El Observatorio Electoral Venezolano (OEV, por sus siglas en español) ha presentado en su Boletín N° 47 importantes conclusiones en materia electoral sobre el Examen Periódico Universal de Venezuela. Las observaciones llegan en un momento donde se aún se evalúa el reimpulso de las negociaciones entre el gobierno y la oposición y exhortan a la sociedad civil y la comunidad internacional a focalizar sus estrategias en pro de elecciones libres en Venezuela.
En un recuento general de la organización CIVILIS, de un total de 328 recomendaciones dirigidas al Estado venezolano, el cumplimiento de compromisos internacionales fue el bloque con más recomendaciones (33,8%), seguido por el de institucionalidad democrática (23%). El Estado rechazó un total de 59 recomendaciones entre ambos bloques, negando su voluntad en temas como la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos (MII), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la independencia judicial, las elecciones democráticas, investigar al FAES (policía de exterminio), liberar a los presos políticos, poner fin a la represión y criminalización, reestablecer medios clausurados y revocar la Providencia Administrativa 002 (que pone en jaque a la sociedad civil). Según estos números, el Estado se opone claramente a recomendaciones que son fundamentales para recuperar la democracia y la vigencia de los derechos humanos.
De las 59 recomendaciones no apoyadas, 6 fueron en material electoral, de un total de 10. Según el OEV, las 6 recomendaciones desestimadas tienen en común la exigencia por elecciones libres. Francia y Georgia coincidieron en una salida negociada a la crisis mediante elecciones presidenciales y legislativas libres y justas; Israel y Brasil coincidieron en que garantizar elecciones libres y transparentes sirve para “restaurar la democracia en el país”; Reino Unido y Chile coincidieron en poner sobre la mesa los elementos institucionales clave de las elecciones libres, como “respetar la independencia de los partidos políticos, levantar las inhabilitaciones arbitrarias a disidentes, no anular la voluntad popular por decisiones judiciales” y en general, “garantizar la independencia del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia”.
En contraste, el Estado apoyó la recomendación complaciente de Bielorrusia de “presentar su nuevo y moderno sistema electoral (…) como una experiencia positiva de participación política” y la recomendación genérica de Noruega de “seguir buscando soluciones pacíficas e inclusivas mediante negociaciones en beneficio del pueblo venezolano”. Además, el Estado consideró que la recomendación de Nueva Zelanda de “velar por el respeto de los derechos democráticos (…) en los procesos electorales”, y de Ucrania, de “tomar todas las medidas necesarias para garantizar un proceso electoral libre (…)”, estaban siendo implementadas.
De esta manera, Venezuela no acepta recomendaciones para superar la crisis mientras que da la bienvenida a aquellas que le permiten mantener el statu quo. En palabras oficiales, el grupo de recomendaciones rechazadas, “se alejan del espíritu constructivo del EPU y constituyen muestra concreta del uso politizado de los derechos humanos para atacar a un Estado soberano”, en tanto que el grupo de recomendaciones aceptadas, “fueron redactadas con espíritu constructivo y en estricto apego a los principios fundacionales del EPU”.
“La politización del tema electoral” a que se refiere el Estado venezolano no es más que una forma de descalificación reiterada de la crisis, que además intenta ocultar la centralidad que ha adquirido el asunto electoral para la comunidad internacional. Existe un interés mundial creciente que busca avanzar en la agenda electoral como llave fundamental de la crisis venezolana. Según el OEV, la “proporción creciente de recomendaciones electorales en los EPU de Venezuela (cero en el primer ciclo, cinco en el segundo y diez en el tercero) puede ser interpretada como una advertencia de la comunidad internacional sobre deterioros y fallas en el anterior ciclo electoral venezolano, que no deberían repetirse en el próximo ciclo”.
En un contexto de creciente atención internacional sobre la problemática electoral, el mensaje vigente del Estado, sin embargo, es desafiante y a la vez alarmante: no hay voluntad política ni siquiera de considerar la opción de elecciones libres en el porvenir. Esta afirmación debe comprenderse en su totalidad. Si se toma en cuenta el análisis de AlertaVenezuela donde se explica por qué Venezuela se despidió del EPU debilitando la cooperación internacional, se deriva que lo del Estado no es sólo un “mensaje”, sino una posición de Estado, que saldrá más fortalecida en la medida en que el gobierno continúe desacatando las recomendaciones de, y cerrando las puertas a, los mecanismos independientes de supervisión internacional como la MII, la CIDH y los Procedimientos Especiales de la ONU, y debilitando aún más, mediante presiones políticas, a los mecanismos existentes en el terreno, como en el caso de la presencia de la OACNUDH en el país.
Venezuela ha dicho públicamente, y de manera inequívoca, que no quiere elecciones auténticas. En ausencia de elecciones, ¿qué otra salida legítima existe? Sin elecciones el empeoramiento de la crisis y el mal de seguir paliando las consecuencias -con cada vez más dificultades- están asegurados. Los aliados por la democracia y los derechos humanos en Venezuela deben entender la importancia estructural de esta cuestión y refinar las estrategias de incidencia para impulsar como una de las más altas prioridades, sino la principal, la celebración cuanto antes de elecciones libres, confiables y auténticas en Venezuela.