El 27 de junio de 2023, la Sala de Cuestiones Preliminares (en adelante “la Sala”) de la Corte Penal Internacional (CPI) autorizó la reanudación de la investigación de la Fiscalía sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en el asunto Venezuela I. La decisión tuvo lugar tras la petición del fiscal de continuar la investigación luego que el gobierno solicitara al tribunal remitirse a las investigaciones realizadas por el Estado en abril de 2022. La posición de la Sala supone así otra derrota al gobierno en su intento por detener la verdad y la rendición de cuentas.
La Sala ofreció varias razones de peso para reanudar la investigación. Las más importantes consisten en la falta de voluntad del Estado para investigar los crímenes de lesa humanidad, el alcance limitado de las investigaciones en curso y los retrasos de los procesos judiciales. Algunas de las fundamentaciones del tribunal señalan que “Venezuela no está investigando -y no expresa ninguna intención de investigar- las alegaciones de hecho que subyacen a los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad “, que “el enfoque de las investigaciones internas parece estar generalmente en los perpetradores directos de bajo nivel” y que “parece haber períodos de inactividad investigativa inexplicable”.
La Sala coincidió con la fiscalía en que las reformas recientes al sistema de justicia y las medidas de investigación adelantadas no revelan una disposición genuina del Estado de cumplir con sus obligaciones previstas en el Estatuto de Roma. Este resultado no es casual pues Venezuela sigue evadiendo sus obligaciones de implementar y hacer cumplir las recomendaciones sobre derechos humanos, incluyendo las relacionadas al acceso a la justicia. Existe un compendio de decisiones, sentencias y recomendaciones que datan al menos desde 2002, al cual se han sumado más visiblemente los reportes de la Misión de los Hechos y la OACNUDH.
Días antes fue oficializado el establecimiento de una oficina de la CPI en el terreno con fines de asistencia técnica. Como parte del principio de complementariedad, todos esperamos que esta iniciativa contribuya con la reconstrucción del Estado de Derecho en Venezuela. Sin embargo, las señales oficiales continúan siendo negativas. En comunicado de prensa del 3 de abril, el Estado respondió al fiscal a sus alegatos sobre la reanudación de la investigación con que “una vez más, la Corte Penal Internacional da muestras de una visión claramente prejuiciada en relación con Venezuela (…)”. El 27 de junio, en otro comunicado, tras la decisión de reanudación de la investigación, “denunci(ó) la intención de instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos” en la que el Estado lamentó “que la Sala de Cuestiones Preliminares se preste para alentar y contribuir con esta maniobra, que desnaturaliza la razón de ser de la CPI y mina su credibilidad (…)”. Similares rechazos expresó el gobierno con motivo de la actualización oral del Alto Comisionado el 5 de julio ante el Consejo de Derechos Humanos.
Mientras el Estado continúe estigmatizando el trabajo de los organismos internacionales, tal como hace con sus propios disidentes políticos y sociedad civil, no habrá posibilidad de generar cambios en la situación del país. Es fundamental que la Fiscalía observe de cerca el lenguaje restrictivo del Estado y cómo eso cristaliza en medidas de obstaculización a la investigación de los crímenes o incluso en represalias contra víctimas, familiares y defensores. En este sentido, el trabajo de la oficina de la CPI debería apuntar firmemente a contener futuros abusos en la búsqueda de justicia por parte de las miles de víctimas en Venezuela.
AlertaVenezuela llama a la comunidad internacional a respaldar el trabajo de la CPI y a seguir incidiendo a través de sus mecanismos para que Venezuela emprenda un camino a las reformas estructurales que necesita para cumplir con las obligaciones del Estatuto de Roma.