El 27 de abril de 2022, 19 ongs, entre ellas AlertaVenezuela, publicaron una carta dirigida al Presidente de Argentina, Alberto Fernández, contestando a sus declaraciones previas donde afirmó que la situación de Venezuela “había mejorado” porque “muchos de sus problemas se habían disipado”, focalizando su diagnóstico en que el gobierno de Maduro había retomado presuntamente la senda electoral. Esta postura polémica fue respaldada por la portavoz del gobierno argentino, Gabriela Cerruti, quien sugirió que en Venezuela “hay democracia”.
La misiva fue una oportunidad para pedir por la liberación del defensor Javier Tarazona, detenido aún por las fuerzas de inteligencia, con delicado estado de salud y sometido a torturas. La comunicación a Fernández pone en contexto los abusos impunes cometidos por el gobierno, todos los cuales han sido verificados por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, en quien el propio Fernández había basado su perspectiva para sostener exactamente lo contrario.
AlertaVenezuela ha denunciado anteriormente que la postura ambigua y silenciosa de la OACNUDH sobre la crisis venezolana está siendo utilizada por distintos actores relevantes para hacerse eco de un país de ficción en el que habría presunta cooperación en materia de derechos humanos. Actores, que incluyen a presidentes, personal diplomático y “analistas”, están viendo un “vaso medio lleno” que oculta los problemas al calificarlos como “oportunidades” y afirma sin evidencia empírica que el país se encontraría mejor.
El régimen de Maduro ha puesto en marcha una narrativa de “cooperación” apoyándose en la OACNUDH como caja de resonancia. Lamentablemente, hoy en día la OACNUDH no ha puesto freno a las manipulaciones del gobierno, cuando conoce que tal “cooperación” es falsa. No ha existido nunca porque ninguna de las más de 60 recomendaciones de la OACNUDH han sido implementadas en ninguna de las cuatro temáticas más gruesas denunciadas por ella misma, como lo son la desinstitucionalización democrática (falta de independencia de poderes), crisis humanitaria (abandono total de la población), cierre del espacio cívico (persecución de la disidencia real o percibida) e incumplimiento de compromisos internacionales (oposición al trabajo de monitoreo y protección internacional detodos los mecanismos de la OEA y la ONU).
Lo que intenta imponerse es una ilusión de cooperación construida por discursos de la OACNUDH que celebran anuncios sin implementarse (por ejemplo, la política de exterminiode la FAES, todavía continúa operando) cambios legales que dejan intacta la concentración del poder (véase nuestro análisis a las reformas del sistema de justicia), y medidas aisladas de alivio individual, tales como excarcelación de un preso político, cuando se detienen cientos más que no tienen dolientes afuera (véase reportes de la sociedad civil en general). La política ambigua y silenciosa de la OACNUDH está saliendo muy costosa en la medida en que pretende relativizar la crisis de derechos humanos, política y humanitaria.
El gobierno despliega una estrategia amplia de “normalización” para lavar su imagen, que ha encontrado aliados con diversos intereses en la crisis venezolana. Eso es lo que denuncia fundamentalmente la carta dirigida a Alberto Fernández, pero también es un reclamo tácito a la sociedad civil venezolana para redoblar sus esfuerzos en desmantelar el discurso de “cooperación”. Aquí nuestro punto de partida es sincero: nosotros, la sociedad civil, somos la contranarrativa; el gobierno, la narrativa que va ganando fuerza. Desde ese lugar hay que reimpulsar las acciones de incidencia, destacando con nitidez la particularidad de nuestra crisis. No somos Sudán del Sur, Yemen, Nicaragua, ni otro país, principalmente porque, además de nuestras violaciones sistemáticas de derechos humanos que motivaron la apertura a investigación de la CPI, enfrentamos un gobierno más astuto.