En los últimos meses, especialmente desde julio de 2026 cuando expiró el límite constitucional de 180 días de Delcy Rodríguez para asumir como presidente encargada, el gobierno de facto aceleró su estrategia de comunicación y apertura institucional para volcar al país al abordaje de distintas prioridades políticas que desplazan, al menos provisionalmente, el problema del poder ejecutivo y su relación con el tutelaje extranjero. No deja de ser contradictorio y poco alentador que una autoridad antidemocrática y que está al mando de la estructura represiva del Estado haya corrido el debate sobre su propia legitimidad y funcionamiento, hacia otros poderes del Estado, logrando posicionarse como la llave fundamental para asegurar la implementación de los cambios políticos requeridos.
En cuestión de semanas, Venezuela comenzó a ser testigo de la puesta en marcha de distintos frentes como la ley de amnistía y la excarcelación de un número de presos políticos, pasando por una consulta nacional sobre la reforma de la justicia penal y tímidas deferencias al asfixiado ecosistema informativo venezolano, y hasta una convocatoria para integrar a la sociedad civil al comité de postulaciones judiciales de cara a la renovación del Tribunal Supremo de Justicia. Estas medidas son presentadas como pruebas de voluntad del nuevo momento político que ha definido el Rodrigato. Sin embargo, tras su narrativa oficial se oculta la misma política que ha servido al chavismo/madurismo para blanquear su imagen y diluir la presión internacional y nacional en momentos críticos: avanzar en una cooperación simulada, centrada en el dialogo multilateral y nacional, pero que bloquea el escrutinio independiente y las reformas que arriesguen el control del poder político.
El régimen de facto ha perfeccionado un mecanismo de legitimación diplomática mediante el cual instrumenta la presencia y asistencia técnica de instancias internacionales para mejorar su imagen. Lo hizo, no sin tensiones, con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y diversas agencias de cooperación de las Naciones Unidas. Al firmar acuerdos de trabajo, recibir delegaciones internacionales y proponer reformas legislativas o cambios en las autoridades que no alteran la discrecionalidad del poder político para manejar el Estado, el Rodrigato ahora pretende hacer uso de dicha estrategia en el marco de su agenda de negociación, apoyándose en una administración de los Estados Unidos que únicamente apremia para extraer petróleo y otros recursos. Esta cooperación de vitrina permite a las autoridades argumentar que existen canales formales de mejora interna y parece ralentizar muchas exigencias que son impostergables en materia de derechos humanos, como el establecimiento de una hoja de ruta electoral, así como la asistencia requerida a las necesidades humanitarias que siguen deteriorando la vida de la población.
La fragilidad de la narrativa oficial, y a través de ella, su intención real, queda al descubierto al contrastar los discursos de cooperación con la postura hostil del gobierno de facto en relación con los mecanismos independientes de supervisión de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Misión de Determinación de los Hechos.
Frente a la Misión de Determinación de los Hechos, la respuesta del Estado, incluyendo del Rodrigato, no ha sido la cooperación, sino la negativa sostenida a permitir su ingreso al territorio nacional, la falta de respuesta a sus solicitudes de información y diálogo, la descalificación de sus informes y los intentos desesperados por sustraerle recursos financieros. A pesar de estas maniobras, las investigaciones documentadas minuciosamente por este organismo internacional han demostrado que las supuestas mejoras procesales y las modificaciones al sistema de justicia son meramente cosméticas. Los patrones de persecución, la detención arbitraria de disidentes, la criminalización de la defensa de derechos humanos y el uso del aparato judicial como brazo ejecutor de la represión no solo continúan vigentes, sino que mantienen intacta su estructura de mandos y procedimientos y bajo disposición para cuando resulte necesario.
El rechazo al escrutinio de la Misión confirma que el Rodrigato, como hacía su antecesor político, solo tolera aquella interacción internacional que puede moldear a su favor, evitando cualquier mecanismo que desafíe el relato hegemónico. La reciente renovación del mandato de la Misión hasta 2028 funciona como una alerta a las Naciones Unidas y los Estados de mantener el foco en lo que más importa para la estabilidad política y recuperación democrática de Venezuela que es la reparación integral de las víctimas.
En el marco de este escenario de doble vía —donde el gobierno de facto busca recursos y validación externa mientras otros gobiernos y organismos pretenden ofrecerle su apoyo de manera genuina— la comunidad internacional corre el riesgo de generar actores funcionales a la consolidación del autoritarismo tutelado. Resulta paradójico e inaceptable que el mismo régimen que apela a fondos y asistencia técnica internacional para «fortalecer» sus instituciones, persiga y asfixie al mismo tiempo a la sociedad civil que busca financiamiento para sus activades de promoción y defensa en derechos humanos.
Como señalamos en una edición anterior, brindar asistencia técnica, legitimación política o recursos económicos a un gobierno con vocación dictatorial, sin condicionar dicha ayuda a hechos concretos de apertura democrática y al restablecimiento del espacio cívico, constituye un error estratégico que afianza el sistema que se pretende corregir. El acompañamiento internacional no puede guiarse por la ingenuidad ni por el entusiasmo ante promesas vacías o consignas ambiciosas dirigidas a manipular el debate público.
El sistema de Naciones Unidas y los Estados democráticos deben establecer una postura firme y condicionada al gobierno de facto. La consulta nacional al sistema de justicia penal que involucra agencias y programas de Naciones Unidas es una oportunidad para ello. La experiencia acumulada de interacción con las autoridades venezolanas conduce a demandar hitos verificables, relevantes e irreversibles, entre los cuales sugerimos:
- El acceso incondicional al país de la Misión de Determinación de los Hechos, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos.
- La liberación plena de todos los presos políticos y el cese definitivo de la criminalización de la disidencia real o percibida.
- La derogación de leyes restrictivas y cese de los ataques contra la sociedad civil.
- Garantías reales de independencia para el Poder Judicial, protegiendo los procesos de selección de jueces y magistrados de la injerencia del partido de gobierno.
- Un cronograma transparente para la restitución de las garantías electorales y democráticas y la celebración oportuna de elecciones libres y justas en el país.
- Autorizar el ingreso y despliegue sin trabas de las agencias y programas de la ONU y de ongs internacionales al país, asegurando que la ayuda humanitaria sea distribuida directamente y no bajo el control clientelar ni la discriminación política.
Sin estos compromisos medibles, cualquier traspaso de recursos o aval diplomático no será un avance sino un mecanismo de colaboración con el blanqueamiento de un autoritarismo que sigue vulnerando de manera sistemática los derechos de la población venezolana.