en Venezuela que escalaría a una nueva fase con una pseudo-elección presidencial y luego la fusión arbitraria de tres procesos distintos bajo una misma “elección”. El gobierno de Maduro acaba de ratificar ante el EPU que no implementará cambios para permitir elecciones libres[1] y ha reafirmado su disposición de mantenerse así con su anuncio político del 12 de septiembre.
Así como ocurrió al cierre del EPU, el poder de facto nuevamente manda mensajes clave en el terreno electoral en medio de gestiones políticas orientadas a restaurar la mesa de negociación en México. Es la postura estratégica del Estado de desatar mayores amenazas para no perder cuotas de poder, o en el mejor de los casos, dar concesiones insignificantes.
Este modus operandi no puede seguir instalándose impunemente a la vista de la comunidad internacional. Ya son muchas las experiencias y los errores que se repiten. Como punto de partida, la crisis política no debe manejarse de espaldas a la ONU, por lo que sus más altos niveles políticos, junto al respaldo de la comunidad internacional, deberían involucrarse teniendo como pautas las recientes recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la UE para convertirlas en una hoja de ruta hacia 2024 y en adelante en el plano electoral.
Un compromiso más activo de Naciones Unidas y su articulación estratégica con la comunidad internacional en torno a una agenda clara y compartida es una de las condiciones necesarias para avanzar hacia un paradigma de respuesta estructural y propositiva que trascienda el enfoque precario de mitigar las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja. Ya es hora de reorientar nuestros esfuerzos como aliados por la democracia en Venezuela para atacar la raíz más profunda de esta crisis multidimensional: la concentración del poder político.
[1] https://alertavenezuela.org/blog/2022/07/19/el-estado-venezolano-se-opone-publicamente-a-elecciones-libres/; https://alertavenezuela.org/blog/2022/06/23/reformas-nuevos-organos-y-monitoreo-internacional-pero-sin-elecciones/