Informe de mecanismos de Naciones Unidas clama por más vigilancia sobre Venezuela
Entre el compendio de insumos para el Examen Periódico Universal (EPU) sobre Venezuela del próximo 25 de enero, se encuentra el documento recopilatorio de la OACNUDH sobre los informes de los órganos de tratados y los procedimientos especiales y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas.
Como punto de partida, el marco normativo internacional ratificado por Venezuela permanece deficitario. En el segundo ciclo el Estado recibió varias recomendaciones para adherirse o ratificar ocho tratados de derechos humanos, de los cuales sólo uno fue ratificado durante el periodo del presente examen, a saber, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios. Desde 2016 el Estado arrastra una deuda frente al EPU que niega la protección internacional a las víctimas en el ámbito de desapariciones forzadas, tortura, niñez, refugio, apatridia y trabajo doméstico. En contraste, en el pasado ciclo se recomendó retornar a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la jurisdicción de la Corte Interamericana, lo que no apareció señalado en el presente informe.
Al igual que en el ciclo anterior, el presente informe reitera la recomendación de la OACNUDH de avanzar en la programación de las visitas solicitadas por los titulares de procedimientos especiales, ninguna de las cuales ha sido concretada. Del mismo modo, en ambos ciclos la OACNUDH menciona el retraso del Estado en presentar informes ante órganos de tratados. Llama la atención que, si bien en el presente informe la OACNUDH reconoce el establecimiento y prórroga del mandato de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, no incluye una recomendación expresa para cooperar con dicho mecanismo, lo que sí figura con respecto a los demás mecanismos del Consejo de Derechos Humanos.
Otra diferencia por destacar entre los informes del segundo y actual ciclo se vincula con la especificidad de la información sobre cooperación con órganos de tratados y los procedimientos especiales. Mientras que en el segundo ciclo se incluyó información en cuanto número de dictámenes de órganos de tratados y su situación, así como del número comunicaciones de procedimientos especiales y respuestas recibidas del Estado, el informe actual prescindió de estos datos, lo cual impide cuantificar el impacto de la situación venezolana desde la perspectiva de los mecanismos expertos e independientes de Naciones Unidas.
En términos de obligaciones sustantivas, el informe actual suma nuevos apartados, uno sobre medio ambiente, desarrollo y empresas, otro sobre lucha contra el terrorismo, un tercero sobre esclavitud, y un cuarto sobre mujeres, además de diversificar un quinto apartado sobre migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, que recién incorpora a desplazados internos. En el primer grupo, se destaca el impacto de las medidas coercitivas unilaterales, la situación del Arco Minero del Orinoco y la aceptación de ayuda humanitaria por diversos actores, en todas las cuales el Estado falló en cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos.
En cuanto a la lucha contra terrorismo, se advierte el uso de la legislación para estigmatizar y criminalizar a la sociedad civil, en particular defensores y medios de comunicación. Respecto del tema de esclavitud, el informe señala el incremento de casos de tratas de personas en el contexto de la movilidad venezolana. En cuanto a mujeres, el informe expresa, entre otros, “el impacto desproporcionado y diferenciado que tenía la crisis” en mujeres y niñas y los casos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas privadas de libertad. En la temática de migrantes, el informe vincula la crisis migratoria con “la falta de acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales” y a los desplazamientos internos con “cuestiones relacionadas con la seguridad, especialmente por conflictos armados localizados”.
Aunque el resto de los temas se repiten desde el segundo ciclo, el informe actual muestra la agudización de la crisis a través de patrones sobre el uso de la fuerza en el marco de manifestaciones y muertes en contextos de operaciones de seguridad que constituirían ejecuciones extrajudiciales. Un dato clave es que “el ACNUDH observó pocos avances en el establecimiento de una cadena de mando de las responsabilidades de las autoridades superiores, e indicó que no se había dictado ninguna sentencia definitiva sobre esos casos”.
Adicionalmente, el informe relata que los casos más graves de tratos crueles y tortura tuvieron lugar en las instalaciones del organismo de inteligencia civil (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN), del organismo de inteligencia militar (Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM) y de unidades militares en todo el país. También se refiere a prácticas de desapariciones forzadas, la falta de independencia judicial, restricciones a ONG, ausencia de información pública y de garantía de derechos económicos, sociales y culturales, en especial frente al acceso a servicios públicos, alimentación, salud, salario digno y seguridad social.
El informe, aunque de manera pobre y aislada, refiere a causas preexistentes y dependientes del gobierno. En materia de DESC, las violaciones registradas en el apartado del “derecho a un nivel de vida de adecuado” se enmarcan en “crisis sociales y económicas multifactoriales preexistentes”. Según se deriva del informe, “los problemas persistían debido, en parte, a la mala asignación de recursos, la falta de mantenimiento de las infraestructuras públicas y la grave falta de inversión en servicios esenciales”. Aun así, estas referencias no utilizan el concepto de emergencia humanitaria compleja, que ya había sido aplicado por los órganos del sistema ONU a la situación venezolana. En materia de derechos civiles y políticos, las violaciones reportadas en el apartado de “libertades fundamentales” se alimentan de “los actos de persecución y represión selectivas por motivos políticos, incluida la retórica estigmatizadora y las campañas de desprestigio”.
A pesar de estos señalamientos importantes, se observa también un desbalance entre la información y análisis recabados por la OACNUDH y la información y análisis provenientes de los titulares de procedimientos especiales, con escasas referencias a los últimos, pese a visibilizar patrones. Por ejemplo, no se incluyeron informaciones clave como la contenida en la más reciente comunicación de relatores de Naciones Unidas publicada el 19 de noviembre de 2021, la cual sistematiza y condena un conjunto de legislaciones restrictivas contra la sociedad civil por imponer actos de control, registro, fiscalización y sanciones a las organizaciones. El factor tiempo no parece ser una razón válida, pues otras informaciones de comunicaciones más antiguas, como aquellas que cuestionan el uso de un canal de televisión estatal para perseguir a personas opositoras o percibidas como tal, tampoco son reflejadas en el informe, aun cuando ponen la lupa en un reconocido patrón desencadenante de violaciones de derechos humanos en el país.
El informe, en suma, reporta sus pro y contra en términos de expresar con rigor y claridad conceptual la situación de derechos humanos en Venezuela. Incluso eliminando los bemoles anotados, es evidente que la cooperación con el sistema de derechos humanos es una narrativa para engañar. Tantos compromisos institucionales y sustantivos desacatados, patrones graves y sistemáticos sin desmontar, y una emergencia humanitaria “justificada” en las sanciones, son consecuencia de un sistema de instituciones, políticas y prácticas estatales que no son reformadas con seriedad y buscan impedir el monitoreo internacional. Esto confirma de nuevo que el Estado dispone de un margen de maniobra que no le acarrea suficientes costos políticos.
Report of UN mechanisms calls for more monitoring on Venezuela
Among the compendium of inputs for the Universal Periodic Review (UPR) on Venezuela to be held on January 25, is the OHCHR compilation document on the reports of the treaty bodies and special procedures and other relevant United Nations documents.
As a starting point, the international regulatory framework ratified by Venezuela remains deficient. In the second cycle, the State received several recommendations to adhere to or ratify eight human rights treaties, of which only one was ratified during the period of this review, namely, the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers. Since 2016, the State has dragged a debt against the UPR that denies international protection to victims in the field of forced disappearances, torture, childhood, refuge, statelessness, and domestic work. In contrast, in the past cycle it was recommended to return to the American Convention on Human Rights and to the jurisdiction of the Inter-American Court, which was not mentioned in this report.
As in the previous cycle, this report reiterates the recommendation of the OHCHR to advance in the programming of the visits requested by the heads of special procedures, none of which have been carried out. Similarly, in both cycles, the OHCHR mentions the delay of the State in submitting reports to treaty bodies. It is noteworthy that, although in this report the OHCHR acknowledges the establishment and extension of the mandate of the Independent International Fact-Finding Mission on Venezuela, it does not include an express recommendation to cooperate with said mechanism, which does appear with respect to the other mechanisms of the Human Rights Council.
Another difference to highlight between the reports of the second and current cycle is linked to the specificity of the information on cooperation with treaty bodies and special procedures. While in the second cycle information was included on the number of decisions by treaty bodies and their status, as well as the number of communications from special procedures and responses received from the State, the current report did not include this data, which makes it impossible to quantify the impact of the Venezuelan situation from the perspective of UN expert and independent mechanisms.
In terms of substantive obligations, the current report adds new sections, one on the environment, development and business, another on the fight against terrorism, a third on slavery, and a fourth on women, in addition to diversifying a fifth section on migrants, refugees and asylum seekers, which recently incorporates internally displaced persons. The first group highlights the impact of unilateral coercive measures, the situation in the Orinoco Mining Arc and the acceptance of humanitarian aid by various actors, in all of which the State failed to comply with its international human rights obligations.
Regarding the fight against terrorism, the use of legislation to stigmatize and criminalize civil society, particularly defenders and the media, is noted. Regarding the issue of slavery, the report points to the increase in cases of human trafficking in the context of Venezuelan mobility. As for women, the report expresses, among other things, «the disproportionate and differentiated impact that the crisis had» on women and girls and the cases of sexual and gender-based violence against women and girls deprived of their liberty. On the issue of migrants, the report links the migration crisis with «the lack of access to economic, social, cultural and environmental rights» and internal displacement with «issues related to security, especially localized armed conflicts».
Although the rest of the issues are repeated from the second cycle, the current report shows the worsening of the crisis through patterns of the use of force in the context of demonstrations and deaths in the context of security operations that would constitute extrajudicial executions. A key fact is that “OHCHR noted little progress in establishing a chain of command of responsibilities from higher authorities and indicated that no final judgment had been rendered in these cases”.
Additionally, the report states that the most serious cases of cruel treatment and torture took place in the facilities of the civil intelligence agency (Bolivarian National Intelligence Service, SEBIN), the military intelligence agency (General Directorate of Military Counterintelligence, DGCIM) and of military units throughout the country. It also refers to practices of forced disappearances, the lack of judicial independence, restrictions on NGOs, lack of public information and guarantees of economic, social, and cultural rights, especially regarding access to public services, food, health, decent wages, and social security.
The report, although in a poor and isolated way, refers to pre-existing causes that depend on the government. In terms of ESCR, the violations recorded in the section on the «right to an adequate standard of living» are framed in «preexisting multifactorial social and economic crises». According to the report, «the problems persisted due, in part, to the misallocation of resources, the lack of maintenance of public infrastructure and the serious lack of investment in essential services». Even so, these references do not use the concept of complex humanitarian emergency, which had already been applied by the organs of the UN system to the Venezuelan situation. In terms of civil and political rights, the violations reported in the section on “fundamental freedoms” are fueled by “selective acts of persecution and repression for political reasons, including stigmatizing rhetoric and smear campaigns”.
Despite these important points, there is also an imbalance between the information and analysis collected by the OHCHR and the information and analysis from the heads of special procedures, with few references to the latter, despite making patterns visible. For example, key information was not included, such as that contained in the most recent communication of United Nations rapporteurs published on November 19, 2021, which systematizes and condemns a set of restrictive legislation against civil society for imposing acts of control, registration, control, and sanctions to organizations. The time factor does not seem to be a valid reason, since other information from older communications, such as those that question the use of a state television channel to persecute opponents or those perceived as such, are not reflected in the report either, even when they put the magnifying glass on a recognized pattern that triggers human rights violations in the country. The report, in short, has its pros and cons in terms of expressing with rigor and conceptual clarity the human rights situation in Venezuela. Even removing the noted ups and downs, it is clear that cooperation with the human rights system is a misleading narrative. So many disregarded institutional and substantive commitments, serious and systematic patterns that have not been dismantled, and a humanitarian emergency “justified” in the sanctions, are the consequence of a system of state institutions, policies, and practices that are not seriously reformed and seek to impede international monitoring. This once again confirms that the State has room for maneuver that does not entail sufficient political cost