Alarmante aumento en la brecha de desigualdad en Venezuela
Hace unas semanas se dieron a conocer los resultados de la última Encuesta de Condiciones de Vida, ENCOVI, que presenta cifras alarmantes.
Algunas de las cifras más significativas son: la caída en más de medio millón de estudiantes en la matrícula educativa; la reducción de la cobertura del Programa de Alimentación Escolar a tan solo el 19% de la población escolarizada; la población económicamente activa e inactiva se igualaron (50% cada una) y la informalidad laboral alcanzó el 60%; la pobreza total y la pobreza extrema alcanzaron registros históricos (95% y 76,6% respectivamente). Estos y otros datos convirtieron a Venezuela en el país más desigual de América.
Aunque la ENCOVI 2021 se realizó entre febrero y abril de ese año y, por tanto, registra el impacto del COVID-19, es necesario recordar que la pandemia se convirtió en una emergencia dentro de la emergencia humanitaria que ya padecía Venezuela, por lo que los hallazgos de la encuesta no pueden atribuirse solamente al fenómeno del coronavirus. La misma presentación de la ENCOVI 2021 recuerda que parte del contexto en el que hay que leer estas cifras está asociado con la “Creación fallida de una nueva institucionalidad a partir de la aprobación de la Constitución Nacional de 1999, a juzgar por la falta de respuestas pertinentes, oportunas y eficientes para atender problemas en todos los órdenes”[1].
Los indicadores sobre el impacto de la Emergencia Humanitaria Compleja recogidos por HumVenezuela hasta junio de 2021, son consistentes con los hallazgos de la ENCOVI. Así, HumVenezuela registró una agudización del colapso de los servicios que se expresó en un 75% de déficit en la capacidad de generación de energía eléctrica, un 95% de paralización del transporte y un 43% de caída en la producción de gas natural. Además, para junio de 2021, se había producido una caída del salario mínimo real del 99,2%, mientras que el autoabastecimiento de alimentos mediante producción nacional se ubicó en 20%; estos indicadores tienen a su vez un impacto directo en los niveles de nutrición de la población, de manera que las personas en situación de inseguridad alimentaria pasaron de 9,3 a 14,3 millones de habitantes, lo que equivale al 50% de la población. Indicadores como reducción de porciones de comida, subalimentación e ingesta de proteínas cayeron de manera preocupante entre marzo de 2020 y junio de 2021.
Las llamadas misiones, que son mecanismos de subsidio directo a la población de menores recursos, los cuales carecen de un enfoque de política pública para la superación de la pobreza, han reducido enormemente su cobertura. Según los datos de la ENCOVI, El 75,2% de la población no es beneficiaria de ninguna misión. Los programas de suministro de alimentos (CLAP) tienen una cobertura de un 86% de beneficiarios; sin embargo, esta es muy irregular, de tal manera que solo el 0,2% de la población recibe este subsidio de manera semanal o quincenal, mientras que más del 60% de los beneficiarios solo acceden a esta modalidad de suministro de alimentos una vez al mes o de forma trimestral.
Los anteriores indicadores evidencian que, en medio de la peor crisis, la respuesta del Estado venezolano ha sido menor, aumentando los niveles de inequidad, en contraposición a lo pautado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en su Observación General N° 3 que señala que “aun en tiempos de limitaciones graves de recursos, causadas sea por el proceso de ajuste, de recesión económica o por otros factores, se puede y se debe en realidad proteger a los miembros vulnerables de la sociedad mediante la adopción de programas de relativo bajo costo”.
En contraste, un 5% de la población vive en lo que se ha denominado una “burbuja”, no de bienestar, sino de extrema opulencia, que se refleja en la adquisición de vehículos de lujo, consumo de bienes suntuarios en tiendas de moda de firmas y restaurantes de clase internacional, entre otros. La corrupción y el blanqueo de capitales ha dado origen a una élite minúscula pero con un extraordinario poder adquisitivo que marca una brecha abismal con el otro 95% de la población cada vez más pobre.
Se trata de una clara demostración del fracaso de un modelo populista que se vendió a sí mismo como socialista y que fue incapaz – debido a la corrupción y la ineficiencia – de redistribuir la enorme renta petrolera obtenida durante la primera década del Siglo XXI. De esta manera, la pobreza, lejos de ser superada mediante políticas públicas de largo aliento, se ha explotado como mecanismo de control social.
[1] ENCOVI 2021. Presentación. https://assets.website-files.com/5d14c6a5c4ad42a4e794d0f7/6153ad6fb92e4428cada4fb7_Presentacion%20ENCOVI%202021%20V1.pdf
Alarming increase in the inequality gap in Venezuela
A few weeks ago, the results of the latest Living Conditions Survey, ENCOVI, were released presenting alarming figures.
Some of the most significant figures are the drop in more than half a million students in educational enrollment; the reduction of the coverage of the School Feeding Program to only 19% of the school population; the economically active and inactive population were equalized (50% each) and labor informality reached 60%; total poverty and extreme poverty reached historical records (95% and 76.6% respectively). These and other data made Venezuela the most unequal country in the Americas.
Although the ENCOVI 2021 data was collected between February and April of that year and, therefore, records the impact of COVID-19, it is necessary to remember that the pandemic became an emergency within the humanitarian emergency that Venezuela was already suffering, therefore the survey findings cannot be attributed solely to the coronavirus phenomenon. The same presentation of ENCOVI 2021 recalls that part of the context in which these figures must be read is associated with the “Failed creation of a new institutionalism since the approval of the 1999 National Constitution, judging by the lack of relevant, timely and efficient responses to address problems in all areas»[1].
The indicators on the impact of the Complex Humanitarian Emergency collected by HumVenezuela until June 2021, are consistent with the ENCOVI findings. Thus, HumVenezuela recorded a worsening of the collapse of services that was expressed in a 75% deficit in electric power generation capacity, a 95% stoppage of transportation and a 43% drop in natural gas production. In addition, by June 2021, there had been a fall in the real minimum wage of 99.2%, while food self-sufficiency through national production stood at 20%; These indicators in turn have a direct impact on the nutritional levels of the population, so that the number of people living in food insecurity went from 9.3 to 14.3 million inhabitants in one year, which is equivalent to 50% of the population. Indicators such as reduced food portions, undernourishment and protein intake fell worryingly between March 2020 and June 2021.
The so-called missions, which are direct subsidy mechanisms for the poorest population, lack a public policy approach to overcoming poverty. Missions have greatly reduced their coverage. According to ENCOVI data, 75.2% of the population is not beneficiary of any mission. The food supply programs (CLAP) have a coverage of 86% of beneficiaries; however, this is very irregular, in such a way that only 0.2% of the population receives this subsidy on a weekly or biweekly basis, while more than 60% of beneficiaries only access this modality of food supply once per month or quarterly.
The previous indicators show that, in the midst of the worst crisis, the response of the Venezuelan State has been less, increasing the levels of inequity, in contrast to what is established by the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights in its General Comment N ° 3 which states that “even in times of severe resource limitations, caused either by the adjustment process, economic recession or other factors, one can and should actually protect vulnerable members of society by adopting of relatively low-cost programs”.
In contrast, 5% of the population lives in what has been called a «bubble», not of well-being, but of extreme opulence, which is reflected in the acquisition of luxury vehicles, consumption of luxury goods in fashion stores and restaurants of international class, among others. Corruption and money laundering have given rise to a tiny elite but with extraordinary purchasing power that marks an abysmal gap with the other 95% of the increasingly poor population.
This is a clear demonstration of the failure of a populist model that sold itself as socialism and was unable – due to corruption and inefficiency – to redistribute the enormous oil revenue obtained during the first decade of the 21st century. In this way, poverty, far from being overcome through long-term public policies, has been exploited as a mechanism of social control.
[1] ENCOVI 2021. Presentación. https://assets.website-files.com/5d14c6a5c4ad42a4e794d0f7/6153ad6fb92e4428cada4fb7_Presentacion%20ENCOVI%202021%20V1.pdf