El lunes 6 de junio, el fiscal general impuesto por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, afirmó en una entrevista al canal privado Globovisión que no hace falta una investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) porque el sistema de justicia venezolano está actuando de “manera impecable”. El fiscal impuesto por el gobierno no ha variado dicha postura, que se mantiene desde comienzos de la actuación de la CPI sobre Venezuela, a pesar de que el pasado 21 de abril el fiscal Karin Khan anunció su voluntad de seguir investigando la comisión de crímenes de lesa humanidad frente a la solicitud del Estado de delegar la investigación a manos de las autoridades nacionales.
Lo afirmado por el fiscal de la CPI encuentra eco en el reciente informe de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), titulado “Abogados bajo ataque. Barreras a la profesión legal en Venezuela”, el cual deja claro que los problemas estructurales de falta de independencia e imparcialidad del sistema de justicia venezolano permean negativamente en el ejercicio de la profesión legal de diversas maneras, en especial mediante el uso frecuente del hostigamiento público y judicial, los acosos y las sanciones penales, lo que afecta diferenciadamente a los abogados involucrados en casos de derechos humanos o de alto perfil político.
Según el Director Jurídico y de Políticas de la CIJ, Ian Seiderman, “Venezuela se ha convertido en un entorno hostil para el ejercicio independiente y responsable de la profesión jurídica, que es una condición previa para que una sociedad pueda disfrutar de un Estado de Derecho donde se protejan los derechos humanos”. El informe da cuenta de que los obstáculos, que a menudo se traducen en riesgos concretos contra los profesionales del Derecho, derivan de un patrón de hechos arbitrarios compuestos por amenazas, acoso y ataques, impedimento en la defensa con los clientes, persecución penal, obstáculos institucionales y la intervención en el funcionamiento de los colegios de abogados a nivel nacional.
Como aspectos destacados, el informe señala que “muchos de estos obstáculos, limitaciones y ataques no se encuentran consignados en documentos oficiales, como sentencias”, es decir, no son reportados en los documentos legales a pesar de ser denunciados. Los ataques “incluyen actos de estigmatización y amenazas en medios de comunicación con vínculos con el gobierno o el partido oficialista, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En muchos casos, estos ataques han desencadenado otras conductas más graves, como detenciones arbitrarias por motivos políticos”. En particular, subraya el informe, “las amenazas e intimidaciones tienen un efecto directo en la capacidad de armar una defensa adecuada”.
La negación de acceso al expediente y documentos legales, las restricciones a las visitas en centros de detención, la provisionalidad de jueces y fiscales responsables de los casos, la intervención del Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral en la designación las autoridades de los colegios de abogados, leídos en un contexto de absoluta impunidad, son parte del compendio de restricciones que no sólo hablan de los problemas del ejercicio de la profesión, sino más ampliamente de la ausencia de Estado de Derecho, separación de poderes y democracia. Los abogados son, en este sentido, un grupo de víctimas particularmente afectadas por tratar de ejercer una labor profesional de manera independiente y libre en Venezuela.
El informe de la CIJ se remite a evidencia de los informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los órganos de tratados y procedimientos especiales de las Naciones Unidas. En este listado podrían incluirse los informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre Venezuela. Este cúmulo de información echa por tierra los dichos de Saab de que el sistema de justicia venezolano es “impecable”; por el contrario, sigue siendo un instrumento de persecución y asedio contra todas las personas que deseen recuperar la democracia venezolana y la vigencia efectiva de los derechos humanos.
Con este informe, CIJ completa una serie de 7 informes sobre el deterioro del Estado de Derecho y la independencia judicial en Venezuela que expresan un retroceso constante en la situación de derechos humanos. El Fiscal de la CPI tiene muy poco margen para apartarse de la documentación, que suman las voces de centenares de víctimas, y suficientes razones para avanzar con la investigación y determinar las responsabilidades a que haya lugar.