En el período de sesiones 52 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, habrá dos momentos de debate sobre Venezuela. El 21 de marzo se realizará el diálogo interactivo por la actualización oral del Alto Comisionado Volker Turk sobre la situación de los derechos humanos en el país. El 22 de marzo habrá otro diálogo interactivo, esta vez en torno a los más recientes hallazgos de la Misión Internacional Independiente de Establecimiento de Hechos sobre Venezuela (MII).
La actual composición del Consejo de Derechos Humanos es favorable a un escrutinio del desempeño de los países con base en estándares internacionales. Aun así, determinadas circunstancias hacen que algunos países privilegien el cálculo político por encima de los principios.
Ya sucedió una vez con Noruega, cuya entonces primera ministra, Erna Solberg, formuló una declaración sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, que se enfrentó con una iracunda reacción del gobierno de Maduro, el cual, en su lógica de chantaje, amenazó con retirarse de la mesa de negociaciones en México. Desde entonces Noruega ha guardado silencio en todo debate sobre derechos humanos en Venezuela.
Preocupa que otro tanto pueda suceder con Colombia, cuyo actual embajador en Ginebra aporta a la representación de su país una valiosa trayectoria de décadas desde el campo de las ONG de derechos humanos. Sin embargo, el embajador no se manda solo y debe responder a los lineamientos del Palacio de San Carlos. Los mismos lineamientos que llevaron a la representación de Colombia ante el Consejo Permanente de la OEA a retirarse de la sala en momentos en que se debatía la situación de los derechos humanos en Nicaragua, alegando, días más tarde, que había optado por no participar ni votar, porque estaba en medio de una negociación humanitaria con el régimen de Ortega.
La primera intervención de Colombia en el Consejo de Derechos Humanos, fue precisamente sobre Nicaragua, de forma conjunta con otros 6 países que condenaron las más recientes atrocidades de la dupla Ortega – Murillo. Queda la duda en torno a la postura de Colombia cuando se debata sobre Venezuela en la segunda quincena de marzo, toda vez que el presidente Petro le ha pedido a Maduro ser mediador en el proceso de negociaciones con el ELN. Sin duda, Maduro intentará neutralizar a Colombia, tal como lo hizo con Noruega, invocando algún tipo de principio humanitario superior que impida el debate franco sobre el continuado sufrimiento de la población venezolana, a pesar de que ese sufrimiento es responsable del éxodo de unos 7 millones de personas cuyo principal destino, por cierto, es Colombia.
El primer informe de Turk sobre Venezuela, así como la actualización de la MII, requieren un acuse de recibo claro por parte de los miembros del Consejo. Una posición intermedia que bien podría tomar Colombia en este periodo de sesiones sería sumarse a una declaración conjunta, como lo hizo sobre Nicaragua, para no aparecer sola en una intervención oral condenatoria, pero tampoco aislada y silenciosa lejos de otros gobiernos de izquierda democrática e institucional como Chile. En septiembre, bien podría Colombia abstenerse de promover activamente una resolución sobre los derechos humanos en Venezuela, pero sí votarla favorablemente, manteniéndose del lado de quienes no relativicen los principios del Consejo por cálculos políticos.
En épocas de Hugo Chávez fue frecuente que desde las ONG escucháramos en las Misiones en Ginebra a representantes de países que optaron por inhibirse en los debates sobre derechos humanos de Venezuela, desde el primer EPU en 2011, para no irritar a Chávez. Mientras tanto, él se ocupó de irritar al extremo los derechos a la población, con consecuencias que persisten después de 10 años de su muerte.
Las violaciones masivas de derechos humanos no aceptan dosificación de posturas. Ceder terreno solo afecta a las víctimas y es un tipo de cálculo que no debería hacerse en un foro que se creó para protegerlas a ellas, no a los gobiernos violadores.