El 28 de octubre de 2022 se reportaron protestas y el cierre de la troncal 10, vía que comunica Puerto Ordaz con el sur de Venezuela hasta Brasil. Las protestas se realizaron en las poblaciones de Tumeremo, El Dorado y El Callao, donde una considerable parte de la población se dedica a la actividad minera. Al bloqueo de la vía también se sumaron los comerciantes, quienes cerraron sus negocios. Las protestas fueron motivadas por lo que los mineros consideraron atropellos en contra de la población en el marco de un operativo militar realizado en la zona.
Todo comenzó el 17 de octubre, cuando se produjo una incursión militar en una mina del sector Imataca, en el municipio Sifontes del estado Bolívar. Los mineros denunciaron el desalojo de la mina, la confiscación y destrucción de pertenencias, incluyendo el oro que había sido extraído por ellos y hasta la quema de una iglesia cristiana, además de varias detenciones. Los militares habrían actuado encapuchados y sin ajustarse a un procedimiento judicial.
La militarización se extendió a varias poblaciones y minas del estado Bolívar, bajo el argumento de erradicar a grupos subversivos que controlan las zonas mineras. Sin embargo, los pequeños mineros denuncian haber sido blanco de las acciones militares, pese a ser pobladores de la zona con tradición en la actividad de extracción de oro.
Esta incursión militar es la segunda en tan solo dos meses, pues ya en agosto de 2022, la Fuerza Armada anunció y ejecutó la llamada “Operación Autana” con el mismo alegado propósito de erradicar a los grupos armados que operan en la zona. Durante ese operativo también se registraron atropellos, incluyendo el asesinato a balazos de un joven de 18 años en Tumeremo, hecho que fue presentado como “entrentamiento”. La versión fue desmentida por pobladores de la zona quienes aseguran que el joven fue perseguido y posteriormente ejecutado. En esa oportunidad también se produjo el cierre de la Troncal 10, como protesta por los abusos de los militares.
Cabe recordar que en el informe presentado al Consejo de Derechos Humanos por la Misión Independiente de Determinación de Hechos (MII) se recogen diversas denuncias que involucran a militares con violaciones de derechos humanos en la zona del Arco Minero del Orinoco, así como participación de estos en acciones que han llevado a su enriquecimiento ilícito. Todo indica que los atropellos cometidos por efectivos militares al amparo de operativos de las fuerzas armadas, lejos de reducirse, van en aumento, a pesar de señalamientos con nombres propios de muchos de los involucrados por parte de la MII.
El informe de la MII también recoge información sobre la participación de integrantes del grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la zona, indicando que “ha tenido presencia intermitente en varias zonas mineras del estado de Bolívar, al menos, desde 2018”. En tal sentido, cualquier iniciativa que tenga a Venezuela como espacio y a Maduro como mediador de las anunciadas negociaciones entre el ELN y el gobierno de Colombia, debe pasar por una seria consideración del papel del ELN en esta región del país, pues su actividad no se limita a la participación en la explotación aurífera, sino que ejerce control sobre población y territorio, con consecuencias en los derechos humanos de los habitantes de la zona.