A la difícil situación que atraviesa el pueblo venezolano, inmerso en una emergencia humanitaria compleja y con una migración que ya supera los siete millones de personas, se suma un evento que, aunque debería ser un trámite cotidiano en cualquier país, en Venezuela constituye un reto de enormes dimensiones: las elecciones presidenciales de 2024.
El sistema electoral venezolano no ha logrado generar confianza en el electorado, ni en los organismos especializados en el tema electoral tanto en Venezuela como en el ámbito internacional. Ello se debe a varias causas, algunas de las cuales son las siguientes:
- La inhabilitación arbitraria de candidatos
- La precariedad del registro electoral
- El uso abusivo de recursos públicos en la campaña electoral
- Las limitaciones a la observación electoral
En efecto, la inestabilidad política que vive el país ha preocupado a la Organización de las Naciones Unidad, a la Unión Europea y a numerosos gobiernos, y el llamado unánime de todos ha sido a la realización de una elección libre y justa en el país. A pesar de que distintas organizaciones de muy alto nivel fueron propuestas para ejercer el rol de observación durante el reciente proceso electoral en el que se elegirían autoridades regionales y municipales, el Consejo Nacional Electoral sólo aprobó la participación del panel de expertos de la ONU y la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE), junto a pocas organizaciones nacionales.
Cabe destacar que a las entidades no nacionales no les está permitido el ejercicio de un proceso de observación electoral, quedando limitadas a lo que la Ley Orgánica de Procesos Electorales denomina “acompañamiento electoral”, que implica una estricta supervisión por parte del Estado de todas sus actividades, declaraciones públicas y el requerimiento de autorización para determinar sus desplazamientos en el territorio nacional.
A pesar de estas limitaciones, el reporte final de la MOE de la Unión Europea sobre las elecciones regionales y municipales que tuvieron lugar el 21 de noviembre de 2021 recoge varias de las principales fallas del sistema electoral venezolano.
La precariedad del registro electoral es un tema fundamental. Tal como recoge la Misión de la Unión Europea:
Mientras que el Consejo Nacional Electoral estima el subregistro en menos del 3.4 por ciento del total de ciudadanos elegibles, organizaciones de la sociedad civil consideran que esta cifra es muy superior (dos o tres millones).
Estas cantidades, sin embargo, son claramente conservadoras, y queda por considerar las graves fallas del registro en cuanto a la ubicación y el lugar asignado para el ejercicio del voto, ya que han sido numerosas las denuncias sobre ubicación arbitraria del centro de votación asignado a cada votante por parte del CNE, lo que ha imposibilitado el sufragio de muchos electores.
La MOE agregó:
Un esfuerzo para registrar votantes en el exterior implicaría superar varios desafíos, como la necesidad de negociar con otros países la operación de registro, la eventual reticencia de algunos venezolanos a registrarse, y quizás la necesidad de flexibilizar los requisitos para el registro, admitiendo no sólo permisos de residencia legal, cédulas de identidad y pasaportes venezolanos, sino también visas de trabajo, estudio o negocios.
En atención a estos retos la MOE recomendó: “Proporcionar más opciones para que los votantes, incluidos los venezolanos que viven en el extranjero, actualicen su información fuera de los períodos electorales, con el fin de mejorar la precisión del registro electoral y medir mejor las tasas de participación electoral” (énfasis añadido).
Hay, sin embargo, muchos otros factores que distancian al sistema electoral venezolano de los criterios de independencia, imparcialidad y transparencia: la arbitraria alteración de las fechas electorales, la inacción para garantizar el ejercicio del voto en el exterior, el no facilitar la inclusión de los nuevos votantes en el registro electoral son sólo algunos de ellos. La comunidad internacional debe insistir en la necesidad de establecer correctivos a esta grave situación, ya que el registro electoral es parte integral del derecho al voto, por lo que no puede estar subordinado a una mesa de negociaciones.