El 26 de abril, la cuestionada asamblea nacional electa en 2020 (en adelante AN), después de un proceso que violó los plazos legales, designó a los “nuevos” magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a sus suplentes, a la Inspectora de Tribunales y al Director de la Escuela Nacional de la Magistratura. El TSJ de nuevo no tiene nada: de los 20 magistrados en total que conforman al TSJ, repiten 12 del periodo anterior (60%).
La mayoría de los repitientes se encuentran en las salas Constitucional, Penal, Político Administrativa y Electoral. Además, de esos 12 magistrados repitientes, que violan el límite de un periodo de 12 años según el artículo 264 de la Constitución, cinco formaron parte de aquellos nombramientos exprés de 2015, denunciados como violatorios de la ley, porque evitaron que ese procedimiento quedara en manos de la AN con mayoría opositora que tomó posesión desde 2016. Además, la decisión de la AN permitirá que al menos un magistrado (Malaquías Gil) pase 24 años en el TSJ, mientras que una magistrada (Gladys Gutiérrez) estará más de 20.
La organización Acceso a la Justicia denunció que “el ‘nuevo’ TSJ, como su antecesor, está claramente identificado con el Gobierno de Nicolás Maduro”. Como manifiesta dicha organización, sólo son 2 magistrados los que no han ocupado cargos en la administración actual o en la previa de Hugo Chávez ni han militado en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aunque uno de ellos mantiene vinculación cercana con el oficialismo.
La preservación de esta vieja estructura de poder en el TSJ significa alargar la falta de justicia y sufrimiento de las víctimas de derechos humanos en todo el país a costa de la impunidad de los victimarios y la reproducción de la crisis. No puede hablarse de redemocratización y “mejoras” en la situación de derechos humanos en el país sin un Poder Judicial autónomo, imparcial y eficaz, lo que ha sido denunciado consistentemente por todos los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los Procedimientos Especiales y Órganos de Tratados de Naciones Unidas, y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
AlertaVenezuela insiste en que tampoco la cacareada narrativa de “cooperación” con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y recientemente con la Oficina de la Corte Penal Internacional han conducido a cambios en la crisis venezolana. Por lo contrario, ha sido con estos mecanismos internacionales en el terreno que el Estado ha avanzado en asegurarse el poder político. No sólo el “nuevo” TSJ lo demuestra, sino el constante cierre del espacio cívico que mantiene a defensores como Javier Tarazona en prisión y que ahora desempolva un proyecto de ley de cooperación internacional que va por la cabeza de las organizaciones de la sociedad civil y, con ellas, de todas las víctimas de la emergencia humanitaria compleja.
La extensión del poder político y económico del gobierno, junto al cierre progresivo del espacio cívico y la propagación de la crisis humanitaria en las regiones y poblaciones más olvidadas, están ocurriendo dentro del marco de “cooperación” con organismos internacionales de derechos humanos. Aunque teñida de complejidad aparente, la respuesta es sencilla. En realidad, no hay ninguna cooperación, sino un intento del Estado por usar esos mecanismos internacionales como fachada institucional de una supuesta normalización de la situación de derechos humanos para mitigar la presión internacional. Es en esta narrativa político-comunicacional que está pretendiendo vender la perspectiva del “vaso medio lleno” donde hace más falta profundizar la denuncia y el monitoreo proactivo sobre la crisis nacional.
No se puede seguir invisibilizando los problemas estructurales del país con relatos fantasiosos que benefician a unos pocos. Venezuela está empeorando a pasos agigantados porque el Ejecutivo Nacional sigue rompiendo las pocas resistencias de democracia y derechos humanos existentes. No en vano una investigación formal de la Corte Penal Internacional está en curso.