Cumplimiento de compromisos internacionales por parte de Venezuela Comentarios al informe presentado por el Estado
A fines de diciembre de 2021, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), publicó el Informe Nacional (IN) del Estado venezolano para el tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), el cual se refiere, entre otros temas, al cumplimiento de compromisos internacionales por parte de Venezuela. A continuación, se analiza el alcance del cumplimiento de tales obligaciones, con énfasis en la cooperación del país con el sistema de derechos humanos de la ONU y el acceso de la sociedad civil a procesos inclusivos de participación en el diseño y ejecución de planes y políticas sobre derechos humanos y el papel de la Defensoría del Pueblo.
Aunque el IN afirma haber aceptado 193 recomendaciones y haber asumido 24 compromisos voluntarios en el segundo ciclo EPU (2016), no brinda información específica sobre la puesta en práctica de dichas recomendaciones y compromisos. En contraste, la Recopilación preparada por la OACNUDH sobre el cumplimiento de compromisos internacionales por parte de Venezuela, muestra políticas, prácticas y vacíos normativos que evidencian la ausencia de cumplimiento de muchas de las recomendaciones aceptadas.
El IN asevera haber consultado a organizaciones y movimientos sociales para la implementación de las recomendaciones del segundo ciclo del EPU, para la elaboración del informe para el tercer ciclo, para la elaboración, implementación y evaluación del primer plan nacional de derechos humanos y para la elaboración del sistema nacional de seguimiento a los instrumentos internacionales de derechos humanos; igualmente, afirma haber realizado varios congresos anuales de derechos humanos. Sin embargo, defensores de derechos humanos independientes consultados por AlertaVenezuela, afirmaron no haber sido convocados a participar en ninguna de estas iniciativas.
AlertaVenezuela insistió en diversas ocasiones con el equipo de la OACNUDH en Venezuela sobre la necesidad de incorporar el componente de participación amplia de las OSC en los procesos de elaboración, ejecución y evaluación del Plan Nacional de Derechos Humanos y en el mecanismo de seguimiento. Aunque el equipo de OACNUDH brindó asistencia técnica al Estado sobre estas materias, no existe información pública sobre los resultados concretos o de los progresos realizados por el Estado ni evidencia de que las autoridades hayan acogido favorablemente las recomendaciones sobre participación de las OSC independientes.
El IN se refiere al carácter independiente de la Defensoría del Pueblo (DdP) y su “apego a los Principios de París”, obviando que la DdP fue degradada a categoría B en 2016, y que en 2017 la inconstitucional asamblea nacional constituyente designó un nuevo defensor del pueblo sin cumplir con el procedimiento de selección previsto por la Constitución. Tanto la misión internacional independiente de determinación de los hechos como el equipo de la OACNUDH en Venezuela han constatado la ausencia de independencia de la institución, como se refleja en la Recopilación (párr. 11).
El IN afirma que el Estado “reconoce y protege el trabajo desarrollado por las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el ámbito de la promoción y protección de los derechos humanos, así como el de los defensores de derechos humanos”, cuando hay un cierre progresivo y permanente de espacios para el trabajo de las OSC, se criminaliza la cooperación internacional a las organizaciones de derechos humanos, hay defensores en el exilio, presos o enfrentando procesos judiciales sin garantías como ha sido reiteradamente denunciado por los titulares de procedimientos especiales[1].
Aunque el IN sostiene que “el 93% de las 213 acciones del plan [nacional de derechos humanos] fueron total o parcialmente implementadas”, la ausencia de indicadores y procesos de participación impiden corroborar la veracidad de esta afirmación. Tampoco es posible confirmar la existencia de un sistema nacional de seguimiento a los instrumentos internacionales de derechos humanos, ya que, más allá de una nota de prensa de 2019 en el sitio web de la Cancillería, no hay acceso al supuesto sistema ni a información sobre su funcionamiento.
Pese a que el IN hace varias afirmaciones sobre una supuesta cooperación con los órganos de tratado, procedimientos especiales y oficina de la Alta Comisionada, lo cierto es que hay retraso en la presentación de algunos informes, tratados principales y protocolos facultativos sin ratificar, la Oficina de la Alta Comisionada y su titular han sido objeto de descalificaciones y amenazas de suspensión de presencia en el país. Además, pese a que las visitas de los procedimientos especiales son parte integral de la Carta de entendimiento entre la OACNUDH y el Estado, después de más de dos años de presencia de la OACNUDH en el país solo se ha producido una visita.
Por último, en cuanto a la cooperación internacional con otros órganos multilaterales, el IN menciona la participación de Venezuela en varios mecanismos regionales; sin embargo, ninguno tiene funciones de promoción y protección de derechos humanos. Mientras tanto, el Estado permanece al margen del sistema interamericano de derechos humanos, tras haber denunciado la Convención Americana en 2012, a lo que se suma el incumplimiento sistemático de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de las sentencias de la Corte Interamericana.
AlertaVenezuela advierte que la presencia de la OACNUDH en Venezuela es usada por el gobierno para intentar aparentar una cooperación que no existe, al tiempo que ejerce presión sobre la Oficina de la Alta Comisionada y amenaza con suspender su permanencia en el país, si persiste en señalar las violaciones de derechos humanos identificadas por la Oficina.
[1] Algunas recientes incluyen: https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26801; https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26550; https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26005; https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25689; https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25212; https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24894
Compliance with international commitments by Venezuela
Comments on the report presented by the State
At the end of December 2021, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) published the National Report (NR) of the Venezuelan State for the third cycle of the Universal Periodic Review (UPR), which was refers, among other issues, to the fulfillment of international commitments by Venezuela. Next, the scope of compliance with these obligations is analyzed, with emphasis on the country’s cooperation with the UN human rights system and the access of civil society to inclusive processes of participation in the design and implementation of plans and policies. on human rights and the role of the Ombudsman’s Office.
Although the NR claims to have accepted 193 recommendations and to have assumed 24 voluntary commitments in the second UPR cycle (2016), it does not provide specific information on the implementation of these recommendations and commitments. In contrast, the Compilation prepared by the OHCHR on the fulfillment of international commitments by Venezuela, shows policies, practices and regulatory gaps that expose the lack of fulfillment of many of the accepted recommendations.
The NR asserts that it has consulted organizations and social movements for the implementation of the recommendations of the second cycle of the UPR, for the preparation of the report for the third cycle, for the preparation, implementation and evaluation of the first national human rights plan and for the preparation the national system for monitoring international human rights instruments; likewise, it claims to have held several annual human rights congresses. However, independent human rights defenders consulted by AlertaVenezuela, affirmed that they had not been summoned to participate in any of these initiatives.
AlertaVenezuela insisted on several occasions with the OHCHR team in Venezuela on the need to incorporate the component of broad participation of CSOs in the processes of preparation, execution and evaluation of the National Human Rights Plan and in the follow-up mechanism. Although the OHCHR team provided technical assistance to the State on these matters, there is no public information on the specific results or progress made by the State, nor is there evidence that the authorities have welcomed the recommendations on the participation of independent CSOs.
The NR refers to the independent character of the Office of the Ombudsman (DoP) and its «adherence to the Paris Principles», ignoring that the DoP was downgraded to category B in 2016, and that in 2017 the unconstitutional national constituent assembly appointed a new ombudsman without complying with the selection procedure established by the Constitution. Both the independent international fact-finding mission and the OHCHR team in Venezuela have confirmed the institution’s lack of independence, as reflected in the Compilation (para. 11).
The NR affirms that the State «recognizes and protects the work carried out by non-governmental organizations that work in the field of promotion and protection of human rights, as well as that of human rights defenders», when there is a progressive and permanent closure of spaces for CSO work, international cooperation to human rights organizations is criminalized, there are defenders in exile, imprisoned or facing judicial processes without guarantees, as has been repeatedly denounced by the heads of special procedures.
Although the NR maintains that «93% of the 213 actions of the [national human rights] plan were fully or partially implemented», the absence of indicators and participation processes prevent corroborating the veracity of this statement. Nor is it possible to confirm the existence of a national system for monitoring international human rights instruments, since there is no access to the alleged system or to information on its operation, other than a 2019 press release on the Foreign Ministry’s website.
Despite the fact that the NR makes several assertions about an alleged cooperation with the treaty bodies, special procedures and the office of the High Commissioner, the truth is that there is a delay in the presentation of some reports, main treaties and optional protocols without ratification, the High Commissioner and her Office have been subject to disqualifications and threats of suspension of their presence in the country. Furthermore, despite the fact that the visits of the special procedures are an integral part of the Letter of Understanding between the OHCHR and the State, after more than two years of the OHCHR’s presence in the country, there has only been one visit.
Finally, regarding international cooperation with other multilateral bodies, the NR mentions Venezuela’s participation in various regional mechanisms; however, none of them have functions of promoting and protecting human rights. Meanwhile, the State remains outside the inter-American human rights system, after having denounced the American Convention in 2012, to which is added the systematic non-compliance with the recommendations of the Inter-American Commission on Human Rights and the judgments of the Inter-American Court.
AlertaVenezuela warns that the presence of the OHCHR in Venezuela is used by the government to try to pretend a cooperation that does not exist, at the same time that it exerts pressure on the Office of the High Commissioner and threatens to suspend its stay in the country, if it persists in pointing out the human rights violations identified by the Office.