El 26 de noviembre de 2022 fue firmado en México el segundo acuerdo parcial del gobierno y la Plataforma Unitaria de la oposición para descongelar alrededor de 3 mil millones de dólares en el extranjero con la intención de crear un fondo social para atender a la población más vulnerable de Venezuela. Naciones Unidas fue designada como administradora de esos fondos y parte responsable de la implementación del acuerdo, lo que le atribuye deberes de garantía.
Aunque han transcurrido pocos meses desde su firma, nadie dice que existen barreras estructurales que pongan en peligro la ejecución de dicho acuerdo. No se trata de barreras relacionadas con el trámite de las gestiones necesarias para obtener las autorizaciones de las instituciones y organismos extranjeros que permitan acceder a recursos que serán liberados progresivamente. Además, la liberación involucra a distintos países, y, por tanto, distintas fuentes financieras, lo que le impone a la ONU niveles especiales de complejidad para el manejo de esta respuesta social. Todo este proceso lleva tiempo y es objeto de un esfuerzo particular dentro de la negociación en México.
Los desafíos relacionados a la ejecución o al marco temporal de la gestión están fuera de discusión, Las barreras estructurales que subyacen a este acuerdo son tres que han marcado el fracaso de anteriores procesos de negociación y que dan señales de permanecer íntegros en el seno de la respuesta social prevista. Esas barreras se refieren a la política del secretismo, la exclusión de la sociedad civil del proceso y la apelación a amenazas institucionales ad-hoc (el proyecto de ley anti-ong). Es una fórmula que de ninguna manera conducirá a buenos resultados.
No parece existir voluntad política para mejorar la calidad de vida de una población con necesidades humanitarias en un contexto donde se niega información pública, se impide la participación de la sociedad civil y se producen nuevos ataques contra las mismas organizaciones que estarían llamadas a apoyar en la implementación de esos fondos. Es una contradicción tan evidente que nada tiene que ver con la demora del proceso o con argumentos burocráticos similares, sino con el posicionamiento de un gobierno que usa de forma arbitraria el poder para otros objetivos.
Tanto como que el gobierno reproduce prácticas antidemocráticas es la preocupación de que la ONU continúe en la línea de agente sumiso. Naciones Unidas debería estar desempeñando un rol discreto o público de incidencia ante el gobierno, pero brilla por su ausencia. El Equipo de la ONU en el país debería sostener una voz alta y clara contra la ley anti-ong y solicitar colaboración con los países involucrados y la comunidad internacional para que la implementación del acuerdo social avance con apego a los principios de derechos humanos. Sin una ONU coherente con su rol de garante no hay forma de progresar porque se trata del tercero de buena fe que está llamado a velar por la mayor neutralidad posible en dicho acuerdo. Preocupa que su estrategia de diplomacia silenciosa, buena para conservar cuotas de acceso y mala para promover cambios estructurales, siga desamparando a más víctimas en Venezuela.
Las negociaciones en Venezuela necesitan guiarse por un paradigma radicalmente diferente. En particular, las negociaciones que tienen por objetivo facilitar una respuesta social. Los actores deben levantar -o al menos informar sobre- las barreras existentes con miras a que la población no sufra más daño del que ya recibe por años de inacción y desidia acumulados. Tener derecho a conocer qué ha pasado con los anunciados 3000 millones de dólares es sólo un paso hacia elevar la importancia del asunto y exigirlo es la única manera de obligar a movilizar respuestas. Cualquier camino diferente al propuesto está destinado al fracaso.
AlertaVenezuela llama a las Naciones Unidas, los países facilitadores del proceso de negociación en México, y a la comunidad democrática de Estados, a que lideren esfuerzos de seguimiento y acompañamiento para que la implementación del acuerdo social continúe o sea reanudado con la máxima prioridad, asegurando los principios fundamentales de acceso a la información, participación plural y generación de condiciones institucionales propicias dentro de Venezuela.