El más reciente informe de AlertaVenezuela, Una tragedia ignorada, nos confronta con varios hallazgos preocupantes. Uno de ellos tiene que ver con las expectativas de la población ante un posible cambio de gobierno y la manera en que este podría impactar el comportamiento de los grupos armados irregulares con control de territorio y capacidad de gobernanza en Venezuela.
Cuando, en el curso de la investigación, se les preguntó a algunos entrevistados qué podría pasar con estos grupos armados irregulares en el escenario hipotético de que la oposición gane las elecciones de 2024, de manera casi unánime, los entrevistados usaron expresiones como «desastre», «caos», «generaría resistencia», «sería horrible para la frontera», «podría dar pie a un conflicto armado».
Estas respuestas surgieron sin titubeo por parte de personas que viven en zonas sometidas al control territorial de grupos armados irregulares y que durante años han sufrido los rigores de su dominio. No son sus simpatizantes; son sus víctimas, pero también han aprendido que estos les están brindando cierta seguridad que les fue negada por funcionarios ineficaces y corruptos del gobierno.
Lo que manifiestan las respuestas de estos entrevistados es que no se avizora un escenario de sometimiento pacífico de los grupos armados irregulares frente a una eventual autoridad diferente a la que han detentado el poder en Venezuela durante las últimas dos décadas. La única razón por la que los grupos armados irregulares que han proliferado en el país no desafían al poder es porque saben que pueden seguir llevando a cabo sus negocios ilícitos siempre y cuando no traspasen ese límite intangible que separa el poder focalizado del poder oficial.
El sometimiento de los grupos armados irregulares y la recuperación del control territorial no es asunto que preocupe a quienes detentan el poder. Por el contrario, se trata de grupos que le resultan funcionales. Son sus perros bravos y no les van a poner bozal, pues están allí para intimidar a opositores reales o percibidos, sin generar costos políticos para el gobierno en materia de derechos humanos.
Por su parte, la oposición tampoco parece querer hablar de la existencia de grupos armados irregulares que controlan territorio, bien sea por ignorancia y temor a lo desconocido, o porque se siente incapaz de manejar la situación y teme que puede convertirse en una caja de Pandora.
Si la oposición tiene algún interés de recuperar la democracia y la institucionalidad, no puede soslayar el tema y debe prepararse ya para comenzar a tener presente la existencia de estos actores. No se trata de incluir a representante de un colectivo armado en la mesa de México, pero sí de comenzar a pensar seriamente en estrategias de transición que tengan en cuenta la existencia de los actores armados irregulares, en especial de aquellos que tienen control territorial y capacidad de gobernanza.
Es imperioso comenzar a explorar mecanismos y experiencias de desmovilización de grupos armados y de recuperación gradual del territorio con alternativas viables de inserción para quienes ejercen control armado. La comunidad internacional puede apoyar con experiencias y facilitar mesas de trabajo en las que se examinen alternativas.