La falta de independencia de la Defensoría del Pueblo queda en evidencia ante el EPU Venezuela
En el conjunto de informes presentados por terceros interesados para el Examen Periódico Universal (EPU) de Venezuela, se encuentra el de la Defensoría del Pueblo. Al presentar la lista de contribuciones, el Resumen preparado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos Humanos (OACNUDH) advierte que un asterisco indica una institución nacional de derechos humanos con categoría «A». No hay asterisco al lado del nombre de la institución nacional de derechos humanos de Venezuela.
Ello se explica porque en marzo de 2015, el Subcomité de Acreditaciones del Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (SCA – CIC) realizó una revisión especial sobre el desempeño de la Defensoría del Pueblo de Venezuela (DPV), tras la cual recomendó rebajar la acreditación de la institución a categoría B, por carecer de autonomía e independencia, incumpliendo lo dispuesto en los Principios de París relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos. En mayo de 2016 se realizó una nueva revisión, a fin de determinar si la DPV había acogido las observaciones hechas por el SCA – CIC, ratificándose la rebaja a Categoría B. El DPV impugnó la recomendación, la cual fue ratificada por el SCA – CIC en octubre del mismo año.
El pase a categoría B significa que la DPV perdió derecho a voto en la Alianza Global de las Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos (GANHRI por sus siglas en inglés) y perdió también su capacidad de participar con voz en otros espacios del sistema de derechos humanos de la ONU, como sesiones del Consejo de Derechos Humanos y órganos de tratados.
A seis años del cambio de calificación, la DPV no ha cambiado en su falta de independencia. El actual defensor del pueblo fue impuesto por la ilegal asamblea nacional constituyente, al margen de los mecanismos constitucionales y legales previstos para la selección de este funcionario. Su desempeño tampoco ha dado muestras de independencia, lo cual se observa en el informe presentado para el EPU.
Lo primero que llama la atención del informe es la ausencia de datos cuantitativos que permitan sustentar sus afirmaciones sobre supuestos avances en áreas como la inclusión social de los privados de libertad, violencia basada en género, torturas, derecho a la vida, reducción del embarazo temprano, protección del parto, derechos a la salud, a la educación y a la seguridad alimentaria. Estas afirmaciones sin sustento contrastan con las cifras presentadas en todas estas áreas por más de 115 organizaciones independientes de la sociedad civil.
Solo en un área, la DPV presenta una cifra, asegurando que el gobierno “ha logrado progresivamente la pacificación y la instauración del régimen penitenciario en el 100% de los centros de reclusión femeninos, en las entidades de atención socioeducativas para adolescentes en conflicto con la ley penal y el 98% de los establecimientos penitenciarios masculinos”. Sin embargo, la fuente que sustentaría esta afirmación remite a una nota de prensa cuyos datos no son verificables.
Una segunda característica de la contribución del la DPV es la presentación de información no sustentada sobre la actividad del gobierno, junto a narrativas sobre el desempeño de la misma DPV, de tal manera que no queda claro si el informe es una descripción de la gestión oficial o un informe de actividades de la DPV. En todo caso, en poco cumple con el objetivo de las contribuciones al EPU, que no es otro que evaluar si el Estado cumplió con los compromisos adquiridos en el anterior ciclo.
Por último, en consonancia con la narrativa que el gobierno ha pretendido imponer en los últimos años, la DPV trata de presentar la existencia de una crisis estructural como consecuencia de las medidas coercitivas unilaterales, que sería responsable de la pérdida de recursos, pero sin ningún análisis crítico sobre la crisis preexistente ocasionada por la drástica caída de recursos a causa de hechos de gran corrupción.
En síntesis, la DPV sigue defendiendo a quienes detentan el poder, de espaldas a la población, corroborando la vigencia de la decisión sobre su calificación como institución no independiente.
The lack of independence of the Ombudsman is evident before the EPU Venezuela
The set of reports submitted by interested third parties for the Universal Periodic Review (UPR) of Venezuela, includes that of the Ombudsman. When presenting the list of contributions, the Summary prepared by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) notes that an asterisk indicates a national human rights institution with category «A». There is no asterisk next to the name of the Venezuelan national human rights institution.
This is explained because in March 2015, the Accreditation Subcommittee of the International Coordination Committee of National Human Rights Institutions (SCA – CIC) carried out a special review of the performance of the Venezuelan Ombudsman (VO), after which It recommended downgrading the accreditation of the institution to category B, due to its lack of autonomy and independence, in breach of the provisions of the Paris Principles regarding the status and operation of national institutions for the protection and promotion of human rights. In May 2016, a new review was carried out, in order to determine if the VO had accepted the observations made by the SCA – CIC, ratifying the downgrade to Category B. The VO challenged the recommendation, which was ratified by the SCA – CIC. in October of the same year.
The move to category B means that the VO lost the right to vote in the Global Alliance of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights (GANHRI) and also lost its ability to participate with a voice in other spaces of the UN human rights system, such as sessions of the Human Rights Council and treaty bodies.
Six years after the change in rating, the VO has not changed in its lack of independence. The current Ombudsman was imposed by the illegal National Constituent Assembly, outside the constitutional and legal mechanisms provided for the selection of this official. His performance has also not shown signs of independence, which can be seen in the report submitted to the UPR.
The first thing that draws attention to the report is the absence of quantitative data to support its assertions about supposed progress in areas such as the social inclusion of those deprived of liberty, gender-based violence, torture, the right to life, and the reduction of early pregnancy, childbirth protection, rights to health, education and food security. These unsubstantiated claims contrast with the figures presented in all these areas by more than 115 independent civil society organizations.
Only in one area, the VO presents a figure, assuring that the government «has progressively achieved pacification and the establishment of the penitentiary system in 100% of the female detention centers, in the socio-educational care entities for adolescents in conflict with the criminal law and 98% of male prisons”. However, the source that would support this statement refers to a press release whose data is not verifiable.
A second characteristic of the contribution of the VO is the presentation of unsupported information on the activity of the government, together with narratives on the functioning of the VO itself, in such a way that it is not clear if the report is a description of the administration performance or a report on the activities of the VO. In any case, it does little to meet the objective of the contributions to the UPR, which is none other than to assess whether the State complied with the commitments made in the previous cycle.
Finally, in line with the narrative that the government has tried to impose in recent years, the VO tries to present the existence of a structural crisis as a result of unilateral coercive measures, which would be responsible for the loss of resources, but without any critical analysis of the pre-existing crisis caused by the drastic drop in resources produced by acts of great corruption.
In short, the DPV continues to defend those who hold power, turning their backs on the population, corroborating the validity of the decision on its classification as a non-independent institution.