El 24 de agosto de 2022, tres abogados defensores de derechos humanos, Ana Leonor Acosta, Kelvi Zambrano y Alonso Medina Roa, conocieron de manera extraoficial de una investigación penal en su contra por parte de la División de Antiterrorismo del Cuerpo de Investigaciones Científica, Penales y Criminalísticas (CICPC).
La manera en que se enteraron de su supuesta incursión en presuntos delitos fue tan agresiva como sorpresiva: lo conocieron mientras retenían al abogado Medina Roa en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, por una “alerta migratoria”.
Medina Roa se disponía a salir del país por motivos familiares, pero terminó permaneciendo tres horas y media en el aeropuerto para luego ser dirigido a la División de Antiterrorismo del CICPC. Allí supo de un expediente y que los tres abogados estaban siendo investigados por unas declaraciones en rueda de prensa del 27 de junio de ese mismo año, en las que la organización que integran, la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, había presentado un informe con denuncias de torturas en centros clandestinos de detención del país.
Mediante acción urgente dirigida a la Relatora Especial sobre defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, los abogados advirtieron un acto de “persecución y hostigamiento en contra del ciudadano defensor por su oficio de defensor y activista de los derechos humanos (…) así como de criminalización a los abogados que denuncian torturas en Venezuela”. En declaraciones a FM Center, Ana Acosta alertó que se “utilizan las instituciones con competencia en terrorismo para perseguir a los defensores de derechos humanos”.
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró un total de 50 ataques a organizaciones y defensores de derechos humanos durante julio de 2022, puntualizando que ese mes “refleja el recrudecimiento de la criminalización de la defensa, promoción y exigencia de los derechos humanos”. En su reporte mensual, la organización señaló nuevas detenciones arbitrarias y procesos de judicialización, subrayando los casos de los líderes sindicales Emilio Negrín y Gabriel Blanco, quienes se enfrentan a cargos de asociación para delinquir, conspiración y terrorismo.
En su informe del primer semestre del año, la organización contabilizó 214 hechos contra organizaciones y defensores de derechos humanos, y “a pesar de observarse una disminución en el número de agresiones [con respecto al mismo periodo en 2021], se destaca que los riesgos se mantienen en un nivel alto para el movimiento de derechos humanos”.
Por su parte, el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), advirtió en su informe de monitoreo del primer semestre que “cada 14 horas una persona u organización es acosada, hostigada o criminalizada por parte del gobierno de Nicolás Maduro”, lo que incluye -hasta junio 2022- a un total de 15 organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos criminalizadas.
La descalificación pública y judicialización contra la sociedad civil por cargos de terrorismo y otros delitos contemplados en Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, es un patrón documentado en el primer informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (en adelante “la Misión”). La utilización de esta legislación, plagada de delitos vagos y amplios, es tan arbitraria que, en Julio de 2020, el entonces Ministro del Interior, Néstor Reverol, anunció que los venezolanos que habían abandonado el país y regresaban serían acusados con esa ley “por traer Covid-19 al país”.
La Misión documento que, “aunque había cuatro tribunales especializados que se ocupaban de los casos de terrorismo, un gran número de casos se asignaron a dos jueces determinados dentro de ellos, en particular a Carol Padilla (Caso 9: Juan Requesens, Julio Borges, Caso 10: Fernando Alban y Caso 11: Roberto Marrero) e Hilda Villanueva (Caso 3: Gilber Caro, Víctor Ugas, Edgar Zambrano), de la Primera y Segunda Sala de Control con competencia en delitos de terrorismo, respectivamente”. Estos tribunales fueron creados por el TSJ, sin ser contemplados en la legislación. Además, la Misión expresó que “al menos otros 20 militares y exmilitares juzgados en tribunales civiles, [fueron] acusados de uno o más de los siguientes delitos: traición, terrorismo, posesión de armas de guerra, instigación a la rebelión y asociación delictiva”.
De los casos referidos, la Misión conoció en detalle más de 10 procesos en materia de terrorismo, y en todos determinó que se habían cometido violaciones a los derechos humanos por prácticas de malos tratos o tortura, detenciones arbitrarias, confesiones ilegales, retrasos procesales, obstrucciones al derecho a la defensa, jueces parcializados, entre otras. Es decir, la legislación articulada con la práctica de los tribunales antiterroristas habla de numerosos casos en los que hubo y potencialmente habrá diversas violaciones de derechos humanos por razones políticas.
AlertaVenezuela reitera su llamado a la comunidad internacional a que cumpla con su deber de promover y proteger los derechos humanos en Venezuela, y particularmente el Consejo de Derechos Humanos, que tiene en sus manos una de las responsabilidades más inmediatas e importantes de su historia, como lo es asegurar la renovación de la Misión sobre Venezuela. Sólo la Misión podrá ayudar en la rendición de cuentas por estos casos y otros tantos no registrados.