El lunes 26 de septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) realizó el diálogo interactivo con la Misión Internacional Independiente de investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela. Varios hechos destacan del informe presentado y del diálogo interactivo.
Primero, tal como expresó AlertaVenezuela en su intervención en el diálogo interactivo[1], hay cuatro expresiones clave en este informe: Plan deliberado, alto nivel, lesa humanidad e impunidad. Son palabras que se repiten a lo largo del informe y que quedan sustentadas con un impresionante acervo probatorio que incluye mapas, estructuras de mando y otros elementos que evidencian la responsabilidad del Estado. Se trata de acciones que la Misión no duda en calificar como deliberadas, parte de un plan, y no como hechos aislados o producto de iniciativas individuales. Esto incluye el Arco Minero del Orinoco, donde las violaciones a derechos humanos ocurren en un territorio que se encuentra militarizado.
Segundo, el informe sacudió al Consejo. Ello se refleja en las expresiones usadas por los representantes de diferentes países en sus intervenciones. Más allá de términos usuales en el mundo diplomático como “preocupante”, en este diálogo los delegados usaron expresiones como “shock”, “consternación”, “impactante”, para calificar los hallazgos del informe.
Tercero, Venezuela no solo descalificó, sino que adoptó una actitud amenazante. El representante del Estado no se conformó con sus ya conocidas maniobras para descalificar al mensajero, cuestionando la metodología y las supuestas motivaciones políticas del mandato de la Misión. El vocero oficial advirtió que los Estados que voten a favor de la renovación del mandato de la Misión se enfrentarán con represalias, sosteniendo que el gobierno: “alerta a los promotores de esta iniciativa que tomará las medidas políticas y diplomáticas pertinentes (…) frente a cualquier intento de seguir prolongando el mandato de este mecanismo de agresión”. Es decir, así como en Venezuela se sanciona y se persigue la disidencia y el voto opositor, ahora el régimen de Maduro amenaza abiertamente a otros países si votan para mantener el mecanismo de investigación. Así, el gobierno muestra su verdadero rostro, muy distinto al de un supuesto Estado colaborador del sistema de derechos humanos, merecedor de la reelección en el Consejo de Derechos Humanos.
Cuarto, se trata de un informe inconcluso. Uno de los informes identificó seis estructuras represivas, pero solo alcanzó a documentar y desarrollar los modus operandi de dos de ellas, por lo que falta investigar a profundidad las otras cuatro estructuras. Además, el informe sobre el Arco Minero del Orinoco identifica otros actores armados que afectan los derechos de la población en los territorios que dominan, incluyendo pueblos indígenas, niños y mujeres. Esto evidencia la necesidad de renovar el mandato de la Misión, para profundizar la investigación sobre estas estructuras y sobre el impacto de grupos armados irregulares que actúan con anuencia o complicidad de las autoridades.
Quinto, la Misión no ha contado con el apoyo necesario. En términos diplomáticos acordes con su función, la Misión reclama en su informe que “Es urgente que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) encuentre una solución que asegure que los procesos de reclutamiento sean compatibles con los términos temporales de mecanismos como la Misión para permitir el desarrollo pleno de su potencial de investigación”. Al igual que la represión en Venezuela, esto también es parte de un plan deliberado. La Alta Comisionada Bachelet nunca brindó a la Misión el apoyo necesario. Por el contrario, quiso impedir su creación y cuando no lo logró la excluyó de todo apoyo, más allá de lo mínimo indispensable, al punto que en sus 11 intervenciones ante el Consejo de Derechos Humanos, no hizo ni una sola referencia a la Misión, a diferencia del trato que tuvo hacia otros mecanismos de investigación creados por el Consejo. Tras tres años de trabajo de la Misión, los hechos están en proceso de ser establecidos, para alcanzar la justicia que reclaman las víctimas. La continuación de este importante trabajo dependerá de la renovación de su mandato y de que el nuevo Alto Comisionado le brinde el apoyo financiero y el respaldo institucional necesarios para realizar su labor. Los países democráticos y los donantes tienen un clave papel para el logro de estos propósitos.
[1] https://alertavenezuela.org/blog/2022/09/26/consejo-de-derechos-humanos/