La sociedad civil reta al gobierno ante el Consejo de Derechos Humanos
Análisis de las contribuciones de las OSC al tercer ciclo del EPU Venezuela
Los tres principales insumos para el Examen Periódico Universal sobre Venezuela, a realizarse el próximo 25 de enero serán el informe nacional, sobre el cual ya hicimos algunos comentarios, la recopilación de la OACNUDH sobre el alcance de las obligaciones internacionales y cooperación con los mecanismos y órganos internacionales de derechos humanos, que analizaremos en una próxima entrega y el resumen de las comunicaciones de las partes interesadas, donde se recogen las contribuciones de la sociedad civil y de la Defensoría del Pueblo. En este tercer documento se enfoca el presente análisis, comenzando con algunos datos cuantitativos, para cerrar con reflexiones sobre el fondo.
Hubo un total de 174 contribuciones (entre individuales y conjuntas), que contrasta con las 519 presentadas en el segundo ciclo y las 579 del primer ciclo. La diferencia en el número de contribuciones del tercer ciclo con respecto a los dos anteriores se explica por una caída muy significativa de participaciones por parte de organizaciones vinculadas al gobierno, tanto dentro como fuera del país. Mientras en los dos primeros ciclos las organizaciones pro gobierno representaban cerca de dos tercios de las contribuciones, en esta ocasión solo alcanzan a un 16%.
Durante el primer ciclo el gobierno logró alinear a una cantidad de organizaciones que, si bien no tienen como función principal la defensa y promoción de los derechos humanos, son (¿o eran?) fieles voceras de la propaganda oficial, como es el caso de los consejos comunales (más de 250 contribuciones en el primer ciclo) y las mesas de agua (71 contribuciones en el segundo ciclo). Igualmente, hubo cerca de 150 contribuciones individuales de otros países por parte de organizaciones claramente alineadas con el gobierno. Curiosamente, en el primer ciclo hubo unas 100 organizaciones de Bolivia que enviaron contribuciones individuales sobre Venezuela y otras cuantas contribuciones conjuntas, mientras que el número total de contribuciones al EPU de Bolivia para ese mismo ciclo fue de 7 individuales y tras 7 conjuntas. Ninguna organización boliviana envió contribuciones para el tercer ciclo de Venezuela. Cuba, cuyas organizaciones habían enviado al menos 20 contribuciones individuales para el primer ciclo de Venezuela, no envió ninguna contribución para el tercer ciclo.
Otras cifras que marcan una diferencia son las de contribuciones conjuntas, es decir, aquellas, remitidas por más de una organización sobre temas de común interés. Mientras en el segundo ciclo hubo 41 contribuciones conjuntas, de las cuales 9 eran de organizaciones oficialistas, en el actual ciclo se presentaron 80 contribuciones conjuntas, de las cuales solo 3 son pro gobierno (dos nacionales y una internacional). Se observa así un aumento de contribuciones conjuntas en general y una caída de la participación de coaliciones oficialistas.
En cuanto a la participación de organizaciones de otros países, también se observa una caída: de 77 contribuciones individuales extranjeras en 2016, se llegó a este ciclo a 9 contribuciones, solo una de las cuales fue de una organización favorable al gobierno. De nuevo, la caída obedece principalmente a la ausencia casi absoluta de contribuciones simpatizantes con el régimen.
Este ciclo se caracteriza entonces por una fuerte caída de organizaciones pro gobierno y un valioso avance en contribuciones independientes en coalición, lo que habla de una mayor articulación de las OSC, a pesar de las adversas condiciones en las que les ha tocado trabajar en los últimos años.
Otros dos datos de interés, antes de hacer algunas reflexiones de fondo. Primero, llama la atención la ausencia de contribución de la CIDH. Aunque la información obtenida indica que no se trató de una omisión deliberada, resulta una ausencia desafortunada. Segundo, por primera vez la Defensoría del Pueblo participa con un informe sin contar con el reconocimiento como institución independiente. Esta ausencia de independencia es señalada en la descripción que hace la OACNUDH sobre el perfil de la institución.
En lo sustantivo, las contribuciones reflejan tres grandes bloques. En primer lugar, aparecen temas que habían sido advertidos en el segundo ciclo y que cobran una fuerte presencia en este ciclo, como es el caso de la emergencia humanitaria compleja, la crisis de movilidad humana y el acelerado deterioro de la institucionalidad democrática, con la desaparición del Estado de Derecho.
En segundo término, tendencias que comenzaban a asomarse en el segundo ciclo, aparecen consolidadas de una manera alarmante, como es el caso del crecimiento exponencial en las cifras de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y detenciones arbitrarias, así como el paso de un patrón de tortura que ya no es solo generalizado, sino también sistemático.
Por último, las contribuciones brindan importantes insumos sobre el alarmante estado de derechos sociales y sobre el incumplimiento de compromisos internacionales por parte del gobierno. Datos duros en estas áreas permitirán que la comunidad internacional no caiga en la trampa de lo que seguramente será el discurso oficial que pretenderá, por una parte, presentar las sanciones como la única explicación para el fuerte deterioro del bienestar de la población y, por otra parte, aparentar cumplimiento de compromisos mostrando la presencia de la OACNUDH en Venezuela como una expresión de buena voluntad. Ambos discursos son falsos y los aportes de las OSC así lo evidencian.
Civil society challenges the government before the Human Rights Council
Analysis of the contributions of CSOs to the third cycle of the UPR Venezuela
The three main inputs for the Universal Periodic Review of Venezuela, to be held on January 25, will be the national report, on which we have already made some comments, the OHCHR compilation on the scope of international obligations and cooperation with the mechanisms and international human rights bodies, which we will analyze in a future piece, and the summary of the communications from the interested parties, which includes the contributions of civil society and the Ombudsman’s Office. This third document is the subject of the present analysis, beginning with some quantitative data, to close with reflections on the substance.
There was a total of 174 contributions (individual and joint), which contrasts with the 519 inputs presented in the second cycle and the 579 in the first cycle. The difference in the number of contributions of the third cycle with respect to the previous two is explained by a very significant drop in participation by organizations linked to the government, both inside and outside the country. While in the first two cycles, pro-government organizations represented nearly two-thirds of the contributions, this time they only reach 16%.
During the first cycle, the government managed to line up a number of organizations that, although their main function is not the defense and promotion of human rights, are (or were?) faithful spokespersons for official propaganda, as is the case of the communal councils (more than 250 contributions in the first cycle) and the water tables (71 contributions in the second cycle). Similarly, there were about 150 individual contributions from other countries by organizations clearly aligned with the government. Interestingly, in the first cycle there were about 100 organizations from Bolivia that sent individual contributions on Venezuela and a few other joint contributions, while the total number of contributions to the Bolivian UPR for that same cycle was 7 individual and 7 joint. No Bolivian organization sent contributions for the third cycle of Venezuela. Cuba, whose organizations had sent at least 20 individual contributions for the first cycle from Venezuela, did not send any contributions for the third cycle.
Other figures that make a difference are those of joint contributions, that is, those sent by more than one organization on topics of common interest. While in the second cycle there were 41 joint contributions, of which 9 were from official organizations, in the current cycle there were 80 joint contributions, of which only 3 are pro-government (two national and one international). Thus, there is an increase in joint contributions in general and a drop in the participation of official coalitions.
Regarding the participation of organizations from other countries, a drop is also observed: from 77 foreign individual contributions in 2016, this cycle reached 9 contributions, only one of which was from an organization favorable to the government. Again, the drop is mainly due to the almost complete absence of contributions sympathetic to the regime.
This cycle is thus characterized by a sharp drop in pro-government organizations and a valuable advance in independent contributions in coalition, which speaks of a greater articulation of CSOs, despite the adverse conditions in which they have had to work in recent years.
Two other data of interest, before making some reflections on the substance. First, the lack of contribution from the IACHR is striking. Although the information obtained indicates that this was not a deliberate omission, it is an unfortunate absence. Second, for the first time the Ombudsman’s Office participates with a report without being recognized as an independent institution. This lack of independence is pointed out in the description made by the OHCHR of the profile of the institution.
Substantively, the contributions reflect three large blocks. In the first place, there are issues that had been noted in the second cycle and that have a strong presence in this cycle, such as the case of the complex humanitarian emergency, the human mobility crisis, and the accelerated deterioration of democratic institutions, with the disappearance of the rule of law.
Secondly, trends that began to appear in the second cycle are alarmingly consolidated, as is the case of the exponential growth in the numbers of extrajudicial executions, disappearances, and arbitrary detentions, as well as the change of a pattern of torture that it is no longer just generalized, but also systematic.
Finally, the contributions provide important insights into the alarming state of social rights and the breach of international commitments by the government. Hard data in these areas will allow the international community not to fall into the trap of what will surely be the official discourse that will seek, on the one hand, to present sanctions as the only explanation for the sharp deterioration in the well-being of the population and, on other hand, pretend to fulfill international commitments by showing the presence of the OHCHR in Venezuela as an expression of good will. Both discourses are false and the contributions of the CSOs prove it.