En 2005, la entonces Comisión de Derechos Humanos de la ONU (ahora el Consejo) creó la Relatoría Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; su mandato ha sido extendido desde entonces, la última vez en 2025.
En años recientes, la Relatoría se ha manifestado con respecto a situaciones violatorias de derechos humanos en Venezuela en las que se han invocado argumentos sobre la lucha contra el terrorismo para perseguir a opositores o a personas percibidas como tales, en 2020, 2023 y 2024. Además, la Relatoría se ha pronunciado sobre la invocación del terrorismo como causa de deportaciones de venezolanos desde EE.UU. en abril y agosto de 2025. De esta manera, diferentes sectores se han visto afectados en sus derechos por dos gobiernos de diferente signo político, pero con una característica común, como es el uso del terrorismo como justificación de actos violatorios de los derechos humanos.
El más reciente y polémico evento se produjo el 2 de septiembre, cuando Trump anunció que una embarcación con supuestos miembros del Tren de Aragua, grupo que ya había sido designado como terrorista, había sido atacada por fuerzas estadunidenses mientras “se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a los Estados Unidos. El ataque causó la muerte de 11 terroristas. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido en este ataque”.
Si eran 11 personas, si eran más o menos pasajeros y tripulantes, si transportaban drogas, migrantes o ambos o si eran del Tren de Aragua, del Cartel de los Soles o de alguna otra organización criminal, es irrelevante, pues, como ha afirmado el profesor Simón Gómez, “El derecho internacional humanitario considera crimen de guerra el uso de fuerza letal contra civiles o personas fuera de combate. La etiqueta ‘antiterrorista’ o ‘sin conflicto armado’ no es eximente de responsabilidad”. Hubo una acción desproporcionada donde barcos de guerra, no una patrulla costera, decidieron hundir la embarcación, en vez de usar otros métodos de persuasión y neutralización como el abordaje, disparos al motor o redes.
La acción extrema del hundimiento de la embarcación y de sus ocupantes priva a la sociedad de conocer la verdad. De hecho, un oficial de la Armada de EE.UU. en el Caribe, que formaba parte de la operación, declaró de manera informal a un corresponsal de prensa que la embarcación y sus ocupantes estaban «en el fondo del mar». De esta manera, al borrar todo registro y evidencia de lo sucedido, se impide el conocimiento de la verdad. La máxima según la cual el fin justifica los medios fue soportada también por el vicepresidente Vance quien, ante una persona que calificó el hecho como un crimen de guerra, respondió «Me importa un bledo cómo lo llames».
Más preocupante aún es la tímida reacción del Secretario General de la ONU, quien solo se ha manifestado a través de su vocero, quien, en respuesta a una pregunta sobre el hundimiento de la embarcación, solo señaló que la ONU “no está en condiciones de” emitir un juicio al respecto y destacó que “el negocio transnacional de las drogas supone una gran amenaza para la región y más allá”, lo que parece indicar que Guterres ha comprado la narrativa de Trump sobre la legitimidad de sus acciones en el contexto de una guerra contra las drogas, aunque el vocero agregó “estamos viendo problemas relacionados con el tráfico de drogas, con el crimen organizado (…) Lo importante para nosotros es que todos los implicados refuercen la cooperación y el diálogo constructivo para garantizar que los esfuerzos para hacer frente a esas amenazas del crimen transnacional sean coherentes con el Estado de derecho, la protección de los derechos fundamentales, la cooperación, etcétera”.
Las narrativas utilizadas en contra de la humanidad, fundadas en el narcotráfico y el terrorismo siempre han sido invocadas, pero ahora van acompañadas de un componente letal mayor, porque los estados han acumulado capacidades bélicas, armamentistas, tecnológicas y económicas para ese fin y el sistema multilateral que se diseñó para contenerlo está fallando tanto en la prevención de los conflictos, como en su capacidad de mediación para alcanzar soluciones oportunas y duraderas.
Muchos estados, incluso democráticos, entiendan que pueden imponer sus objetivos de política interna por encima de cualquier principio internacional. Es la vuelta al régimen del uso de la fuerza, donde se impone el que más recursos tiene en ese sentido, amparándose en la narrativa del terrorismo como enemigo a vencer y aplicando esa etiqueta de manera indiscriminada. En otras latitudes, se está aplicando la misma lógica en Gaza, donde hospitales, escuelas y edificios de diverso tipo son derribados sin filtro alguno, alegando que son usados por una organización terrorista, mientras se corta el suministro de agua y alimentos a la población civil.
Es también alarmante que, en el caso de Venezuela, haya quienes aplaudan las medidas anunciadas por el gobierno de Trump, dentro de la lógica perversa de “en enemigo de mi enemigo es mi amigo”, acariciando una eventual salida de Maduro para la cual todo vale. Sería un trágico contrasentido que la salida del poder de una persona señalada por crímenes de lesa humanidad quedara en manos de otro mandatario señalado por su participación directa e indirecta en los mismos crímenes, y todo en nombre de la lucha contra las drogas y el terrorismo, sin mención alguna a la democracia, la voluntad popular o los derechos humanos.
Los estados democráticos no pueden permitir que siga avanzando la creación de un orden paralelo donde todo vale y donde las violaciones a los derechos humanos no tienen costo político y ya no se cometen solo contra sus propios ciudadanos, sino contra extranjeros que son señalados como mercenarios, en el caso de los rehenes tomados por Venezuela, o terroristas, en el caso de los deportados por los EE.UU. Los límites a la lucha contra el terrorismo existen y han sido ampliamente desarrollados desde la creación de la relatoría sobre este tema en 2005. Es hora de poner freno al terror estatal que se excusa en el terrorismo para avanzar sin limites.