Después de las últimas semanas de conversaciones entre Venezuela y Estados Unidos se conoció la noticia de que el gobierno y la oposición venezolanas regresarían a la mesa de negociación, lo cual se concretó el 17 de octubre, en Bridgetown, Barbados. La cita vino acompañada con puntos de la agenda y diversas exigencias extraoficiales enmarcadas en el tema del levantamiento de sanciones sectoriales y personales a cambio de la organización de elecciones libres y transparentes en un momento a definir durante 2024.
Según información pública, las exigencias comprendían el respeto al proceso de primarias del 22 de octubre, el establecimiento de un cronograma electoral para los años 2024-2025, el levantamiento de las inhabilitaciones a candidatos de la oposición y la adopción de garantías electorales, como el acceso equitativo a medios de comunicación y la presencia de observadores internacionales. Asimismo, se señalaba la excarcelación de presos políticos.
El 17 de octubre se firmaron dos acuerdos parciales que implican avances sobre parte de los aspectos indicados. El primer acuerdo se refiere a la “promoción de derechos políticos y electorales” y el segundo a la “protección de los intereses vitales de la Nación”. Lo alcanzado hasta ahora, de acuerdo con la oposición, es la realización de una “primaria en paz”, observación internacional para las presidenciales en el segundo semestre de 2024, depuración del registro electoral y actualización del padrón electoral en el exterior. El tema de las inhabilitaciones no está resuelto, si bien a juicio del representante del gobierno, Jorge Rodríguez, nadie podrá ser candidato si tiene una sanción administrativa de la Contraloría General de la República. Tampoco se acordó la liberación de los presos políticos. Por su parte, no hubo mayor referencia sobre “la protección de los intereses vitales de la Nación”.
Aun cuando el vocero del gobierno aseguró que en los próximos días se verán resultados, es difícil anticipar si el acuerdo podrá implementarse y cómo, considerando entre otros factores que Estados Unidos no ha manifestado su respuesta en relación con la anulación de algunas sanciones sectoriales y personales, ni qué ha exigido para ello al gobierno venezolano. Dada la falta de información sobre cómo funcionará el mecanismo progresivo de levantamiento de sanciones, no corresponde sino exigir que ese ese mecanismo sea transparente y tenga indicadores o metas claras, objetivas y verificables por las partes y la sociedad en su conjunto.
La reanudación del diálogo político y sus progresos, aunque son dignos de reconocer, si continúan avanzando – en el mejor de los casos- sin otras medidas que son necesarias, abrirán riesgos significativos al objetivo de reconstruir o reorientar democráticamente al país. Esos avances a la larga pueden convertirse en una plataforma para el retroceso de la situación de derechos humanos y democrática en Venezuela, si otros temas de primer orden son dejados de lado en la mesa de negociación con la intención de favorecer una nueva pseudo-elección.
Empecemos por el acuerdo sobre el fondo social. Luego de casi un año de haberse firmado en México, se supo que todavía no podrá ejecutarse porque las principales partes involucradas –Estados Unidos y Venezuela- mantienen diferencias, lo que posterga todavía más la liberación de los tres mil millones de dólares prometidos. El principal obstáculo que paradójicamente muchos intentan justificar es la absoluta opacidad que ha caracterizado el proceso. El asunto del fondo social es el que mayores niveles de reserva tiene, con lo cual es imposible que exista la contraloría pública, y sin ella, difícilmente las partes serán escrutadas y exigidas a actuar.
La segunda carencia tiene que ver con el alcance pobre de las medidas anunciadas, las cuales no sólo son en sí mismas limitadas, sino que de mantenerse con su carácter insuficiente provocarán un efecto boomerang sobre el país. Lo del registro electoral es un ejemplo elocuente. El asunto de la actualización del padrón en el exterior se plantea luego de años de exigencia sin que ningún actor le haya prestado atención sino hasta ahora. Esto ha producido que a pocos meses de la elección, ningún esfuerzo se haya dado para incluir a los venezolanos fuera del territorio nacional, que representan cerca del voto del 25% de los electores, y sobre los cuales pesan todavía obstáculos legales, administrativos y humanitarios, como refiere un análisis nuestro. Por otra parte, sin acordar las garantías políticas y electorales concretas de todos los candidatos ni asegurar un entorno institucional adecuado que empiece por liberar a todos los presos políticos, se mantiene la amenaza de otra fachada de elección en 2024.
El tercer aspecto es una advertencia al levantamiento de sanciones personales. En ningún caso estas medidas pueden beneficiar a violadores de derechos humanos ni tampoco a personas involucradas en hechos de corrupción que por su impacto hayan afectado de manera relevante derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela. La corrupción produce consecuencias directas en la emergencia humanitaria compleja, como lo argumenta uno de nuestros análisis. No se puede levantar sanciones vinculadas a corrupción sin antes haber publicado una evaluación seria sobre los efectos de cada caso particular en los derechos de la población. La negociación política no sólo debe tener por objeto los derechos humanos, sino que primordialmente debe tener por base y fin último la realización de tales derechos.
Por último, para que este proceso de negociación tenga buen cauce y mejore sus posibilidades de éxito, necesariamente requiere niveles mínimos de transparencia que no están siendo garantizados, así como la participación amplia e informada de la sociedad civil. Ningún sector de la sociedad civil que se arrogue tal representación la detenta ni puede detentarla, por lo que la pluralidad de sectores y actores sociales deben ser involucrados bajo mecanismos autogestionados y no condicionados para que ejerzan roles protagónicos que garanticen los procesos de convivencia democrática de cara a las elecciones, tal como aspiran los acuerdos firmados entre el gobierno y la oposición. Es imprescindible incluir en un proceso democrático de consulta a las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluyendo a los grupos más vulnerables de la emergencia humanitaria compleja. Parece redundante recordar que la vida democrática del país no es patrimonio de los partidos políticos ni de unos pocos voceros autoproclamados.
Como hemos reiterado en otras ediciones, asegurar la continuación de las negociaciones es un reto para la comunidad internacional, pero un reto mayor es garantizar que no se pierda el norte de los acuerdos políticos, como son las necesidades humanitarias de la población y el camino hacia la redemocratización. Se requiere un mecanismo de presión incremental que apunte a dibujar e implementar una hoja de ruta enfocada en los aspectos sustantivos del acuerdo social y de los acuerdos parciales del 17 de octubre, más si se observa que la mesa de negociación se instrumentaliza con objetivos políticos-partidistas, mientras las necesidades de la población, supuestamente prioritarias, siguen relegadas a un segundo plano.