Desde AlertaVenezuela hemos denunciado la expansión de la detención y desaparición de ciudadanos extranjeros y de doble nacionalidad por parte del régimen de facto para presionar a otros Estados con concesiones políticas y económicas. Lo que se ha denominado “diplomacia de rehenes” se encuentra en su pleno apogeo, convirtiéndose en una práctica sistemática y un instrumento de chantaje que afecta no solo a los detenidos, sino también a sus países de origen y a la comunidad internacional en su conjunto.
La naturaleza deliberada y organizada de esta política quedó en evidencia con la reciente y explícita advertencia del presidente de la asamblea nacional, Jorge Rodríguez. En una declaración, Rodríguez anunció que «sea quien sea el extranjero que entre a este país sin permiso, entra, pero no sale. Aquí se queda preso». Este pronunciamiento, lejos de ser una opinión aislada, actúa como una señal de alerta oficial, promoviendo una política que hasta ahora no contaba con ese nivel de instigación. La amenaza directa de detención para cualquier extranjero que, según los criterios de las autoridades, no cumpla con los “permisos” necesarios, subraya el inmenso riesgo de viajar a Venezuela y provee una justificación para que los gobiernos no sólo adviertan a sus nacionales sobre este peligro, sino para que actúen con estrategia y determinación en la protección de su población.
Organizaciones venezolanas han documentado con rigurosidad este fenómeno. Según un informe reciente, de los 816 presos políticos registrados en el país, 89 son extranjeros, abarcando múltiples nacionalidades, aunque la mayoría serían colombianos. Estas cifras, además de constituir una prueba del uso creciente de la diplomacia de rehenes, revelan una tendencia alarmante: las detenciones con fines políticos son generalizadas y continúan bajo la lógica de la puerta giratoria, es decir, salen unos detenidos para que entren otros. Además, la mayoría de los casos reproducen el modus operandi aplicado contra ciudadanos venezolanos -como desapariciones forzadas y negación de garantías procesales-, lo que incrementa los crímenes de lesa humanidad y reafirma la escala y severidad de los delitos contra el orden público internacional que Maduro está dispuesto a seguir cometiendo. Al respecto, hay que concientizar que esta cifra, aunque grave, sigue mostrando un subregistro, debido a los casos bajo desaparición o no denunciados.
Pese a la dura evidencia, existe una incomprensible pasividad por parte de muchos Estados. Varios extranjeros continúan llegando a Venezuela, a menudo sin ser plenamente conscientes de los riesgos que corren. Esto se debe en alguna medida a la omisión de ciertos gobiernos, que no han implementado campañas comunicacionales efectivas para advertir a sus ciudadanos. Sin embargo, el problema está lejos de resolverse con meras medidas preventivas que al final se conjugan con la decisión de cada persona al viajar.
La situación comienza a agravarse cuando se produce una detención. Varios de los familiares de los desaparecidos o detenidos, al acudir a sus respectivas cancillerías, reportan enfrentar una respuesta burocrática e ineficaz. La lógica de «si Venezuela no ha informado sobre la detención, es porque no ha ocurrido» impide cualquier acción diplomática significativa, y lo que es peor, ignora por completo que Venezuela comete de manera sistemática, como la CIDH ha denunciado, desapariciones forzadas de carácter temporal contra la disidencia real o percibida. En la etiqueta de “disidencia percibida”, lamentablemente, entra cualquiera. Los gobiernos, en no pocas situaciones, parecen conformarse con esperar la confirmación oficial del régimen, un paso que rara vez llega.
Esta dinámica obliga a las familias a tomar medidas desesperadas. Como ha sido informado por una fuente diplomática, en ocasiones la única forma de forzar una mayor diligencia por parte de los gobiernos es a través de denuncias públicas. Esta presión mediática, que no debería ser necesaria ni deseada por los gobiernos, mueve a las cancillerías a actuar, lo que podría indicar una preocupante dependencia a la indignación pública de cada familia o grupo para movilizar, o al menos replantear con seriedad, la acción diplomática.
En el sentido anterior, el reciente pronunciamiento de España, que ha «rechazado enérgicamente» la detención de sus dos nacionales, marca un cambio de postura que señala una reacción diferente ante el tema. Este pronunciamiento amplía las palabras de la representación española ante el Consejo de Derechos Humanos en julio pasado, pero ambos han dejado por fuera a los españoles con doble nacionalidad (españoles-venezolanos), o cuando menos su atención más relegada. A pesar de poseer todos sus derechos como ciudadanos españoles, estas personas parecieran no recibir la misma respuesta diplomática que los ciudadanos con nacionalidad exclusivamente española.
El rol de Noruega frente a este fenómeno ha experimentado un cambio significativo. Durante años, había asumido la desafiante función de mediador en las negociaciones entre el gobierno de Venezuela y la oposición, lo que lo llevó a mantener una posición de cautela diplomática para no poner en riesgo el diálogo. Sin embargo, en un giro notable, Noruega ha pasado de esta postura neutral a emitir una denuncia frontal y pública contra el régimen venezolano. En efecto, con ocasión del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el país se hizo “eco de la preocupación del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias respecto a las desapariciones asociadas con las elecciones en Venezuela, incluidas las llamadas desapariciones de corta duración cometidas durante y en torno a las elecciones presidenciales de julio de 2024”. Al respecto, observó “que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias informa que el número de casos pendientes en Venezuela casi se ha duplicado durante su último período de presentación de informes”, e instó a Venezuela a que “la violencia política debe cesar de inmediato y debe respetarse el derecho del pueblo venezolano a la libertad de expresión y a la participación política pacífica”. Este pronunciamiento de Noruega pone de manifiesto que, incluso para los actores más cautelosos, la gravedad de las violaciones de los derechos humanos ha alcanzado un punto que hace insostenible el silencio. Su acción envía una clara señal a la comunidad internacional: la diplomacia no puede ser un pretexto para la inacción cuando se cometen dichos crímenes.
En definitiva, la diplomacia de rehenes venezolana no es un asunto doméstico. Sus ramificaciones tienen un costo global, afectando la estabilidad, las relaciones internacionales y el respeto por los derechos humanos y la democracia a nivel mundial. El uso de personas como moneda de cambio es una violación flagrante de las normas diplomáticas y del derecho internacional y deshumaniza a víctimas, familiares y comunidades enteras. Cada vez más Estados deben asumirlo y reaccionar en consecuencia.
Siguiendo sus ediciones anteriores, AlertaVenezuela reitera que es imperativo que los Estados, conscientes de esta práctica, adopten medidas no sólo dirigidas a liberar a sus nacionales, sino a revertir este sistema que sólo se alimenta de la discreción y el trato bilateral con Maduro, y por lo tanto, que busca perpetuarse. Es crucial una respuesta multilateral, coordinada y de alto nivel que permita frenar con un sistema de presión colectiva el avance de la diplomacia de rehenes. Solo a través de una respuesta unificada y decidida se podrá desmantelar esta política de represión transnacional y proteger a las personas, venezolanas y de otras nacionalidades, de un riesgo inaceptable. Un régimen como el venezolano, y de sus aliados, no intenta sino resquebrajar el orden mundial.