No es fácil explicarle a una víctima o a sus familiares cómo es que un país señalado por cometer crímenes de lesa humanidad, como es el caso de Venezuela, tiene una silla en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En general, tampoco son tiempos fáciles para el multilateralismo. Y es que es difícil defender un sistema que falla estrepitosamente en aquello para lo que precisamente fue creado, como le está pasando a la ONU con Ucrania.
El rescate de un sistema multilateral que responda de manera oportuna y efectiva a los grandes retos en materia de derechos humanos depende de los liderazgos en Ginebra y Nueva York, pero también de una composición donde la mayoría de sus miembros tengan un compromiso firme con los principios de la democracia y el Estado de derecho.
Hasta ahora, dos países han sido expulsados del Consejo de Derechos Humanos por su desempeño negativo; primero Libia en 2011 y más recientemente Rusia. La próxima Asamblea General de la ONU tiene ante sí la oportunidad de fortalecer una composición del Consejo que rescate uno de los tres pilares fundamentales de la ONU, como es el de los derechos humanos.
Durante años, Venezuela se las ha ingeniado para hacerse de un lugar en el Consejo de Derechos Humanos, con base en promesas no cumplidas, compromisos vulnerados y una apariencia de cooperación. De esta forma, una precaria presencia de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (OACNUDH) en el país ha sido manipulada con fines de propaganda, mientras informes contundentes de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela muestran el verdadero y sombrío panorama del país en materia de derechos humanos, y la Corte Penal Internacional persiste en llevar adelante una investigación que sabe que no avanzará desde el cuestionado sistema judicial venezolano.
En la elección del Consejo en 2015, Venezuela no tuvo rivales, ya que existían solo dos sillas para dos candidatos. Aun así, su candidatura obtuvo el número más bajo de votos para situaciones similares. En esta oportunidad, el mensaje debe ser más contundente, no solo porque hay tres candidatos para dos sillas, sino porque las credenciales de los otros dos países son ostensiblemente superiores.
El Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR), publicó una tabla en la que compara el desempeño de los tres candidatos de América Latina -Chile, Costa Rica y Venezuela- a dos sillas en el Consejo. Para ello, se identificó una serie de indicadores objetivamente medibles, agrupados en ocho categorías que incluyen: compromiso público, fortalecimiento de la efectividad del Consejo, cooperación con procedimientos especiales, Examen Periódico Universal, Órganos de Tratados, sociedad civil, Institución Nacional de Derechos Humanos y contribuciones financieras.
Según esta evaluación, Chile cumple con 10 de los 16 criterios, Costa Rica satisface 8 y Venezuela ninguno.
La decisión es clara y con ella la Asamblea General de la ONU asume la responsabilidad de proteger los derechos humanos enviando un mensaje de no tolerancia con Estados que no cumplen con criterios mínimos en la materia, y reafirmando además el compromiso del multilateralismo con uno de los pilares fundamentales que la ONU necesita rescatar.