AlertaVenezuela ha advertido en anteriores ocasiones sobre el riesgo de que la asistencia técnica sea usada por el gobierno como un recurso de distracción, para evadir su responsabilidad ante las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen en el país. Las últimas semanas han mostrado una dinámica adicional que consiste en el uso de la asistencia técnica como una ficha de canje, similar a la perversa puerta giratoria que se emplea con los presos políticos, y que ahora comienza a incluir al personal de organismos internacionales.
Después de la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos, y especialmente desde 2014, la diplomacia madurista hizo grandes esfuerzos para posicionar a Venezuela en el sistema internacional de protección de derechos humanos, invitando -sin éxito- a la entonces Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Navi Pillay, asegurándose un asiento en el Consejo de Derechos Humanos, poniéndose al día con los informes atrasados ante todos los órganos de tratados y aceptando el establecimiento de una presencia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Caracas, para instalar la narrativa de una supuesta cooperación de Venezuela con el sistema de derechos humanos.
Esa narrativa de cooperación se fue desvaneciendo a medida que el régimen mostraba su verdadera cara de represión y se incomodaba por los informes de la OACNUDH, a pesar del tono más prudente de los mismos en años recientes. La alegada cooperación tuvo un giro dramático en febrero de 2024, cuando Maduro le da 72 horas a la OACNUDH para abandonar Venezuela, tras la publicación de un contenido en la red social X que se refería a la situación de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel como un caso potencial de desaparición.
A lo largo de 2024, Maduro ha desplegado sus más crueles estrategias de represión y de acoso a la sociedad civil, avanzó en el aislamiento del país tras la máxima violación a los derechos políticos de los venezolanos a través del fraude electoral, rompió relaciones con al menos siete países, insultó a la ONU, a la OEA, a la Unión Europea y hasta a los gobiernos hasta entonces aliados de Colombia y Brasil; también se atrevió a detener a varios extranjeros, principalmente de España, EE.UU. y Colombia, quienes sin duda engrosarán el inventario de fichas de canje en la puerta giratoria internacional. No parece casual la nacionalidad de los detenidos. Al mismo tiempo, Maduro le hacía guiños a quienes permanecen en Venezuela, llegando a invitar al máximo representante de la ONU en Venezuela a un acto marcado por el sectarismo y la exclusión en nombre del “antifascismo”.
De pronto, cuando había mostrado lo peor de sí mismo, el régimen comienza un proceso de reacomodo de cara al 10 de enero, fecha prevista para la juramentación del candidato ganador en la elección del 28 de julio. La urgencia de la normalización está en el ambiente, y es en ese contexto que se produce la visita a Venezuela de una misión técnica de la CPI. Algunos presos políticos fueron excarcelados -mas no liberados- en el marco de la visita, sin que el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo anunciaran algún tipo de investigación frente a las alegaciones de tortura, la arbitrariedad de las detenciones, la responsabilidad por la denegación del debido proceso, ni la coacción a los detenidos para autoincriminarse.
Sin embargo, luego del anuncio del Ministerio Público de la revisión de 225 causas de personas detenidas en el contexto poselectoral de este año, se ha podido verificar la excarcelación de más de 130 venezolanos a partir del fin de semana del 16 de noviembre. Sin embargo, la cantidad de casos que la Fiscalía ha decidido someter a consideración representa menos de 10% del total oficial de 2.229 arrestos efectuados por los cuerpos de seguridad del Estado en los días siguientes a los comicios presidenciales. A esta cifra se suman más de 300 venezolanos que se encontraban detenidos por persecución política antes del 28 de julio. La situación refleja un número sin precedentes en la historia contemporánea del país.
Los guiños recientes del régimen a la Oficina del Fiscal de la CPI y la dudosa recusación presentada en contra de Khan, no han pasado desapercibidos. La Oficina Pública de Defensa de las Víctimas de la Corte Penal Internacional (“OPCV”, por sus siglas en inglés), publicó un documento de Opiniones y preocupaciones de las víctimas sobre la solicitud de recusación del Fiscal, que ya ha sido comentado por AlertaVenezuela. Las piruetas ante la CPI, no obstante, parecen no estar dando los resultados esperados, tomando en cuenta la reciente declaración del Fiscal Khan ante la asamblea de estados parte, en la que sugirió el posible agotamiento del enfoque de complementariedad en el caso Venezuela I.
A finales de noviembre se conoció el regreso de una oficial de la OACNUDH a Venezuela y se espera que lleguen dos más. Tras su expulsión, la OACNUDH había asegurado que no regresaría al país en condiciones menores a las que ya tenía. Sin embargo, este retorno se produce en las sombras, sin anuncio público y en condiciones que no se pueden considerar iguales, ya que resulta imposible imaginar que tres personas puedan hacer desde Venezuela el trabajo de los trece cargos adscritos para laborar dentro del país.
Que Maduro acepte el regreso de la OACNUDH a Venezuela a escasos días de la presentación de un informe en el que el Alto Comisionado Turk debe dar cuenta sobre (in)cumplimiento del país a las recomendaciones del sistema de derechos humanos de la ONU, no parece casual.
La aceptación de una misión técnica de la CPI, el retorno parcial de la OACNUDH, la realización de una reunión en las islas del Rosario en Colombia entre altos funcionarios de la administración de Petro y el ministro de la defensa de Venezuela, los acercamientos desesperados hacia la nueva administración de EE.UU., son elementos que apuntan a una normalización a través de la internacionalización de la puerta giratoria, por donde Maduro permite o impide el paso de organismos internacionales y gobiernos, según su conveniencia.
Si los gobiernos y los organismos internacionales se dejan atrapar por el discurso de la normalización, el 10 de enero puede venirse sobre ellos como una bofetada, pues Maduro hará lo que sea por mantenerse en el poder, incluso jugar a la puerta giratoria. Pero el robo de la elección sigue y no se puede normalizar. La ilusión de normalización que se vende hacia afuera contrasta con el garrote que mantiene en casa, tal como acaba de suceder en la última semana de noviembre con la aprobación de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y por la Defensa de Venezuela, que establece hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años contra quienes manifiesten apoyo a las medidas coercitivas unilaterales, sin distinguir entre sanciones individuales y genéricas. La ley, aprobada de manera express, como suele suceder con este tipo de instrumentos, incurre en el mismo tipo de conceptos amplios, vagos e indeterminados de otras leyes recientes que apuntan a restringir el espacio cívico, coartar la libre expresión y suprimir cualquier disidencia.
No puede considerarse normal que se permita el acceso parcial al país de organismos internacionales con una mano y con la otra se siga reprimiendo a la población y se desconozca abiertamente la voluntad popular expresada en la elección del 28 de julio.
La comunidad internacional debe evaluar cualquier invitación y acercamiento por parte de Maduro que no estén acompañados por señales genuinas e inequívocas de rectificación, debe rechazar la manipulación y denunciar con energía el robo de la elección y las violaciones a los derechos humanos que continúan y se agudizan, a medida que se acerca el 10 de enero de 2025.