La población venezolana, lejos de experimentar las narrativas oficiales de “mayor crecimiento» y una «normalización económica y social», se desnuda en cifras y realidades demoledoras que revelan la profundización de la crisis humanitaria. Los boletines especiales de HumVenezuela presentan una radiografía alarmante del Estado que ha abandonado sus funciones más básicas, dejando a los sectores más vulnerables en una lucha diaria por la supervivencia. Bajo la gestión de Nicolás Maduro y la supervisión directa de Delcy Rodríguez en el área económica y política, y ahora como Presidente Encargada, los derechos humanos a la salud, la alimentación y la educación hace tiempo que dejaron de ser garantías constitucionales en el país para convertirse en lujos inalcanzables.
El régimen ha dinamitado el sistema sanitario público. Según los datos recopilados, «7,2 millones de mujeres, niñas y adolescentes no reciben atención médica cuando la buscan en centros de salud públicos». Esta cifra no es solo un número; es la evidencia de un sistema hospitalario en ruinas, sin insumos ni personal. El impacto en las mujeres es doblemente degradante: la falta de servicios de salud sexual y reproductiva es alto, con «más de 500 mil mujeres que reportaron necesitar servicios de planificación familiar y 490 mil de atención a partos en las zonas donde residen», necesidades que simplemente no son atendidas.
La consecuencia directa es la precariedad extrema. Las mujeres se ven obligadas a elegir entre comer o curarse, pues «4,6 mujeres deben reducir los gastos en salud para que el presupuesto pueda cubrir los gastos en alimentos». Esta disyuntiva impuesta por el desinterés y la falta de protección del régimen venezolano, a pesar de cuantiosos ingresos petroleros por años, ha sumido a los hogares en un estado de desprotección acumulada.
Por su parte, el futuro de Venezuela está siendo hipotecado. La administración actual también ha fallado en proteger a los niños, niñas y adolescentes (NNA). El hambre es una realidad palpable en la medida en que «190 mil niños, niñas y adolescentes necesitan tratamientos para la desnutrición a los que no tienen acceso«. Mientras el discurso oficial ignora estas carencias, una generación crece con secuelas físicas y cognitivas irreversibles.
En el ámbito educativo, el panorama es igual de sombrío:
- 1,5 millones de NNA mayores de 3 años están fuera de la escuela.
- 1,7 millones que aún asisten están en riesgo de abandonar por asistencia irregular.
- Más de 400 mil presentan riesgo de abandono por rezago escolar.
El derecho a la educación cesó como una vía de movilidad social y se hizo víctima de la crisis humanitaria, lo que afecta a representantes, docentes, estudiantes y al sistema en general.
El desprecio de la administración por los derechos humanos se extiende a grupos vulnerables. Las personas con discapacidad enfrentan una barrera considerable que hace que «1,1 millones de personas en situación de discapacidad no [tenga] acceso a servicios de salud« y una cantidad igual debe disminuir sus raciones de comida diaria.
Los adultos mayores, tras una vida de trabajo, son condenados a la indigencia por pensiones irrisorias. El boletín señala que «1,8 millones de personas mayores deben comprar los alimentos a diario porque el dinero no les alcanza para abastecerse cada mes». Además, la falta de atención médica crónica afecta a casi 700 mil adultos mayores, quienes mueren lentamente por decisiones institucionales que no han sido corregidas.
En cuanto a la comunidad LGBTI, este grupo enfrenta una discriminación estructural que se agrava con la crisis humanitaria. Al respecto, «1,3 millones de personas LGBTI llegó a tener que reducir la cantidad de comidas al día por falta de ingresos», y un millón se ha visto en la necesidad de pedir dinero prestado solo para alimentarse. En definitiva, la situación solo habla de padecimientos acumulados a lo largo del gobierno de facto.
Es evidente que la gestión de Nicolás Maduro y ahora de Delcy Rodríguez han priorizado el control político sobre la inversión en bienestar y protección de la población. El resultado ha sido llegar a generar un país donde tener una enfermedad es potencialmente una sentencia a muerte. Los números apuntan con consistencia a dicha afirmación:
- 4,9 millones de personas con problemas de salud agudos gastan más de la mitad de su presupuesto en alimentos, y la mayoría no consigue atención en hospitales públicos.
- 2,7 millones de personas con condiciones crónicas no tienen acceso a consultas preventivas en el sistema público.
- 600 mil niños, niñas y adolescentes con problemas de salud agudos no reciben atención ni tienen acceso a medicinas.
En 2016 Delcy Rodríguez siendo canciller negó de manera categórica la existencia de una emergencia humanitaria en Venezuela y en 2018 descartó la relación entre migración masiva de venezolanos y la emergencia humanitaria. Ante la indolencia del gobierno de facto, la comunidad internacional no puede permanecer como una espectadora pasiva de una crisis humanitaria. Es necesario fortalecer de manera urgente el financiamiento del Plan de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas, asegurando que la ayuda llegue directamente a las organizaciones de la sociedad civil que operan en el terreno sin mediación política del Estado. También se hace imperativo ejercer presión diplomática para la apertura de canales humanitarios permanentes y la restauración de los servicios públicos básicos bajo supervisión internacional. Finalmente, los organismos de derechos humanos deben continuar visibilizando y denunciando la privación sistemática de derechos sociales, incluido el derecho a la vida, como una política de Estado que constituye una violación permanente al bienestar del pueblo venezolano.