La “normalización institucional” en Venezuela no ha dejado de ser una ficción. La ruptura del hilo democrático y constitucional continúa. El 15 de junio la crisis tomó una nueva forma a través de la remoción arbitraria de dos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte de la ilegítima asamblea nacional de 2020, lo cual ocurrió luego de la renuncia conjunta de los tres rectores vinculados al oficialismo, quienes no suministraron razones sobre el hecho.
La renuncia y posterior remoción arbitraria de rectores del CNE se produce días después de que la oposición venezolana manifestara su intención de solicitar la asistencia técnica del CNE para su proceso de primarias. A juicio de expertos electorales, esta maniobra hace más difícil que el CNE apoye técnicamente las primarias y deja las puertas abiertas para la composición de una directiva del organismo electoral que responda mejor a los intereses del gobierno, a diferencia de la anterior directiva, que incluía a dos rectores relacionados a la oposición que fueron clave para permitir la presencia de la observación electoral de la Unión Europea. Ahora el viso de institucionalidad que el CNE venía construyendo fue quebrado por el gobierno, quien además controla a los poderes legislativo y judicial.
En un país donde no hay Estado de Derecho es imposible que exista una supuesta normalización ni mejoras de ningún tipo si no se revierten los problemas estructurales de falta de independencia de los poderes públicos y de irrespeto sistemático al ejercicio de la disidencia política. Ninguna de las medidas que el gobierno de Maduro ha tomado ha sido para democratizar el poder político ni económico, sino todo lo contrario, tienden consistentemente a concentrar aún más la toma de decisiones en el gobierno nacional, fortaleciendo su capacidad de aplicar severas sanciones para quienes decidan apartarse de la línea del partido.
Como muestra, dos trabajadores y miembros de la directiva de la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR), Leonardo Azocar y Daniel Romero, fueron arrestados el 11 de junio por miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), imputados por los delitos de agavillamiento, asociación para delinquir e instigación al odio, y fueron privados de libertad por un tribunal en el estado Bolívar luego de encabezar cuadro días de huelga dentro de las instalaciones de la empresa. El abogado defensor Eduardo Torres denunció la violación a sus derechos a la libertad sindical, libertad personal, derecho a la defensa, presunción de inocencia y acceso a la justicia, entre otros, que siguen engrosando la lista de casos por crímenes de lesa humanidad por razones de persecución y encarcelamiento contra la disidencia real o percibida en Venezuela. También fue denunciado que la vivienda de Yuxcil Martínez, trabajador de Sidor, fue allanada por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) la tarde-noche del miércoles 14 de junio. Existe a la fecha una persecución sostenida contra los trabajadores de Sidor por exigir sus derechos laborales.
Desde el 7 de junio, los trabajadores de las empresas básicas y los sindicalistas se mantienen en protesta. En esa oportunidad, el sindicato decidió paralizar Planta de Pellas en reclamo por los bajos salarios, la inexistencia del servicio de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) y el impago de prestaciones sociales. Además, la Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG) emitió un comunicado sobre la detención arbitraria de Azócar, Romero y Juan Cabrera, recordando que estas violaciones ocurrían mientras se llevaba a cabo la 111° Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, un ente con el cual el gobierno intenta ponerse al día. Sin embargo, el gobierno propaga sus falsas narrativas en los foros internacionales mientras continúa reprimiendo a su población puertas adentro con poco o ningún costo político.
Días más tarde, el fiscal general impuesto por la asamblea nacional constituyente ordenó la detención de agricultores que se vieron forzados a deshacerse de una parte de sus cosechas por no tener gasolina para transportar sus productos. Dos productores fueron detenidos en los estados de Mérida y Trujillo. Aunque fueron liberados días más tarde, ya el mensaje está transmitido a quienes se atrevan a disponer de sus cosechas, aunque el gobierno no sanciona a sus propios funcionarios responsables por la escasez de combustible.
AlertaVenezuela llama a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos en la situación de derechos humanos, humanitaria y democrática en Venezuela, especialmente en el contexto de las venideras elecciones presidenciales, subrayando la necesidad de fortalecer los mecanismos de monitoreo e incidencia internacional a fin de impulsar los cambios que requiere el país. Ningún proceso de negociación o diálogo político tendrá resultados si el gobierno no es exigido en prevenir e investigar los crímenes de lesa humanidad y los demás abusos cometidos.