El gobierno de Maduro dicta una autoamnistía frente a la CPI
El 15 de diciembre de 2021, la inconstitucional Asamblea Nacional votada en 2020 (en adelante AN-2020), sancionó la “Ley Especial sobre los Delitos de Genocidio, Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra” (en adelante “ley sobre genocidio”), el mismo día que lo hizo propio con la “Ley de la Comisión para la Garantía de Justicia y reparación de las víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos” (en adelante “ley sobre reparación”). Siguiendo el ejemplo de la anterior normativa, un procedimiento inconsulto y exprés gestado por la hegemonía oficialista despachó la ley sobre genocidio en tan sólo dos días.
El desconocimiento al deber de consulta pública establecido en el artículo 211 de la Constitución fue tal, que ni siquiera contó con el conocimiento previo de actores en el terreno con los que el Estado presuntamente coopera, como el equipo de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (en adelante “OACNUDH”). Al aprobarse el mismo día y en similares condiciones que la ley sobre genocidio, la ley sobre reparación difícilmente contaría con la asistencia de la OACNUDH que el gobierno ha alardeado para otras áreas como seguridad ciudadana y manifestaciones, atención a víctimas de violencia y centros de detención.
La ley sobre genocidio viola de manera flagrante las obligaciones internacionales del Estado en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, en relación con los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el gobierno de turno. En efecto, aun cuando el artículo 2 prescribe que la “ley tiene por finalidad asegurar el ejercicio de la responsabilidad principal de la República Bolivariana de Venezuela de investigar y sancionar los hechos que pudieran constituir delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra”, el artículo 9 enseguida aclara que “esta ley no tendrá efecto retroactivo, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, nadie será penalmente responsable de conformidad con esta ley por una conducta anterior a su entrada en vigor”.
Si bien es cierto que el principio de irretroactividad de la ley penal es un componente de gran importancia del derecho al debido proceso, en el sentido de que nadie puede ser juzgado por conductas no tipificadas como delito para el momento de los hechos, también existen excepciones jurídicas que relativizan el principio. El artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante “El pacto) es claro. “ 1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional (…)”, sin embargo, aclara enseguida dicho tratado, “2. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”.
El Pacto hace justamente referencia a las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes bajo el derecho internacional como el genocidio y los crímenes de lesa humanidad, que deben ser perseguidos en todo tiempo y lugar, pues son ofensas que afectan a la comunidad internacional. Como señaló el Tribunal Ad Hoc para Timor Oriental, “[e]l castigo de los perpetradores de estos crímenes es reconocida como una obligación de toda la comunidad internacional (obligación erga omnes)”.
Al no reconocer explícitamente la excepción aplicable a graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, esta disposición normativa -se asemeja- a los repudiables decretos de autoamnistía de las dictaduras del cono sur para garantizarse impunidad y poner “punto final” a su legado de atrocidades.
La inconstitucional ley sobre genocidio viene acompañada con prácticas que aseguran impunidad, como la imputación a 12 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana por “homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva” por la ejecución directa con un bomba lacrimógena a menos de 30 metros del estudiante Juan Pablo Pernalete mientras manifestaba pacíficamente hace más de 4 años; o la imputación a dos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional por “homicidio culposo, quebrantamiento de normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga del detenido” por la desaparición forzada, detención arbitraria, tortura y muerte bajo custodia simulando suicidio del concejal Fernando Albán por efectivos de aquel organismo de inteligencia hace más de 3 años.
En ambos casos, recogidos por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, se descalifica jurídicamente a los hechos mientras se ampara a la cadena de mando detrás de estas graves violaciones. De aplicarse la ley sobre genocidio, ninguno de esos casos, entre muchos otros, podría ser judicialmente revisado, en virtud de una ilegítima aplicación del principio de irretroactividad para proteger a los allegados al poder.
La inconstitucional ley sobre genocidio es otro simulacro del cumplimiento de los requisitos de la justicia penal para tratar de convencer a la Corte Penal Internacional de la supuesta intención oficial de luchar contra la impunidad y evitar así el juzgamiento de los principales represores en Venezuela. Sin embargo, no se puede sostener una narrativa de “cooperación” con el sistema de protección de derechos humanos y la justicia penal internacional cuando los hechos confirman la ausencia de voluntad de investigar y sancionar adecuadamente los crímenes cometidos por los máximos responsables, como ya fuera advertido preliminarmente por la ex fiscal de la CPI (https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_05505.PDF). Es un intento fraudulento de aplicación del principio de complementariedad del Estatuto de Roma. La pretensión oficialista de manipular las investigaciones internacionales en su contra con el apoyo de sus instituciones corrompidas no se traduce en un engaño para organismos independientes que llevan años documentando y denunciando que en Venezuela no existe democracia ni Estado de Derecho.
Relatives of victims in Venezuela request a hearing with the ICC. Photo: Yuri CORTEZ / AFP
Maduro government dictates a self-amnesty before the ICC
On December 15, 2021, the unconstitutional National Assembly voted in 2020 (hereinafter AN-2020), sanctioned the “Special Law on Crimes of Genocide, Against Humanity and War Crimes” (hereinafter “law on genocide”), the same day as the «Law of the Commission for the Guarantee of Justice and reparation of victims of Crimes against Human Rights» (hereinafter «law on reparation»). Following the example of the previous regulation, an unconsulted and express procedure gestated by the ruling party hegemony dispatched the law on genocide in just two days.
The ignorance of the duty of public consultation established in Article 211 of the Constitution was such that it did not even have the prior knowledge of actors on the ground with whom the State allegedly cooperates, such as the team of the Office of the High Commissioner for Human Rights (hereinafter «OHCHR»). As it was approved on the same day and under similar conditions as the law on genocide, the law on reparation would hardly count on the assistance from the OHCHR, which the government has boasted for other areas such as citizen security and demonstrations, attention for victims of violence and detention centers.
Unlike the law on reparation, the law on genocide flagrantly violates international obligations of the State in matters of truth, justice, reparation, and guarantees of non-recurrence in connection with the crimes against humanity perpetrated by the current government. Indeed, even though article 2 prescribes that the «law is intended to ensure the exercise of the main responsibility of the Bolivarian Republic of Venezuela to investigate and punish acts that could constitute crimes of genocide, against humanity and war crimes,» article 9 immediately clarifies that “this law will not have retroactive effect, in accordance with the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela. Consequently, no one will be criminally liable in accordance with this law for conduct prior to its entry into force”.
While it is true that the principle of non-retroactivity of criminal law is a very important component of the right to due process, in the sense that no one can be tried for conduct not classified as a crime at the time of the events, there are also exceptions that relativize the principle. Article 15 of the International Covenant on Civil and Political Rights (hereinafter “The Covenant) is clear. “1 . No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence, under national or international law, at the time when it was committed”. Yet, the Covenant immediately clarifies “2. Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations”.
The Covenant precisely refers to serious human rights violations and crimes under international law such as genocide and crimes against humanity, which must be prosecuted at all times and in all places, as they are offenses that affect the international community. As the Ad Hoc Tribunal for East Timor pointed out, “[t] he punishment of the perpetrators of these crimes is recognized as an obligation of the entire international community (erga omnes obligation)”.
By not explicitly recognizing the exception applicable to serious human rights violations and crimes against humanity, this normative provision resembles the reprehensible decrees of self-amnesty of the southern cones dictatorships to guarantee impunity and put an “end” to their legacy of atrocities. The Venezuelan case shows that it is not necessary to have the military in the government to act like a dictatorship.
the unconstitutional law on genocide is accompanied with other practices ensuring impunity, such as the indictment of 12 officials of the Bolivarian National Guard on the crime of «pre-intentional homicide in a degree of corresponding complicity» for executing directly the student Juan Pablo Pernalete with a tear gas canister to less than 30 meters while peacefully demonstrating more than 4 years ago; or the indictment of two officials of the Bolivarian National Intelligence Service on the crime of «manslaughter, breach of custody rules, conspiracy and favoring the escape of the detainee» for the enforced disappearance, arbitrary detention, torture and death in custody simulating suicide of councilor Fernando Albán by officers of that intelligence agency more than 3 years ago.
In both cases, collected by the Independent International Fact-Finding Mission on the Bolivarian Republic of Venezuela, the facts are legally disqualified while the chain of command behind these serious violations is protected. If the law on genocide is applied, none of these cases, among many others, could be judicially reviewed, by virtue of an illegitimate application of the principle of non-retroactivity to protect those close to the power.
The unconstitutional law in question is another simulation of compliance with the requirements of criminal justice to try to convince the International Criminal Court of the supposed official intention to fight against impunity and thus avoid the prosecution of the main repressors in Venezuela. However, a narrative of «cooperation» with the human rights protection system and international criminal justice cannot be upheld when the facts confirm the State’s unwillingness to investigate and adequately punish the crimes committed by those most responsible, as was preliminarily warned by the former ICC prosecutor. It is a fraudulent attempt to apply the principle of complementarity of the Rome Statute. The government’s claim to manipulate international investigations against it with the support of its corrupted institutions does not translate into a deception for independent organizations that have been documenting and denouncing for years that there is no democracy or rule of law in Venezuela.