El 13 de marzo de 2023, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela (SAIME, por sus siglas en español) puso en marcha un nuevo sistema para la obtención de los documentos básicos de identidad de las personas venezolanas y extranjeras residentes en el país, como lo son la cédula y el pasaporte venezolanos. Aunque el SAIME afirma que se trata de una “actualización del servicio”, el ente gubernamental incorporó nuevos requisitos y trámites obligatorios que agravan más la ya precaria situación de la población en el país y en el exterior que intenta gozar de sus derechos a la nacionalidad, identificación, movilidad y residencia, y del universo de derechos que en la mayoría de las veces dependen de la titulación efectiva de documentación actualizada.
A los fines de gestionar la cédula de identidad, sea por primera vez o renovación, el SAIME está requiriendo datos completos del acta nacimiento, del centro de salud donde nació el usuario, y una carta de residencia expedida por un consejo comunal. Si estos recaudos podrían tener sentido en un trámite inicial, no se justifica por qué son exigidos en el caso de una renovación. Esta situación desencadena varios problemas, de los cuales sólo se sintetizan algunos para brindar un panorama del espectro de barreras existentes que hacen que las personas dentro y fuera del país vivan en un limbo legal.
Primero, la cuestión de solicitar y retener datos sensibles de manera innecesaria, en el contexto de un Estado sin normas de protección de datos, y que los utiliza para fines de discriminación política y social, como demostró el Caso San Miguel y otros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Segundo, la profundización de la brecha digital entre quienes acceden a un internet más o menos estable y gozan de las competencias de alfabetización suficientes y los que carecen de algunas de esas condiciones para tramitar sus documentos, en un país que tiene uno de los panoramas más críticos de conectividad dada la intermitencia y baja velocidad del servicio, especialmente fuera de la región capital. Tercero, el impacto desproporcionado en grupos específicos como las poblaciones de zonas rurales y grupos indígenas, quienes con frecuencia no nacen en centros de salud, por lo que no podrían completar su registro oficial. A esto habría que añadir las dificultades económicas, de movilidad y tiempo que pueden surgir en tramitar o actualizar partidas de nacimiento o cartas de residencia en medio de una institucionalidad que está sumida dentro de una emergencia humanitaria compleja.
La reproducción de obstáculos incrementa también la inseguridad jurídica de las personas venezolanas fuera del país, donde un numeroso grupo ya ha demostrado problemas derivados de la falta de documentación y ahora enfrentarán nuevas barreras para acceder a sus derechos más básicos. La situación más extrema la padecen las personas venezolanas que necesitan obtener pasaporte y carecen de cédula de identidad o se encuentra vencida, pues deberán ir a Venezuela, adquirir su cédula de identidad y luego tramitar el pasaporte, siguiendo procedimientos separados. La población de Venezuela huye como consecuencia de la violación sistemática de derechos humanos, lo que incluye derechos económicos y sociales como la salud, la alimentación, el trabajo y la seguridad social, por lo que para la gran mayoría ni le es posible visitar el país. Además no será posible para una persona venezolana que ha fijado su residencia en otro país acreditar residencia en Venezuela para la obtención de la cédula.
Estos cambios por parte del gobierno de Nicolás Maduro no son fortuitos. Se dan en el contexto de las venideras elecciones presidenciales de 2024, dentro del cual el gobierno sigue obstruyendo por vías indirectas la inscripción en el registro electoral, privando del derecho al voto a millones de venezolanos. Considerando la exclusión de los votantes en el exterior, que superan los 4 millones de venezolanos, y las barreras adicionales para inscribirse en el registro electoral en el país, no sólo no existen condiciones para celebrar elecciones libres y auténticas, sino que se restringe a mayor escala las garantías para el disfrute de derechos por los venezolanos.