
Desde el triunfo electoral de Gustavo Petro en Colombia, se han generado grandes expectativas en lo que se refiere a algunos temas binacionales, tales como el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares, la completa reapertura de fronteras, la reactivación de las relaciones comerciales y hasta el reinicio de relaciones militares. Según los medios de comunicación, en la reunión sostenida por los cancilleres de ambos países el 28 de julio, se habrían abordado estos asuntos. Sin embargo, el tema de la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Venezuela, todavía no ha aparecido en la agenda.
En declaraciones a los medios, Faría, canciller de Maduro, afirmó que se había hablado de seguridad y paz en la frontera, pero no queda claro si eso incluyó la presencia del ELN en Venezuela.
Como es sabido, la presencia del ELN del lado venezolano es de larga data. En los años 80 y 90 tanto el ELN como las FARC hacían frecuentes incursiones a territorio venezolano y asaltaban puestos militares fronterizos para abastecerse de armas. La frontera era usada como una zona de aliviadero y abastecimiento, pero sin mayor presencia permanente. A partir de la llegada de Hugo Chávez al poder, cesaron los ataques a puestos militares por parte de los grupos guerrilleros colombianos, lo que hace presumir que su abastecimiento y resguardo ya no tenía que ser a la fuerza.
Progresivamente, se comienza a registrar una mayor presencia de la guerrilla colombiana en territorio venezolano, con un manifiesto control de población y territorio. En años recientes, la presencia se ha extendido a estados no fronterizos y con incursión en la actividad minera -área en la que ya tenían experiencia en Colombia-, especialmente desde el inicio de operaciones del Arco Minero del Orinoco.
La explotación aurífera incontrolada tiene graves impactos sobre el medio ambiente y sobre la integridad del territorio y la vida de los pueblos indígenas, de manera especial en los estados Amazonas y Bolívar de Venezuela, donde comienza a registrarse una cantidad alarmante de asesinatos contra miembros de comunidades indígenas. Por otra parte, los constantes ataques al oleoducto Caño Limón-Coveñas en territorio colombiano, generan afectaciones ambientales en territorio venezolano, debido a que los derrames de petróleo ocasionados por los atentados fluyen por algunos ríos que forman parte de la cuenca del Lago de Maracaibo en territorio venezolano.
De esta manera, el ELN no solo se ha convertido en una guerrilla binacional, sino que ha trasladado a territorio venezolano consecuencias que van más allá de daños colaterales del conflicto armado, en dos asuntos que son de alto interés para Gustavo Petro y Francia Márquez, como son los derechos de los pueblos indígenas y el derecho a un medio ambiente sano.
Este 11 de agosto, una delegación colombiana, encabezada por el Canciller Álvaro Leyva, viajó a Cuba para iniciar acercamientos con el ELN. Sin duda, la experiencia del Canciller Leyva como mediador de paz será un activo de gran valor en cualquier proceso y la disposición del gobierno que representa para restablecer relaciones con Venezuela, puede ser una buena noticia para los venezolanos.
Sin embargo, mientras se sienta cómodo, dominando un territorio y participando en la extracción minera, el ELN en Venezuela tiene pocos incentivos para negociar la paz. Por otra parte, en la medida en que el conflicto entre el ELN y el Estado colombiano ha traspasado las fronteras para convertirse en un conflicto binacional, cualquier negociación también deberá tener un enfoque binacional, con especial consideración al impacto ambiental y a los derechos de los pueblos indígenas. Lamentablemente, no es fácil imaginar al gobierno de Maduro asumiendo un papel facilitador en un proceso de paz, cuando la presencia del ELN le ha resultado funcional a sus propios intereses. Si hay que buscar incentivos para el ELN, también habrá que buscarlos para quienes detentan el poder en Venezuela.
En 2021, unas 60 organizaciones de Colombia y de Venezuela solicitaron al secretario general de las Naciones Unidas el nombramiento de un enviado especial para la crisis fronteriza entre ambos países. La ONU cuenta con una misión de verificación en Colombia y, aunque Guterres ha sido extremadamente cauto en la generación de propuestas frente a la crisis venezolana, quizás el hecho de tratarse de un asunto binacional podría renovar la relevancia de esta propuesta, especialmente si se tiene en cuenta que lo que suceda con el ELN más allá del territorio colombiano podría tener un efecto negativo para el cumplimiento de los objetivos de la misión de la ONU en Colombia.
Las OSC y la comunidad internacional tienen una nueva oportunidad de apoyar un proceso que apunte a una paz duradera en un territorio que afecta por igual al pueblo colombiano y venezolano.